El juez investiga al exalcalde de Molina por cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de la telefonía

Además de Contreras, los otros dos querellados son la edil Remedios López y el exjefe de las TIC en el Ayuntamiento

JUAN LUIS VIVASMolina de Segura

El exalcalde de Molina Eduardo Contreras tiene abierto un nuevo frente judicial. Tras ser exculpado recientemente en el 'caso Púnica' y aún procesado por el 'caso Vertedero', el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Molina ha admitido a trámite una denuncia que presentó el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento molinense contra el exregidor. Los otros dos querellados son la concejal del PP Remedios López y el funcionario y exjefe de servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), José Antonio Milanés.

Se trata de una denuncia similar a la que no admitió a trámite la Fiscalía hace unos meses y que se formula por un supuesto delito de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Los tres investigados han sido citados a declarar dentro de cinco meses: el 28 de marzo de 2019.

En declaraciones a 'La Verdad, Contreras se ha limitado a afirmar que no ha recibido notificación alguna, por lo que «no me puedo pronunciar». Lo que sí tiene claro es que esta denuncia responde «al cabreo de alguien, debido al archivo que hizo el fiscal del mismo caso y eso también tendrá su recorrido». Fuentes cercanas indican que la exconcejal de las TIC tampoco ha recibido notificación del auto, fechado el pasado 9 de octubre por el citado juzgado.

En la denuncia que el juez ahora sí ha admitido a trámite se pone de manifiesto que se favoreció a la empresa Telefónica en todas las fases de unos contratos de equipos de tecnología de la información y las comunicaciones, celebrados por la Corporación municipal molinense en 2013.

En concreto, en esta primera resolución el juez recoge que hubo una fase previa de negociación de un expediente de contratación, «con una suerte de acuerdo confidencial entre el querellado Eduardo Contreras Linares y Telefónica».

Sin separación de lotes

Posteriormente, se emitió «con carácter urgente y necesario un informe del querellado José Antonio Milanés, de 28 de noviembre de 2012, indicando la necesidad de renovación del CPD y que Telefónica era la única empresa capaz de ofrecer los requisitos exigidos para una eventual adjudicación». Un mes después se elaboró el pliego de condiciones, sobre el que interpuso recurso la compañía Vodafone, a través del Tribunal Administrativo Central, afirmando este que «era absurdo que no se procediera a la separación en lotes», según señala el auto judicial.

A raíz de la intervención de dicho tribunal, se elaboró un nuevo pliego y se dividió en tres lotes, resultando que al primero se presentó Telefónica y Asac Comunicaciones S.L, y a los otros dos lotes solo Telefónica. El procedimiento articulado terminó con la adjudicación del lote I del contrato a Telefónica, cuya oferta era unos 100.000 euros más cara que la presentada por la compañía Asac, y que incluía 400.000 euros menos en mejoras. Pese a ello, «el querellado José Antonio Milanés emitió un juicio valorativo con una notoria mayor puntuación para Telefónica», señala el auto judicial.

Asac Comunicaciones S.L. recurrió la adjudicación de dicho lote. «El error fue tan manifiesto que, a raíz del informe del asesor jurídico, la Junta de Gobierno anuló el procedimiento de contratación del lote 1, en fecha 28 de junio de 2013», señaló. Luego se reiniciaron los trámites y, tras presentarse solo Telefónica, se le adjudicó el lote 1 mediante acuerdo de 22 de noviembre de 2013. Además de los tres querellados, está previsto que vayan a declarar como testigos, en marzo del año próximo, los representantes legales de Vodafone y Asac Comunicaciones S.L . El juez también ha requerido la presencia de Telefónica para que identifique al responsable «en la oferta y contratación de los contratos controvertidos».

Tribunal de Cuentas

Para el magistrado son especialmente relevantes las infracciones expuestas por un organismo que presume de independiente, el Tribunal de Cuentas, de fecha de 16 de julio de 2016, que sostiene que «existieron contactos previos con determinadas empresas y que no se adoptaron las medidas necesarias para evitar que se falseara la competencia». Aduce también que se omitieron normas esenciales de procedimiento administrativo y cita, entre otras muchas, «la alteración del orden cronológico de las actuaciones en la apertura de los sobres con ofertas económicas, antes de la apertura de los sobres que contenían la valoración que dependía de un juicio de valor del técnico...».

Finalmente, el instructor también alude a un documento que revela una serie de viajes de los tres querellados, en los años 2013 y 2014, satisfechos por Telefónica, «sin que a priori se justificara la utilidad pública de los mismos», señala el auto al que ha tenido acceso esta redacción.

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