Un narco murciano en la Corte de Arica

José María Vicente, en el suelo, en el momento de ser detenido por la policía chilena en 2016. / Mega Televisión
José María Vicente, en el suelo, en el momento de ser detenido por la policía chilena en 2016. / Mega Televisión

Un abogado murciano sorprendido con 287 kilos de cocaína deberá cumplir 5 años en una cárcel chilena tras la anulación de una sospechosa resolución de un juez, que iba a dejarle retornar a España

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Una ciudad como Arica, que se llama a sí misma «la de la eterna primavera» y que se precia de contar en sus museos con las momias más antiguas del planeta, bien puede merecer una visita. Más dudoso es que nadie que llegue a este municipio -situado al norte de Chile, junto a la frontera con Perú y en las estribaciones del desierto de Atacama- tenga alguna razón lógica para conocer su prisión, en la que desde hace dos años y dos meses purga sus penas un joven abogado murciano, José María Vicente García, de 31 años, y sus dos presuntos compinches en una operación diseñada para introducir en España 287 kilos de cocaína. Que ya es decir cocaína.

Los ambiciosos planes de este joven, quien bien podría haberse convertido en millonario de haber llegado la droga a buen puerto -Algeciras era su destino en España-, se vieron frustrados el 1 de julio de 2016. Agentes chilenos de la Unidad Antinarcóticos asaltaron ese día, armas en ristre e incluso efectuando disparos de advertencia, una nave en la que el traficante había ocultado el alijo de estupefaciente a la espera de embarcarlo desde el cercano puerto de San Antonio hacia territorio español. Junto a José María Vicente fueron arrestados un empresario oriolano dedicado a la fabricación de material para el transporte, José Manuel Amorós Hurtado, de 55 años, y un ciudadano colombiano, Julio I.C.R., de 26 años.

A través de tres países

La detención de todos ellos se produjo cuando ya habían conseguido atravesar tres países con el imponente alijo -Colombia, Ecuador y Perú- y se sentían medianamente a salvo en esa localidad del norte de Chile, aguardando el momento de camuflar la 'nieve' entre una carga de limones y enviarla a la Madre Patria, en un contenedor, sobre la cubierta de un mercante. La noticia del arresto de José María Vicente en Chile, con unas espectaculares imágenes de las fuerzas de asalto cayéndole encima como si fuera el 'enemigo público número 1', causó conmoción entre el colectivo de abogados más jóvenes de la ciudad de Murcia, con los que se relacionaba desde tiempo atrás. Aunque para ese momento ya había dejado de lado el mundo del Derecho y estaba centrado, en cuerpo y alma, en un negocio de importación de frutas desde Sudamérica.

El magistrado que decidió permutar la condena de cárcel por la expulsión del país, pese a no tener competencias para ello, ya fue sancionado en 2011 con cuatro meses de suspensión por tráfico de influencias y por mantener relaciones comerciales con un defraudador

Y lo cierto es que la empresa parecía marchar como un tiro en virtud del elevado nivel de vida -buenas ropas, buenos restaurantes, buenos coches- que mostraba este joven, nacido y criado en Murcia, pero que había acabado fijando su domicilio en Archena tras contraer matrimonio. Su arresto hizo que las dudas se cernieran sobre las auténticas razones de su fulgurante éxito en el mundo de los negocios.

Una condena aceptable

Aunque cinco años de prisión difícilmente pueden considerarse un motivo de satisfacción, José María Vicente, José Manuel Amorós y su cómplice colombiano bien pudieron darse con un canto en los dientes cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Arica les impuso esas respectivas penas. Sobre todo teniendo en cuenta que las leyes chilenas son especialmente estrictas en materia de narcotráfico, con condenas de hasta veinte años por alijos de especial relevancia.

El hecho de que los análisis de laboratorio desvelaran que el alijo no tenía la elevada pureza inicialmente sospechada jugó en su favor.

Durante el juicio se estableció que la organización había sido desmantelada por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, con la aparente colaboración de fuerzas colombianas que habrían detectado el cargamento en origen y lo habrían seguido en su ruta hasta la bodega de la Región Metropolitana, en la que fue intervenido. También se conoció la participación de un agente encubierto en la operación, bautizada 'Binomio' y que se desarrolló tras preparar una entrega vigilada de la droga.

Tanto el tribunal de primera instancia como las cortes de apelaciones de Arica y Suprema denegaron a José María Vicente la posibilidad de conmutarle la pena por la expulsión a España, debido al elevado volumen del alijo y a tratarse de una operación de tráfico de estupefacientes de carácter internacional.

Una decisión llena de sombras

El abogado y empresario murciano parecía condenado a pasar una larga temporada en las poco recomendables instituciones penitenciarias chilenas hasta que, de manera inopinada, un juez de Garantía de Arica, José Rodrigo Urrutia, entró a conocer del asunto. Un magistrado del que el diario chileno AricaMía desveló que fue sancionado en 2011, con cuatro meses de suspensión de su carrera, a resultas de una denuncia del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por tráfico de influencias y por establecer lazos comerciales con un imputado en un fraude de 75 millones de pesos (unos 100.000 euros).

Urrutia modificó las anteriores resoluciones y, en un fallo dictado en marzo pasado, sustituyó la condena por la deportación a España y la prohibición de retornar a Chile por un periodo de diez años. Igualmente le perdonaba el pago de la multa de siete millones de pesos que se le impuso por sentencia firme, y que solo se ejecutaría si trataba de retornar al país.

La decisión era un auténtico regalo para Vicente, que por unos días pensó que su calvario estaba a punto de concluir. La única prevención que estableció el magistrado fue mantener encarcelado al murciano durante sesenta días, a la espera de que su resolución fuera ratificada por una instancia superior. Y esa fue su perdición, ya que el 25 de abril el fallo fue revocado por la Corte de Apelaciones de Arica. El tribunal asumió como válidos los argumentos de la Fiscalía chilena, que alegó que el juez Urrutia «carecía de competencia para decretar esa pena sustitutiva, toda vez que la misma fue denegada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, amén de que dicha resolución fue confirmada por una Sala de esta Corte de Apelaciones».

José María Vicente, un empresario de Archena dedicado a importar frutas desde Sudamérica, fue arrestado en 2016 con un alijo valorado en once millones de euros

Un fallo en la misma línea que el dictado poco antes sobre el también traficante José Amorós por otra juez de Garantías de Arica, Leticia Rivera. Esta, al contrario que su compañero Urrutia, había establecido que no tenía atribuciones para modificar las decisiones adoptadas por un tribunal distinto, lo que cerraba cualquier vía al oriolano para abandonar Chile hasta cumplir su condena.

Una situación en la que también se encuentra ahora el letrado murciano, que solo retornará a España cuando las autoridades chilenas consideren íntegramente purgada su condena. El sueño de encontrar un resquicio por el que abandonar su celda se ha esfumado definitivamente.

 

Fotos

Vídeos