Una familia de Molina recurre al Defensor del Pueblo la expulsión de su hijo discapacitado del colegio

Dolores y su hijo Álvaro en el exterior del colegio La Purísima. / J. L. V.
Dolores y su hijo Álvaro en el exterior del colegio La Purísima. / J. L. V.

La Consejería apoya al centro en su expediente por «acoso», al «ajustarse a la norma», pese a que el informe de la psiquiatra y los psicopedagogos huye de las medidas punitivas

Juan Luis Vivas
JUAN LUIS VIVAS

Los padres de un alumno del colegio La Purísima, en la pedanía de El Llano de Molina, han recurrido al Defensor del Pueblo para denunciar lo que, a su juicio, son «acusaciones fuertes hacia un menor sin fundamento» por parte del equipo directivo de dicho centro educativo. «Lo que más impotencia me produce es que acusen a mi hijo de racista y xenófobo, y a mí de que no sé llevar la situación», indica la madre, Dolores.

La mujer se refiere a la decisión tomada por el equipo directivo de expulsar a Álvaro, su hijo, por unos hechos acaecidos en junio y que derivaron en la expulsión del menor los pasados días 15 y 16 de noviembre, cinco meses después de iniciarse el expediente disciplinario.

El niño de 10 años, que tiene diagnosticado trastorno del espectro psicótico y una discapacidad del 38%, fue el supuesto inductor de una carta dirigida a una compañera de origen magrebí, según la falta grave que le imputa la dirección del colegio. Al parecer, otra chica de su curso le pidió ayuda a través de una videollamada para realizar la carta, que contenía descalificaciones e insultos hacia la compañera.

El niño es un alumno con necesidades especiales, asociadas a un trastorno del espectro psicótico

«Me dijo que iba a venir un fantasma a provocar pesadillas si no me ayudas a escribir esta carta», alegó el menor en el interrogatorio al que fue sometido el pasado 14 de junio por parte de la instructora que llevó a cabo las actuaciones para determinar si este hecho se podía considerar falta grave o muy grave contra las normas de convivencia. En el interrogatorio «fueron a ensañarse con él», denuncia con indignación su progenitora.

La doctora que hace el seguimiento de Álvaro desde 2014 indica que, tras el episodio de junio pasado, el niño sufrió «una descompensación psicopatológica reactiva a problema escolar». Su psiquiatra advirtió de que la expulsión del colegio «repercute de forma muy negativa en su cuadro clínico y dificulta su estabilización clínica, lo que ruego sea tenido en cuenta», señaló en un informe del pasado mes de junio, previo a la expulsión.

«Estado de ansiedad»

«Mi hijo estuvo durante varios días con estado de ansiedad, se hacía pis en la cama y se agitaba cada vez que oía el timbre», relata Dolores al recordar las consecuencias que tuvo aquel episodio en el menor.

El equipo de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP) específico de autismo y otros trastornos graves del desarrollo mantuvo varias reuniones con los padres y los

responsables del colegio. El EOEP indica que Álvaro es considerado oficialmente en el centro educativo como un alumno con necesidades educativas especiales asociadas a un trastorno del espectro psicótico.

Un informe clínico de la sección de Neuropediatría del hospital de la Arrixaca en 2016 también apunta que tiene encefalopatía crónica de origen hipóxico-isquémico perinatal, insuficiencia renal e hipertensión arterial, entre otras patologías.

Castigo inadecuado

El informe del orientador, fechado el 10 de octubre, concluye que «no es adecuado ni efectivo contemplar medidas de carácter punitivo, o de castigo». Sin embargo, apunta que «es muy importante» establecer un programa de intervención educativo y terapéutico para incidir en sus déficits. Según los expertos, tiene problemas importantes de interacción social. «Es un niño que quiere relacionarse con otros, pero al que le faltan estrategias, recursos y habilidades para ello», indica el orientador. Los padres corroboran que «nuestro hijo se pasa la mayor parte del tiempo solo».

Sin embargo, ni los informes del orientador y de la psiquiatra ni las súplicas de los padres sirvieron para impedir que el expediente disciplinario concluyera con la expulsión del niño, que ahora cursa 5º de Primaria. «¿Era necesario utilizar el expediente de expulsión?», preguntan los padres en una carta dirigida a la inspectora de zona de la Consejería de Educación. «La realidad es que el personal docente se ve abocado a promover estas medidas por ineficacia, falta de gestión y control», afirman en la misiva los progenitores de Álvaro.

Pero la directora del centro, Victoria García, replica que todo el expediente «está correcto y no hay ninguna ilegalidad, como así lo corroboran los informes de la Consejería de Educación». La docente se refiere al informe de Inspección de Educación y, posteriormente, al del Servicio de Ordenación Académica, en el que se incorpora la expresión «acoso escolar» referida al expediente instruido al alumno.

Intencionalidad de los hechos

«A pesar de ser un alumno de necesidades educativas especiales, ha demostrado ser capaz de reconocer los hechos y la intencionalidad de los mismos, por lo tanto debe comprender que los comportamientos contrarios a las normas de convivencia tienen unas consecuencias», indica en su respuesta a los padres del menor la jefa del referido servicio, Almudena Rabaneda.

También indica que el correspondiente procedimiento administrativo seguido por el centro escolar se ajusta a los establecido en el decreto 16/2016, que regula las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios.

No obstante, los padres aseguran observar «cierta connivencia» entre el personal de la Consejería de Educación y la dirección del centro. «No estamos conformes con la resolución y defenderemos a nuestro hijo en las instancias que sea, incluido en el juzgado si es necesario», indican los padres. De momento, el caso lo han trasladado al Defensor del Pueblo, que les ha solicitado ya más documentación antes de emitir su propia resolución.

 

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