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Le costó catorce años, pero al final el Partido Popular consiguió tumbar la ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor que aprobó en 1987 el Gobierno socialista de Carlos Collado Mena. Fue una norma vanguardista para su época que desarrolló el equipo del entonces consejero de Obras Públicas José Salvador Fuentes Zorita, y que nada más nacer fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el exministro Federico Trillo y 55 diputados del PP. Como telón de fondo estaban las pérdidas que podían sufrir los insaciables promotores de la zona y la industria del hormigonado en general.
Trillo, comisionado de aquel grupo, perdió ante los tribunales. Pero quien la sigue la consigue, y en el año 2001 el Gobierno de Valcárcel le dio el tiro de gracia a aquella norma proteccionista de la laguna que tanto molestaba al PP y sus extremidades. La eliminó de un plumazo, enterrándola bajo la ley regional del Suelo, nunca más a propósito, y con un epitafio de una línea. No merecía más una ley tan incordiante.
Desde entonces, no ha existido una ley regional específica de protección del Mar Menor, según corroboran desde la propia Comunidad Autónoma. La norma que se aprobó el 23 de abril de 1987 se anticipó de una forma tan acertada a los problemas que rodean la laguna que justamente su ausencia ha contribuido al actual desastre medioambiental. De hecho, las medidas de protección y armonización de los usos que recogía aquella ley socialista tienen ahora su calco -32 años después- en el plan de 'vertido cero' del Ministerio y en el plan de gestión que aprobó el Gobierno regional la semana pasada. Nada nuevo bajo el sol, salvo el moribundo Mar Menor.
La ley promovida por el entonces consejero Fuentes Zorita tocaba de lleno el nervio de determinados poderes socioeconómicos de la zona. Postuló que el Mar Menor era una de las zonas «más necesitadas de protección debido al proceso de transformación de las estructuras socioeconómicas y del modelo de desarrollo al que se ha visto sometido en las últimas décadas». Aludía a los «impactos y degradaciones que sufría el medio físico-natural» y proponía una «correcta ordenación» de los usos, a través de cuatro instrumentos de planeamiento (las directrices de ordenación, y los planes de saneamiento, armonización y protección).
Proponía asimismo un régimen jurídico especial para salvaguardar los ecosistemas del Mar Menor y espacios circundantes en razón de su interés ecológico, científico, cultural, recreativo y socioeconómico; así como la «reconducción del planeamiento urbanístico como vía idónea para lograr el desarrollo general y urbano del área hacia esquemas compatibles con una adecuada calidad ambiental». La ley daba incluso al Gobierno regional la potestad de suspender licencias de parcelación de terrenos y edificación.
Igualmente, establecía un control sistemático de los vertidos, y también medidas para impedir la contaminación de la laguna por los vertidos procedentes de los usos agrícolas, ganaderos y mineros. Como añadido, regulaba la instalación y conservación de los balnearios tradicionales. (¿Cuántos quedan?) Lo mismo que ahora quiere hacer el plan de gestión recién aprobado.
Un mes después de que la ley del Mar Menor se publicara en el BOE, el diputado Federico Trillo (que luego fue presidente del Congreso, ministro y embajador en el Reino Unido) presentó un recurso de inconstitucionalidad, en representación de otros 55 parlamentarios populares, contra diez artículos que eran la espina dorsal de dicha norma, entre ellos el que daba poderes al Gobierno regional para anular las licencias de parcelación y urbanización que chocaran con dicha ley, así como los planeamientos municipales.
Argumentaron desde el PP que se invadían las competencias del Estado sobre el dominio público y el medio ambiente; y también la autonomía municipal en materia de concesión o suspensión de licencias. El fallo del Tribunal Constitucional llegó siete años después, rechazando de plano el recurso de Trillo y sus acompañantes. Los magistrados rebatieron las alegaciones una por una y dictaminaron que la Comunidad Autónoma salvaguardaba sus propias competencias, que se respetaba el orden constitucional de las mismas, y que la ley no entrañaba un atentado a la autonomía municipal.
La ley de Carlos Collado sobrevivió a aquel envite, pero el Partido Popular la tenía entre ceja y ceja. Cuando dispuso del instrumento jurídico adecuado, le pegó el zarpazo. Lo hizo a través de la ley del Suelo de la Región de Murcia del año 2001, bajo el mandato de Ramón Luis Valcárcel. La ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor desapareció de un plumazo en una disposición derogatoria.
En otra disposición se hacía constar que los instrumentos de planeamiento del Mar Menor «deberán adaptarse a lo dispuesto en la presente ley». Ahí se acabó la historia. Entre los años 1987 y 2017 «no ha habido ninguna ley específica» para la protección del Mar Menor, indicaron ayer desde la Comunidad Autónoma. Entre medias, los gobiernos del PP promovieron la depuración.
La laguna litoral goza de un repertorio de figuras de protección avaladas por las directivas de aves y hábitas de la Unión Europea, además del Convenio de Ramsar sobre humedales, pero las herramientas de ordenación y usos son decisivas. A la vista está que la 'supra legislación' no ha evitado el grave nivel de deterioro del Mar Menor.
El informe 'Protección a toda Costa' de la organización Greenpeace indicó que entre los años 1987 y 2011, la superficie artificial en el litoral de la Región de Murcia creció un «significativo» 55%, sobre todo en el entorno de Cartagena y el Mar Menor. «Si tenemos en cuenta solo la superficie no protegida, el porcentaje alterado por el ser humano alcanza un 15% del total», señaló.
El año pasado, la Asamblea Regional aprobó la ley de medidas urgentes para taponar la 'sangría ' medioambiental del Mar Menor después de un tira y afloja con los agricultores. La semana pasada el Consejo de Gobierno dio luz verde al plan de gestión y a la Zona de Especial Conservación (ZEC), después de siete años de trámites.
A propósito de los años perdidos para actuar sobre el Mar Menor, y del intervalo que hubo tras la ley de 1987, derogada en el 2001 por un gobierno del PP, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, declaró ayer que su obligación ahora es tomar medidas. «¿En qué época nos detenemos a buscar responsables? He visto una portada de 'La Verdad' informando de que en el año 1992 estaría descontaminado el Mar Menor... Creo que es una responsabilidad compartida de todas las administraciones y de la sociedad desde los años 60. ¿Nos ponemos a mirar al pasado o actuamos?, porque está claro que hay que hacer algo». Miras recordó que la ley de Medidas Urgentes se está aplicando, y que su Gobierno aprobó hace días el plan de gestión de la laguna.
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