La mitad de las sentencias absolutorias de la Región fueron por retirada de denuncias de violencia de género

La mitad de las sentencias absolutorias de la Región fueron por retirada de denuncias de violencia de género

Manzanera ha lamentado que actualmente el Código Penal permite a estas mujeres acogerse a su derecho a no declarar, lo que obliga a los jueces a absolver a presuntos maltratadores a pesar de existir partes de lesiones e incluso denuncia

De las cerca de 800 sentencias absolutorias que los juzgados de la Región de Murcia dictaron en 2017 (un 18 por ciento del total de 4.400), en torno a la mitad, unas 400 están relacionadas con la retirada de denuncias de supuestas víctimas de violencia machista, motivo por el que la Fiscalía pedirá cambios en el Código Penal.

Así lo ha explicado en rueda de prensa en Fiscal Superior de la comunidad autónoma, José Luis Díaz Manzanera, que ha presentado los principales datos que se recogen en la memoria de esa institución respecto al año 2017.

Así, la justicia murciana dictó ese año 4.403 sentencias, unas mil más que en 2016, de las que el 18 por ciento (cerca de 800) fueron absolutorias (el año anterior el porcentaje de absolutorias alcanzó el 25 por ciento).

De esas 800 sentencias, un 68%(más de 500) iban en contra de la petición del fiscal, de las que la inmensa mayoría (en torno a un 75 por ciento, alrededor de 400) están relacionadas con casos de violencia machista.

Jueces obligados a absolver

Manzanera ha lamentado que actualmente el Código Penal permite a estas mujeres acogerse a su derecho a no declarar, lo que obliga a los jueces a absolver a presuntos maltratadores a pesar de existir partes de lesiones e incluso denuncia y testificación previa de la víctima.

Así, una mujer puede acudir a la comisaría, denunciar «con pelos y señales» una agresión, presentar un parte médico que la acredita pero, al llegar el juicio oral, no declarar y generar, por tanto, una sentencia absolutoria.

Manzanera se ha mostrado muy crítico con esa situación que genera «absoluciones por un mero requisito procesal» por lo que ha asegurado que pedirá una reforma del artículo 416 del Código Penal para que estas mujeres, que ya han llegado hasta el juicio oral con todas las fases previas, no puedan tener la dispensa de no declarar, ya que es «desolador» comprobar que «hay un delito que se ha cometido pero no se condena por una cuestión de índole procesal».

En concreto, en el ámbito de la violencia machista la Fiscalía emitió el pasado año 1.591 calificaciones de las que 264 fueron condenatorias tras el juicio oral y otras 621, condenatorias por conformidad, mientras que 211 fueron absolutorias.

Este tipo de calificaciones han aumentado en torno al 20 por ciento con respecto a 2016.

En cuanto a las sentencias en este campo, solo una fue condenatoria por homicidio, se incoaron tres diligencias por abusos o agresiones sexuales que están pendientes de juicio y otra 20 condenaron por delitos de lesiones, entre otros.

Quebrantamiento de condenas

Además, se interpusieron 39 penas de prisión cautelar a los agresores y 650 órdenes de protección, frente a las 300 de 2016, de las que solo se denegaron 35.

Llama la atención además que los delitos por quebrantamiento de condenas crecieron casi un 112 por ciento, muchos de los cuales están relacionados con causas de violencia machista.

Al margen de este asunto, los delitos relacionados con la libertad sexual disminuyeron en la región un 4,52 por ciento, aunque aumentaron los casos de abusos sexuales un 10,24 por ciento, pasando de 205 a 226, mientras que las agresiones sexuales bajaron de 188 a 173, casi un 8 por ciento.

A preguntas de los periodistas sobre la propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de modificar el Código Penal en relación a este tipo de delitos, ha mostrado cautela y ha asegurado que «no termina de entender» su propuesta de considerar violación toda relación en la que no haya un «sí» expreso de la mujer.

Se trata de un asunto, ha dicho, que «requiere un estudio profundo» porque «no se puede generalizar que todo sea violación» y «jurídicamente hay que madurarlo muchísimo».

Menos homicidios y asesinatos

En cuanto a otros delitos, en 2017 disminuyeron también en la región los homicidios y asesinatos un 17 por ciento, así como un 21,4 por ciento los delitos contra el patrimonio (robos y estafas).

Por el contrario, aumentaron un 14 por ciento los delitos relacionados con la administración pública, especialmente los de desobediencia a autoridades y funcionarios, que crecieron un 36,6 por ciento, mientras que los de prevaricación bajaron un 15,8 por ciento.

Por último y entre otros asuntos, Díaz Manzanera ha llamado la atención sobre la falta de medios humanos de la Fiscalía, que con 62 fiscales y 41 funcionarios tiene una de las peores ratios de España.

En concreto, ha señalado que se necesitarían al menos 15 fiscales más para llegar a la media nacional, puesto que la ratio de Murcia es de un fiscal por cada 24.000 habitantes y, en el caso de los funcionarios, hay 0,67 por cada fiscal cuando otras comunidades tienen uno por fiscal.

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