El Ministerio no ve necesario nombrar a un alto comisionado para el Mar Menor

El último intento para nombrar un alto comisionado, que sería designado por el Ministerio para la Transición Ecológica, lo hizo el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que ofreció antes del verano un protocolo de colaboración al secretario de Estado Hugo Morán. Se trata de un compromiso de coordinación y cooperación interadministrativa para los próximos cinco años, en el que participarían también los alcaldes de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Torre Pacheco. Morán se comprometió a estudiarlo.

Ahora, el Gobierno de la nación considera que, en la totalidad de los asuntos que motivan la degradación que sufre la laguna salada, resulta clara la distribución de tareas que debe asumir cada administración, «por lo que la habilitación de una figura de Alto Comisionado no conduciría 'per se' a una mejora de la situación actual. Lo más relevante en este momento, con independencia de la potencial incorporación de figuras adicionales que contribuyan a la recuperación de la laguna salada, es que las administraciones competentes adopten las medidas necesarias para favorecer la mitigación o eliminación de las causas del deterioro del Mar Menor», indica en su respuesta a los tres senadores.

«El compromiso del Gobierno de España con la recuperación de la laguna es completo y sincero», añade. Para ello, sostiene que no ahorrará esfuerzos para conseguir una mejora completa de su estado, para lo cual adoptará todas las medidas legales, administrativas y técnicas que, científica y técnicamente, cuenten con elevada relevancia y eficiencia y que formen parte de su esfera competencial.

Los tres senadores murcianos recuerdan que la declaración de impacto del plan de 'vertido cero' fue aprobada por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio. El plan prevé 21 actuaciones a cargo de las tres administraciones, si bien con una responsabilidad mayoritaria a nivel estatal por su competencia y titularidad exclusivas sobre el dominio público hidráulico de ramblas, cauces y aguas subterráneas de toda la comarca, así como sobre el dominio público marítimo terrestre.

Critican que, a día de hoy, «no se ha iniciado por el Ministerio ninguna de las actuaciones previstas, pese a que la DANA del pasado septiembre y las borrascas posteriores, con entradas masivas de lodos y aguas dulces en la laguna, han provocado un sensible empeoramiento de su estado, tal y como recientemente han denunciado todos los alcaldes de los municipios del entorno del Mar Menor, de diferentes signos políticos, que han reclamado la intervención urgente del Gobierno, mediante la puesta en marcha del plan 'Vertido Cero', ante el estado crítico que en el momento actual presentan sus aguas».

El Ministerio solo coincide en el diagnóstico y sostiene que «la velocidad de degradación se ha acelerado muy significativamente durante los últimos años, en paralelo con la expansión de determinadas actividades agrícolas y urbanas, a las que hay que sumar otras presiones de tipo minero, turístico y ganadero». Sostiene que la recuperación de la laguna requiere una clara coordinación entre las administraciones competentes y una progresiva adaptación de las actividades que han contribuido de manera más clara a su problema actual.