Un juez investiga a la edil del PP de Molina Dolores Vicente por presunta prevaricación

María Dolores Vicente. / lv
María Dolores Vicente. / lv

Está acusada de otorgar con supuesta arbitrariedad tarjetas de estacionamiento para discapacitados entre los años 2011 y 2015

Juan Luis Vivas
JUAN LUIS VIVAS

La concejal del PP María Dolores Vicente Quiles tendrá que prestar declaración en calidad de investigada, antes imputada, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Lo hará el próximo 15 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Molina de Segura, tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.

Las diligencias previas instruidas tienen su origen en la denuncia interpuesta hace más de un año por la Junta de Gobierno local, que detectó supuestas irregularidades en la tramitación de 34 expedientes sobre la concesión y renovación de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad entre febrero de 2011 y marzo de 2015, cuando Vicente era la edil de Bienestar Social.

La Fiscalía sostiene que concurren los elementos propios de un supuesto delito de prevaricación administrativa. «Estamos ante una autoridad que, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones dicta, a sabiendas, resoluciones que no son producto de la aplicación de las normas jurídicas», explica el Ministerio Público. Enumera, asimismo, una treintena de expedientes en los que se ignoraron «trámites esenciales» del procedimiento previstos en la normativa, «sin informe técnico alguno en la mayoría de las ocasiones». Entre otras presuntas irregularidades, también señala que en algunos no consta «ni siquiera la certificación del grado de discapacidad, y en otros sin que se reconociera en dichas certificaciones dificultad alguna del solicitante para la movilidad o con una puntuación inferior a la exigida».

El fiscal remarca que Vicente actuó «en un claro ejercicio arbitrario del poder» a la hora de autorizar expedientes o renovaciones de tarjetas de estacionamiento, «por prescindir de los presupuestos y requisitos mínimos exigidos por las disposiciones legales vigentes».

'La Verdad' se puso en contacto ayer con la concejal, quien se mostró sorprendida: «No sé nada ni he recibido comunicación alguna del juzgado, por lo que no voy a hacer ninguna declaración al respecto», subrayó la edil.

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