'El Melonero' se enfrenta a 8 años por la presunta macroestafa de Trampolín

Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que durante cinco años ha coordinado la investigación, se ha apresurado a dictar auto de apertura de juicio oral y a imponer a los dos acusados una fianza conjunta, por importe de 18,5 millones de euros, destinada a garantizar el pago de las indemnizaciones a los afectados por la presunta estafa. Si no la depositan, y todo hace indicar que no lo harán, el juez les advierte de que serán embargados todos sus bienes hasta cubrir esa cantidad.

El relato provisional de hechos que efectúa la fiscal se remonta a 2003, que fue cuando se constituyó la sociedad Solera El Trampolín SL, a cuyo frente se situó Rafael Aguilera. Esta firma impulsó en Campos del Río un convenio urbanístico dirigido a levantar una macrourbanización de 2.750 viviendas, un campo de golf y pistas de tenis, piscinas, ocho zonas comerciales, tres hoteles y otros tantos restaurantes, un centro médico y un colegio bilingüe.

En 2005, la promotora Solera El Trampolín cedió los terrenos y el proyecto a la mercantil Trampolín Hills Golf Resort, esta ya a nombre de Antonio Martínez, que fue con la que se firmaron dos convenios con el Ayuntamiento de Campos del Río para la recalificación de los terrenos, que se pretendía convertir de rústicos a urbanizables.

A partir de marzo de 2005, «sin contar con capital suficiente ni financiación, siendo los terrenos rústicos y conociendo que la reclasificación era imposible de obtener a corto plazo y sin poseer licencia de obras», según la acusación pública, Trampolín Hills habría iniciado una gran campaña promocional y habría construido cuatro viviendas piloto y un edificio de oficinas, con el fin de entrar de lleno en la fase de venta de las casas. Cientos de clientes de toda España y de un buen número de países de Europa -hasta medio millar de ellos figuran como perjudicados en las diligencias- adquirieron sobre plano alguno de esos inmuebles, adelantando cantidades que oscilaron entre 20.000 euros y 336.000 euros.

En los contratos se hacía constar que se había firmado un convenio urbanístico y se afirmaba que las casas se entregarían en un máximo de 36 meses a partir del primer pago, «sabiendo los acusados que era imposible cumplir tal plazo». Y aunque en principio se empezó a ingresar el dinero a cuenta en un depósito bancario especial, que garantizaba que no se podía tocar, los pagos acabaron yendo a una cuenta normal, «lo que les permitió disponer sin límite de dichas cantidades, realizando transferencias y cargos por cientos de miles de euros, en absoluto relacionados directamente con la construcción de las viviendas».

Igualmente, «para ganar la confianza de los clientes», se les entregaba un aval empresarial, a nombre de Trampolín Hills o Solera El Trampolín, y más tarde a cargo de una sociedad, denominada Swiss Financial Corporation, radicada en Panamá y sin autorización para operar en España.

El Ministerio Fiscal señala que, como es patente para cualquiera que pase por el paraje de 'El Barril de Arriba', las viviendas nunca llegaron a construirse y los clientes tampoco llegaron a recuperar su dinero. La cantidad presuntamente estafada asciende a 54 millones de euros, cuyo destino -en su mayor parte- tampoco ha llegado a conocerse.

A la vez que firmaban cientos de contratos de compraventa referentes a la urbanización Trampolín Hills Golf Resort, Antonio Martínez y Rafael Aguilera comenzaron a impulsar en 2006 la construcción de otro 'resort', este más modesto en cuanto a volumen, en el paraje 'La Bajosa' de Albudeite. Allí querían levantar, o eso dijeron, 318 viviendas individuales en torno a un campo de golf.

El proyecto acabó igual que el de Campos del Río, dejando tras de sí más de medio centenar de perjudicados, con un volumen total de dinero entregado, y presuntamente estafado, de casi dos millones.

Una vez que el Ministerio Fiscal ha presentado su calificación provisional, son ahora las acusaciones particulares las que están redactando sus escritos. Este es el caso del abogado Pedro López Graña, quien representa a una decena de damnificados. Aunque su relato de hechos es prácticamente coincidente con el del acusador público, considera a Antonio Martínez y a Rafael Aguilera autores de dos delitos continuados de estafa y de falsificación de documento mercantil, y eleva las peticiones de condena hasta los once años por cabeza.