La ministra se enfrenta hoy a las comunidades del PP por la reforma de la Lomce

La reunión de la Conferencia Sectorial se presenta tensa, ya que las comunidades gobernadas por el PP anunciaron ayer que defenderán que «la educación de los hijos la deben elegir los padres», y mostrarán su rechazo a la existencia de «17 sistemas educativos distintos». El borrador de la reforma, que contempla la derogación completa de la también llamada Ley Wert, elimina artículos del anterior reglamento que beneficiaban a los centros concertados. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ya anunció ayer que «no vamos a permitir que la educación de los hijos la elija Torra, Puigdemont, Sánchez o el señor Iglesias».

El anteproyecto de reforma incluye medidas como dejar la asignatura de Religión fuera de la nota media, incluir una nueva materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, devolver la obligatoriedad de Filosofía o permitir que un estudiante obtenga el título de Bachillerato con una asignatura suspensa. El borrador también elimina la «demanda social» como criterio para la planificación escolar, un «eufemismo», en palabras de Celaá, para «propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada» que se incorporó en la Lomce.

La Ley Celaá incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como 'lengua vehicular', con el objetivo de que los alumnos y alumnas sepan expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la educación obligatoria, según el texto elaborado por el Ministerio. «A tal fin, las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio».

La reunión de hoy será la segunda de la Conferencia Sectorial desde que Celaá asumiera la cartera de Educación. La primera se celebró en julio y tuvo como protagonistas a los consejeros de Educación de Murcia, Galicia, Castilla y León, Madrid y La Rioja, del PP, que decidieron abandonar anticipadamente la reunión.