Una murciana violada cuya expareja solicita la rebaja de la pena: «Temo que salga y vaya a por mí»
El agresor ha pedido la revisión de la pena de nueve años en virtud de la ley del 'solo sí es sí'
Isabel mantuvo una relación con su expareja durante 18 años, fruto de la cual tuvieron una hija en común. El vínculo, no obstante, comenzó a deteriorarse a raíz de un maltrato físico y psicológico que llegó a su cúspide cuando él la agredió sexualmente en la madrugada del 14 de agosto de 2019. Isabel dormía junto a su hija, de cuatro años, cuando su agresor sexual accedió a la habitación y comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas. Isabel se negó varias veces, diciéndole que la dejara, a lo que él le respondió «que lo haría cuando quisiera».
Acto seguido, le arrancó la ropa interior, la cogió de ambas manos, se las colocó por encima de la cabeza, la inmovilizó, y la penetró vaginalmente hasta eyacular. Isabel no hizo movimientos bruscos ni gritó para no despertar a la niña, que dormía en la misma cama, y evitar que su hija se despertara y pudiese contemplar esa escena.
A pesar de que no hubo denuncia en ese mismo momento, el punto y final lo puso cuando sufrió una agresión física, «cuando me cogió el cuello delante de mi hija. En ese momento dije que no había marcha atrás, que se había terminado. Y eso él no lo entendió, no aceptaba el fin de la relación». Su excompañero sentimental fue detenido ese mismo mes e ingresó en prisión preventiva, «el juez valoró el riesgo que existía si lo dejaba en libertad hasta la celebración del juicio». La Audiencia Provincial de Murcia le condenó a nueve años de cárcel, y el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo sentido y declaró firme dicha sentencia.
Su agresor ha cumplido tres años, pero su abogado ha pedido una revisión de la condena en virtud de la 'ley del solo sí es sí' que reforma el Código Penal y rebaja el tipo mínimo en los delitos sexuales. Si se aceptara, esta podría quedarse en siete años de cárcel, por lo que el agresor sexual de Isabel podría estar de nuevo en la calle en cuatro años.
«Vuelve a removerse todo de nuevo, siento inseguridad, indefensión. Pensaba que esa puerta ya estaba cerrada y, de un día para otro, la han abierto. Creí que la sentencia firme del Tribunal Supremo era inamovible, o eso me dijeron. Y ahora veo que puede salir de prisión antes de lo que debería. Temo que ese momento esté más cerca y vaya a por mí, porque no tiene nada que perder. Si ha sido capaz de hacer todo lo que me ha hecho, ¿quién me asegura que no lo vuelva a hacer?».
Desde la noche en la que su abogado, el penalista Pablo Martínez, le telefoneó para informarle de la presentación de la solicitud de revisión, asegura que el desconcierto se le ha pegado a la piel y explica no entender cómo ha podido pasar algo así. «La obligación del legislador, del Gobierno, que plantea una reforma de la ley es valorar todas las consecuencias que puede tener antes de aprobarla. Una de esas consecuencias soy yo».
Se da la paradoja que la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como del 'solo sí es sí', que nació tras el clamor social por el caso de 'La Manada' en Pamplona y que busca el endurecimiento de las penas para los delincuentes sexuales, en lugar de proteger a la víctima, manifiesta Isabel, se ha vuelto en contra de ella.
«La ley ha hecho de todo menos protegernos, todo lo contrario. Desde que me dieron la noticia todo se remueve de nuevo. Porque piensas: el caso está cerrado, la justicia te ha escuchado, tu verdad ha sido oída, y los jueces han entendido por lo que pasé y que esa persona es un peligro para mí. Y ahora todo se derrumba, y a eso le sigue el miedo que irrumpe en tu vida de nuevo», lamenta.
Frenar la revisión
La petición de revisión de la condena de su expareja estaba fechada el pasado miércoles 16 de noviembre a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. En el escrito, se solicita la comprobación de la sentencia habida cuenta de la actual ley de garantía integral de la libertad sexual, «la cual establece un trato más favorable al reo, en este caso, mi mandante, y por ello solicito la reducción de la pena en proporción a la nueva y antedicha redacción».
Los abogados de la víctima, Pablo Martínez y Mariano Bo, respondieron al día siguiente con otro escrito para frenar esa concesión al entender que en el caso del condenado existe la agravante de parentesco, circunstancia que hizo que el arco de la pena por agresión sexual fuera de 9 a 12 años, y se le impuso la pena mínima, de 9 años. «Tras la reforma sería de aplicación la horquilla de 11 a 15 años; el mínimo a imponer sería 11 años, por lo que no es más favorable al reo», exponen los letrados.
