Miguel Ángel Larrosa: «A la regulación de las conformidades habría que darle una vuelta absoluta»

–La Audiencia tiene que juzgar al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras y no encuentra hueco hasta dentro, ni más ni menos, que diciembre de 2027, veintiún años después de que se produjeran los hechos. ¿Es asumible una justicia así?

–No, una justicia así no es asumible en ningún caso. Nosotros somos los primeros interesados en querer dar una respuesta lo más rápida posible. Lo que no podemos es quedarnos en el mero análisis del hecho, si no que hay que saber por qué se llega a esa situación. Es por una falta de medios materiales y personales. La existencia de algo tan evidente como la dificultad de poder localizar un día libre para poder señalar un juicio de más de tres meses. Es un cúmulo de circunstancias, pero estamos hablando de unos plazos excesivos para la respuesta que una sociedad como la española merecería de su Justicia.

–En su programa de actuaciones desgrana toda una serie de medidas para sacar al tribunal de esta situación pero ¿cuáles diría que son las principales?

– La primera, la necesidad de llevar a cabo un cambio de estructura dentro de la Audiencia. La desaparición de las secciones es posible o, incluso, si no pueden desaparecer, intentar crear un colectivo civil y penal por separado, que de tal manera que nos permita llevar a cabo un mayor aprovechamiento de los medios materiales y personales. Por otro lado también me gustaría profundizar en la unificación de criterios y dotar de mayor seguridad jurídica a las resoluciones de la Audiencia como un mecanismo para intentar limitar la litigiosidad.

–El presidente del TSJ aseguró, en una entrevista concedida recientemente a este diario, que en la reivindicación de más medios se han encontrado solos y han tropezado con más palabras que hechos. ¿La Justicia sigue siendo la gran olvidada?

– Para mí hay cuatro servicios públicos esenciales: sanidad, educación, seguridad y Justicia. De esos cuatro, la Justicia siempre ha sido el patito feo, y no tenemos vocación de convertirnos en cisnes. La Justicia nunca ha sido un problema de Estado. Surge puntualmente cuando hay algún caso concreto. Entonces sí se habla de que se retrasa, pero nunca con análisis de las causas por las que se produce ese retraso y de las necesidades que podrían solucionar ese retraso. La Ley de Enjuicimiento Criminal evidentemente ya no es hábil para la Justicia del primer tercio del siglo XXI. Hay cambios que podrían ser beneficiosos, como el de la estructura, la desaparición de los juzgados como tal. Es una estructura que pertenece a nuestra tradición, pero que es única en Europa. He visitado varios países europeos en materia de Justicia, y en todos ellos no existe el juzgado como institución. Existe un tribunal de instancia con varios jueces en los que se lleva a cabo la asignación en función de las necesidades, no compartimentos estancos.

–¿Entendió la crítica social que acarreó el caso de los empresarios que eludieron la cárcel pese a asumir que habían pagado por tener sexo con adolescentes? ¿Le preocupa la desafección ciudadana hacia la Justicia que ese caso reveló?

–La crítica social la entiendo perfectamente. Incluso desde mi propio punto de vista sería criticable esa situación, un retraso de diez años... Otra cosa es que, desde mi condición de juez, pueda entender qué es lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado es absolutamente legal. El problema es cómo le explicas a la sociedad que algo legal es también asumible socialmente. Eso es difícil porque además la sociedad opera desde otros criterios, desde otros parámetros diferentes al puramente jurisdiccional. El proceso es legal y, en consecuencia, no hay nada que decir en contra de eso. Otra cosa es por qué hemos llegado a esa situación, por qué se han llegado a esos acuerdos con esa pena tan leve, por qué no ingresan en prisión determinadas personas, que a lo mejor están más con base en la ley general penitenciaria que en la ley de enjuiciamiento criminal o en la voluntad de los jueces. Yo lo único que no he entendido ha sido la crítica anónima y cobarde en redes sociales a la magistrada ponente. No lo he entendido porque la ponente, aparte de ser solo uno de los miembros del tribunal y no la totalidad del mismo, también es una mujer que, aparte de su calidad técnica, tiene una trayectoria en defensa de los derechos de la mujer y de los niños desde siempre.

–Los acuerdos de conformidad, en ocasiones, dan pie a sentencias que la sociedad no alcanza a entender. ¿Cree necesaria una reflexión sobre los límites de esta figura?

–Es imprescindible. Tenemos que tener leyes adaptadas a la realidad actual y una de ellas es la ley de justicia criminal. A la regulación de las conformidades habría que darle una vuelta absoluta. En muchas ocasiones, legítimamente, yo no te digo, porque son técnicas de defensa, el abogado tiende a retrasar los procedimientos a efectos de garantizarse la aplicación de un atenuante y permitirle una pena menor a su cliente. Es lo lógico, es su trabajo. No es criticable, pero sí que es evidente que habría que establecer límite. Yo siempre he sido partidario de establecer un límite, incluso limitación en tipos de delitos en los que no se admitirían. La conformidad es absolutamente imprescindible en modificarla.