La falta de un vertedero de inertes encarece un 30% los desescombros a las empresas

Escombros amontonados en un vertedero incontrolado situado en la zona de El Panderón , en Molina de Segura. / J. L. V.
Escombros amontonados en un vertedero incontrolado situado en la zona de El Panderón , en Molina de Segura. / J. L. V.

El Ayuntamiento sigue en la búsqueda de un nuevo espacio, tras colmatarse hace casi dos años el recinto en La Polvorista

JUAN LUIS VIVAS Molina

La sombra del 'caso vertedero' es alargada y las consecuencias del proceso judicial que provocó el procesamiento y la dimisión del exalcalde de Molina, Eduardo Contreras, también las están pagando las empresas que llevan a cabo obras (tanto públicas como privadas) en el municipio, ya que no disponen de una escombrera donde depositar los residuos que generan.

«Estamos pagando las consecuencias de la improvisación», sostiene el concejal de Medio Ambiente, Juan Alcaide. Empresas que en los últimos meses han ejecutado varias obras públicas, como Urdecón, admiten que la falta de un vertedero en el término municipal representa un problema y «encarece» los proyectos. «Siempre es más difícil y se procura buscar el vertedero del municipio más próximo», señala Indalecio, representante de la firma. Pero en la Región tampoco hay tantos vertederos legales para depositar escombros. «Cañada Hermosa en Murcia, La Unión, Torre Pacheco y poco más», indica un empresario del sector.

En una obra en la que sea necesario llevar a cabo demoliciones de aceras y excavaciones, por ejemplo, el proyecto se puede encarecer hasta un 30%, según indica el gerente de otra constructora que prefiere preservar su anonimato. «Es muy molesto y costoso tener que ir hasta Torre Pacheco a depositar los escombros», apostilla.

En enero de 2017 se colmató el vertedero que estuvo funcionando desde 2003 en el polígono La Polvorista (con una superficie de 91.890 m2 y un volumen útil estimado de 1.032.220 m³) y, desde entonces, se han hecho gestiones desde la Concejalía para buscar un terreno alternativo, sin que las negociaciones hayan fructificado todavía. El Ayuntamiento ya advirtió de que el proceso podría prolongarse más de un año porque no existe un terreno municipal que reúna las condiciones adecuadas, por lo que los responsables políticos y técnicos municipales tienen que tratar con particulares que se resisten a ceder sus terrenos.

Para evitar la proliferación de vertederos ilegales, el Ayuntamiento procedió a elaborar y aprobar una ordenanza que regula la gestión de los residuos de construcciones y demoliciones. Cuando una empresa solicita una licencia de obra, el Ayuntamiento informa a los promotores que los residuos inertes de mediano o gran tamaño deben depositarse a través de gestor autorizado, según indica el edil de Medio Ambiente.

A pesar de la ordenanza y de los controles que realizan periódicamente los técnicos municipales, existen algunos vertederos incontrolados en diversas zonas del término municipal. Uno de ellos está, desde hace varios años, en la zona de El Panderón, detrás de la empresa Golosinas Vidal. El Consistorio está tramitando un expediente de orden de ejecución para que los propietarios procedan a retirar los escombros existentes a gestores autorizados.

Denuncia

Y, recientemente, se ha formulado una denuncia por parte de un particular a una empresa por vertidos a dicha zona, según indica la concejal de Obras Municipales, Fuensanta Martínez. La inspección municipal ha abierto una investigación para tramitar el correspondiente expediente sancionador. Asimismo, la empresa (una subcontrata que lleva a cabo movimientos de tierras en las obras de acondicionamiento del futuro recinto ferial en el polígono El Tapiado) tendrá que justificar si los residuos son gestionados conforme a la normativa y, asimismo, acreditar la trazabilidad de los mismos. De no ser así, se expone a multas que oscilan entre 900 euros (más leves) y 1.750.000 euros (muy graves), según establece la ley de residuos y suelos contaminados.

El PP no dudó en responsabilizar de «este tipo de atentados» al equipo de gobierno de la alcaldesa, Esther Clavero. «En vez de dar soluciones a los problemas, los genera, y solo hay que echar un vistazo a una ordenanza que obliga a cualquier vecino a tener que gestionarse sus residuos, sin darle más opciones», denunció su portavoz, Sonia Carrillo.

Culpas entre partidos

Sin embargo, el Ejecutivo local tiene claro que el único responsable de lo que está sucediendo es el PP. Existía otra ubicación prevista con expediente administrativo tramitado en la Comunidad, pero, por orden judicial, se suspendió su puesta en marcha. Por tanto, el Ayuntamiento no puede hacer uso de la parcela del Panderón de los Giles, en la pedanía de Torrealta.

En concreto, el 21 de junio de 2016 se emitió un oficio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Molina, según el cual se acuerda la prohibición de disponer de la parcela del Panderón de los Giles, que fue objeto de permuta de terrenos para la construcción de una futura escombrera, impulsada por el anterior gobierno del PP.

«El Ayuntamiento acata este oficio judicial, y no hará uso de esa parcela, objeto de una permuta impulsada por el anterior equipo de gobierno, que tan nefastas consecuencias ha tenido para nuestro municipio», remarcó la regidora. El edil Alcaide apostilla, además, que la ubicación del terreno del Panderón de los Giles «presentaba muchos problemas, desde el punto de vista técnico y social, por lo que ahora queremos que se haga con más garantías para no repetir los errores del pasado».

Los vecinos que acometen una obra menor no tienen por qué buscar gestores autorizados, ya que pueden hacer uso del punto limpio, el ecoparque situado en El Tapiado, junto al cementerio de la Consolación. Así lo establece la ordenanza municipal.

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