La ministra no oculta su rechazo a los trasvases y deja tocado el Tajo-Segura

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia de ayer en el Congreso. / EFE
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia de ayer en el Congreso. / EFE

Teresa Ribera arroja nuevas sombras sobre el acueducto, mientras la comisión técnica aprueba la transferencia de 38 hectómetros para julio porque le obliga la ley

Manuel Buitrago
MANUEL BUITRAGO

A regañadientes. El Gobierno socialista apenas disimula su rechazo a los trasvases, y en concreto al Tajo-Segura. La comisión técnica de explotación autorizó ayer el envío de 38 hectómetros para atender las necesidades de la población y del regadío del Sureste, ya que está obligada por ley, pero al mismo tiempo la ministra Teresa Ribera y el secretario de Estado Hugo Morán marcaron la nueva política que pretenden aplicar. Ribera no tranquilizó a la población ni a los regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería, que ya estaban preocupados con sus declaraciones de la semana pasada. Ayer insistió en que los trasvases deben ser «extraordinarios», a la vez que dudó de que deban mantenerse. Morán, por su parte, señaló que hay que «incrementar la autosuficiencia en los territorios hoy demandantes», en referencia a la cuenca del Segura.

Los 38 hectómetros en origen autorizados ayer no se destinarán exclusivamente a los regadíos del Segura: un 40% es para abastecer a la población y otro 10% corresponde a las pérdidas de transporte. La comisión técnica presidida por el director general del Agua constató que la cabecera del Tajo se encuentra en el Nivel 2, con 700 hectómetros almacenados, lo cual permite transferir automáticamente los 38 hectómetros en julio, el mismo caudal que el mes anterior.

El secretario de Estado Hugo Morán apuesta por la «autosuficiencia» en la cuenca del Segura

Morán enseña las cartas

El Ministerio informó que dicha Comisión tuvo en cuenta las reglas de explotación, a la vez que realizó una previsión de la futura evolución de las reservas en dichos embalses en el próximo semestre. Atendiendo a estos datos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, avanzó los criterios de gestión para el futuro inmediato. «Todos los parámetros apuntan a un progresivo descenso de las reservas en los embalses de los que se nutre el trasvase», advirtió en un comunicado. No existe seguridad científica, sin embargo, del régimen de lluvias del segundo semestre. De hecho, el presidente de la Confederación del Tajo aventuró que el trasvase estaría cerrado hasta octubre, pero las lluvias llegaron y la cabecera recuperó un tercio de sus reservas.

Hugo Morán añadió que «para evitar la situación de alarma vivida en los meses de junio de 2017 a abril de 2018, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se trasladará a las cuencas concernidas un primer avance de actuaciones de gestión sostenible, basadas en el marco de garantía de la aportación prevista en la ley para abastecimientos urbanos. Además, se irán sumando medidas encaminadas a incrementar la autosuficiencia de los territorios hoy demandantes».

«Lecturas malévolas»

La ministra, que compareció en el Congreso para explicar los objetivos de su departamento, manifestó que los trasvases son un «recurso extraordinario» que no está prohibido pero que está destinado a «momentos de necesidad». Preguntada por los grupos parlamentarios, precisó que ella no ha hablado de «prohibir el trasvase, pero mientras no haya alternativa». Añadió que «no se puede mantener un sistema de agua con trasvases» aunque ese recurso entre cuencas no está prohibido para garantizar el agua en boca. Defendió que la interconexión local de las desaladoras es «una buena opción» si se contempla cada cuenca como un sistema. «Llevar agua desde Santiago de Compostela hasta Cádiz me parece absurdo», dijo. En todo caso, consideró que España tiene un «larguísimo recorrido por delante para cumplir «mínimamente» con lo que dicta la Directiva Marco del agua y que «lo demás son lecturas malévolas».

La ministra insiste en que la política de agua es «extraordinariamente sensible, importante y estrategia» y considera que es «obvio» que hay que entender que es «imposible» basarla sobre la capacidad de garantizar tanta agua como se demande, sino que habrá que reordenar los recursos.

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