Los murcianos se ahorraron casi 300 millones el pasado año con las rebajas de impuestos

La Región de Murcia, como el resto de autonomías, gestiona y tiene capacidad normativa sobre un paquete de tributos integrados en el actual sistema de financiación autonómica, de los que los más importantes son sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y sobre un tramo del IRPF.

Las rebajas aplicadas por la Comunidad se han centrado en los impuestos de sucesiones y donaciones e IRPF, por lo que serían estas ventajas tributarias las que estarían en peligro de llevarse a cabo el preacuerdo entre el Gobierno central y ERC para imponer la homogeneización o equiparación fiscal entre las autonomías.

Gracias a las exenciones y deducciones en ambos impuestos, los murcianos se ahorraron el año pasado casi 300 millones de euros: 278,9 por sucesiones y donaciones y 9,8 por el IRPF, según datos de la Consejería de Presidencia y Hacienda.

En el IRPF, el Ejecutivo autónomo inició en 2019 una rebaja progresiva en el tramo autonómico que culminará en 2023, por lo que el ahorro previsto para los contribuyentes irá en aumento en los próximos años. Mientras que en el de sucesiones y donaciones, los hijos y cónyuges apenas tributan en la Región al existir una reduccción del 99% en el tipo de dicho impuesto.

Las ventajas fiscales de que disfrutan los murcianos en comparación con el conjunto de las comunidades autónomas se limitan a estos dos impuestos, ya que en el resto sobre los que la Administración regional tiene competencias, Murcia se encuentra aproximadamente en la media o incluso peor que la media de las diecisiete autonomías, según los datos que aporta el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales y que data de marzo de este año.

En el impuesto de Patrimonio, por ejemplo, el tipo que se aplica en la Región oscila entre el 0,24% y el 3%, por debajo del 0,3/3,75% que tiene Extremadura, el más alto de todas las regiones, pero aún más alejado de las bonificaciones del 100% existentes en Madrid y del 75% de La Rioja.

En un punto intermedio con respecto al resto de comunidades se encuentra la Región en el impuesto de transmisiones patrimoniales. El tipo que pagan los murcianos es de un 8%, dos puntos por arriba del que se abona en Navarra, el más bajo, y dos puntos por debajo del que se emplea en Cantabria, Galicia, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

En el que destaca la Región, pero en negativo, es en el tributo de actos jurídicos documentados, ya que cobra, junto con Galicia y la Comunidad Valenciana, el tipo más alto de todas las regiones, el 1,5%, muy por encima del 0,75% en vigor en Canarias y Madrid.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, teme que el preacuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes de ERC para la armonización fiscal esconda «la imposición de una subida de impuestos».

A su juicio, con esta iniciativa «se cargan el principio de autonomía de las comunidades» con el único propósito de «meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos».

Celdrán solo vería con buenos ojos una armonización fiscal si fuera para suprimir el impuesto de patrimonio, que lo considera caduco. «No existe en ningún país de Europa porque no tiene sentido», comenta. De hecho, la intención del Gobierno regional es ir aplicando exenciones en este tributo «a medida que nos lo permita la situación financiera de la Comunidad», muy perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica.

En la Región de Murcia, no llegan a 4.000 los que declaran por el impuesto de patrimonio, que cuenta con un mínimo exento de 700.000 euros, tributo por el que la Comunidad Autónoma ingresó 25 millones de euros el pasado ejercicio.

La profesora de Económicas de la Universidad de Murcia María José Portillo, una de las autoras del informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales sobre la fiscalidad autonómica, sí cree que sería necesaria una armonización, pero «habría que hacerlo por la vía de la reforma del sistema de financiación autonómica porque ese es el marco jurídico en el que se desarrolla».

Recuerda que la capacidad normativa en materia tributaria de que gozan las comunidades está reconocida en la ley orgánica que regula el sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009, durante el mandato de Rodríguez Zapatero, y que se debería haber renovado hace ya siete años. Dicho sistema salió adelante sin ningún voto en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (las seis autonomías por entonces gobernadas por el PP se abstuvieron y el resto votó a favor), y lo lógico es que si se modifica sea con igual o mayor grado de consenso.

Portillo considera necesario corregir «las grandes desigualdades» en materia tributaria que existen entre las regiones, ya que, a su juicio, «atacan el principio de igualdad y equidad». Pero cree que debería ir precedido de un estudio técnico detallado de los pros y los contras de cada modificación, y siempre que el resultado fuera una mejora general de la situación actual.

La profesora cita el ejemplo de la enorme diferencia que debería pagar un hijo por la herencia de sus padres si vive en Orihuela o si lo hace en el municipio vecino de Santomera, solo por tratarse de dos comunidades autónomas distintas. En concreto, y según el caso que aparece en el estudio de los asesores fiscales, el de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponderían a la vivienda del fallecido, en la Comunidad Valenciana pagaría 63.193,76 euros por el impuesto de sucesiones, y en la Región de Murcia, 3.150 euros.