La moratoria urbanística vuelve a la Asamblea y Vox quiere «reducirla»
La Cámara tramitará otra vez la modificación de la ley de la laguna, aunque descarta hacerlo por el trámite más rápido, como reclamaba el PSOE
La moratoria urbanística en el Mar Menor vuelve a ser asunto de debate y polémica en la Asamblea Regional. La Junta de Portavoces aprobó ... este miércoles tramitar una proposición de ley para volver a revisar el artículo 16 de la citada norma con el fin de restituir el veto a nuevas construcciones en zonas ribereñas, precepto que prescribió a finales del pasado mes de julio porque estaba condicionado a un plazo de tres años para redactar el plan de ordenación territorial de la cuenca. Pasado ese tiempo, ese documento seguía sin hacer y el blindaje contra grandes urbanizaciones expiró.
El Grupo Socialista, promotor de la iniciativa, pidió la tramitación por el procedimiento de lectura única, el más rápido. Pero finalmente los partidos que sostienen al Gobierno de Fernando López Miras impusieron su mayoría para hacerlo por otro menos urgente, debate a término fijo, que permitiría llevarlo a pleno como muy tarde el 15 de noviembre, si ningún grupo pide audiencias legislativas. Según el portavoz socialista, José Vélez, «es una estrategia del PP y de Vox para mantener desprotegido el Mar Menor más días y atender los compromisos que tienen con sus amigos». Pero su homólogo del PP, Joaquín Segado, insistió en que el texto del PSOE sigue generando dudas legales y que la fórmula que plantea su grupo ofrece mayores garantías.
No obstante, en este debate tiene mucho que decir Vox, cuyo líder provincial y nuevo vicepresidente del Gobierno autonómico, José Ángel Antelo, tiene las competencias en ordenación del territorio y será el encargado de acabar el plan de ordenación de la cuenca del Mar Menor. El portavoz de su partido, Rubén Martínez Alpañez, avisó de que, aunque el debate en esta ocasión se circunscribe exclusivamente al artículo 16, intentarán «reducirlo a la mínima expresión». Vox quiere cambiar toda la ley porque la «híperprotección» de la laguna «no está consiguiendo el objetivo final» y «las trabas legislativas y administrativas dificultan la actividad económica» en ese entorno, dijo Martínez Alpañez.
El acuerdo de la Asamblea tuvo lugar en el día en que trascendió que el Ayuntamiento de Los Alcázares registrará en el Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se debata y, si cuenta con el respaldo suficiente, se apruebe. El equipo de gobierno del socialista Mario Pérez Cervera quiere elaborar una ILP a imagen y semejanza de la que promovió la ley que reconoce la personalidad jurídica de la laguna, también impulsada por el mismo Ayuntamiento, pero en esta ocasión espera que el parlamento regional acepte tramitarla, no como ocurrió con la anterior, que precisó de una recogida de más de medio millón de firmas para que fuera aceptada en el Congreso de los Diputados. La moratoria urbanística acabaría con la entrada en vigor del plan de ordenación territorial.
Consejo de la Transparencia
La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Asamblea se reunirá el 5 de octubre y constituirá una ponencia para trabajar en la modificación de la ley de Transparencia, con el fin de que su presidente también sea defensor del pueblo de la Región de Murcia. Martínez Alpañez informó de que Antelo ya ha elegido a la persona que desempeñará ese cargo y lo anunciará en breve. Su designación tendrá lugar antes de que la Asamblea cambie la ley.
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