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Miércoles, 7 de agosto 2019, 02:23
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Los regantes del Sureste español tienen desde ayer un motivo más para la preocupación. La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, se comprometió ayer en Toledo a incorporar a representantes de los municipios ribereños de la cabecera del Tajo, fervientes detractores del Trasvase Tajo-Segura, a la Comisión de Explotación del acueducto, el organismo en el que se decide qué cantidades de agua se desembalsan al Levante tanto para abastecimiento como para regadío, dependiendo siempre del estado en el que se encuentren los pantanos de Entrepeñas y Buendía.
Este anuncio de la ministra sorprende porque desde que entró en vigor la ley del Memorándum, en 2013, la Comisión de Explotación está formada exclusivamente por técnicos del Ministerio y de las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Segura. Estos se limitan a cumplir la ley, que indica que cuando los embalses almacenan más de 400 hectómetros cúbicos, se pueden aprobar envíos de agua hacia el Segura. Antes asistían a las reuniones en calidad de invitados, con voz pero sin voto, representantes de los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, además de miembros del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). No obstante, todos dejaron de tener acceso tras la aprobación de la citada normativa. De esta forma, si la ministra quiere meter a los municipios ribereños, el Gobierno central tendrá que modificar la ley del Memorándum, algo que deberá pasar el filtro de las Cortes Generales.
La titular del Ministerio para la Transición Ecológica dio a conocer sus intenciones tras reunirse durante más de dos horas en Toledo con el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, un dirigente que ha hecho del cierre del Tajo-Segura su principal objetivo político. Teresa Ribera se mostró sensible con las necesidades de agua de la comunidad castellanomanchega, destacando que estos municipios ribereños sufren la paradoja de que, a la vez que son «solidarios» con el Levante con los caudales que salen de los embalses de Entrepeñas y Buendía, ellos mismos padecen problemas de abastecimiento importantes, hasta el punto de que hay que llevar el agua en camiones cisternas. Sin embargo, esto no se produce por falta de recursos hídricos, sino porque llevan pendientes desde hace décadas las necesarias infraestructuras de conducción.
«En las decisiones de gestión, deben participar también los pueblos del Tajo, que es de donde sale el agua», justificó Teresa Ribera. Emiliano García-Page, por su parte, considera que la incorporación «real y efectiva» de representantes de los municipios del entorno de Entrepeñas y Buendía a la Comisión de Explotación del Trasvase «no será pequeña ni simbólica».
Otro de los acuerdos que adoptaron ayer Teresa Ribera y Emiliano García-Page fue la creación de una comisión bilateral entre ambas Administraciones para hablar de agua, en la que la ministra apuesta por «encontrar un espacio común» en cuanto a las metas, sin dejar de lado las soluciones del «corto plazo». «Tenemos una ocasión magnífica. Está en ciernes la revisión de planes de cuenca con la que se tiene que cumplir con la Directiva Marco del agua, algo que exige pensar de otra manera, y los escenarios climáticos obligan a introducir desafíos nuevos», recordó Ribera, que señaló, asimismo, que la necesidad de agua del Levante requiere trabajar también en la «desalación, la interconexión de infraestructuras» y un mejor aprovechamiento de los recursos.
El presidente manifestó que espera que las conversaciones para la ampliación «notable» de la capacidad desaladora del país se retomen «cuanto antes» y dice que prefiere sentarse en una mesa de diálogo con el resto de territorios «antes que mantener ningún conflicto».
De la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico, García-Page espera que sirva para poner en común las «necesidades» hídricas de la región con las siete confederaciones hidrográficas de las que Castilla-La Mancha forma parte, entre ellas la del Segura, el Tajo, el Guadiana y el Júcar
Pero la visita de Teresa Ribera a Toledo también dejó una buena noticia para la Región. La ministra en funciones para la Transición Ecológica se refirió a las sentencias del Tribunal Supremo por no cumplir con los caudales ecológicos en el río Tajo, algo que los colectivos antitrasvasistas habían utilizado para exigir el fin del acueducto. Ribera, en cambio, no mencionó el Tajo-Segura para referirse a esta cuestión, sino que abogó por «actualizar las inversiones en depuración de Madrid» y garantizar que el agua del Jarama «llegue en buen estado al Tajo». La ministra viene a corroborar así los argumentos que desde hace muchos años defienden los regantes de la Región, que apuntan a que la mejora de la depuración del Tajo no debía hacerse a costa del Trasvase sino limpiando las aguas en la zona.
Por último, el presidente Emiliano García-Page, que fue uno de los barones más críticos con Pedro Sánchez durante su primera etapa como secretario general del PSOE, concluyó el encuentro felicitándose de que la coincidencia con la ministra en temas de agua es «absoluta».
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