Rosauro deberá declarar como investigada en el 'caso tarjetas'

El Ministerio Público se refiere a las diligencias instruidas, que tienen su origen en la denuncia interpuesta en 2017 por la Junta de Gobierno local. Esta detectó supuestas irregularidades en la tramitación de 34 expedientes sobre la concesión y renovación de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad entre febrero de 2011 y marzo de 2015, cuando Lola Vicente, edil investigada por presunta prevaricación administrativa, era responsable de Bienestar Social.

Con respecto a Rosauro, el fiscal sostiene que hasta en dos expedientes el beneficiario de la tarjeta expedida sin concurrir los requisitos legalmente exigidos era un familiar de aquella. Ambos familiares no tienen dificultad para la movilidad; es decir, tenían cero puntos, según el fiscal. La autorización fue supuestamente expedida en contra del técnico.