El Ministerio amenaza la mejora salarial para los funcionarios de la Comunidad

López Miras y Pedro Sánchez, reunidos en La Moncloa en septiembre del pasado año. / F. Calvo
López Miras y Pedro Sánchez, reunidos en La Moncloa en septiembre del pasado año. / F. Calvo

Amaga con plantear un recurso de inconstitucionalidad por la carrera profesional y las extras atrasadas | Alega que solo las autonomías que cumplen con la tasa de déficit pueden adoptar tales decisiones

Julián Mollejo
JULIÁN MOLLEJO

El Gobierno regional hizo gala en la presentación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2019 de que serían «los primeros en una década que suponen un avance en los derechos de los funcionarios», al recuperar buena parte de los complementos retributivos suspendidos durante los años de la última crisis económica. Sin embargo, un escrito remitido hace unos días por el Ministerio de Política Territorial a la Consejería de Presidencia amenaza con echar por tierra el abono de estos derechos salariales comprometidos en los Presupuestos regionales.

En dicha misiva, firmada por el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local, Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, se informa de que, por indicación del Ministerio de Hacienda, se han planteado discrepancias a determinados preceptos de la ley presupuestaria de la Región de Murcia, por lo que se convoca al Ejecutivo autónomo a una reunión lo antes posible para discutir este asunto, «a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad».

Los puntos de la discordia del presupuesto regional de 2019

Personal laboral
Incluir los gastos de acción social en la masa salarial del personal laboral, lo que supone aplicar a estos gastos el incremento máximo que permiten las normas estatales, en contra de los dispuesto en el decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia de retribuciones en el sector público.
Pagas extras
Devolución de los complementos autonómicos de las pagas extras de diciembre de 2013 y julio de 2014, suprimidos como medida de ahorro durante la crisis, medida que solo pueden aplicar las comunidades que cumplen los objetivos de déficit y la regla de gasto.
Servicio Murciano de Salud
Continuar el proceso de implantación de la carrera profesional entre los empleados del SMS que aún no la perciben, es un incremento no previsto en el decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre.
Administración y servicios
Abono del primer tramo de la carrera profesional a los funcionarios del sector de Administración y servicios, que estaba previsto aplicar a partir del próximo mes de abril, no previsto en el decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre.
Personal docente
Abono de la carrera profesional al personal docente no universitario, vinculada a la evaluación del desempeño, no previsto en el decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre.
Contratación pública
En los contratos podrá determinarse que el precio a abonar al contratista puede hacerse mediante dinero efectivo o de otras contraprestaciones, posibilidad, esta última, que solo es posible aplicar si lo establece una ley de carácter básico.

El rechazo que plantea el Gobierno central afecta a varias medidas de carácter salarial, todas ellas pactadas por la Consejería de Hacienda con los sindicatos de funcionarios en la Mesa General de Negociación, por considerar que exceden lo recogido en el Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, a través del cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó la subida salarial del 2,25% para todos los empleados públicos, con el objetivo de que, tras fracasar en su intento de aprobar el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019, pudiera aplicarse dicho incremento a partir de enero de este año.

Los problemas afectan a la recuperación de la carrera profesional y a la devolución del complemento de dos pagas extras: 2013 y 2014

Una de las medidas a las que se opone el Gobierno central, y que no será grata para los representantes de los funcionarios, es la recuperación de la carrera profesional para los empleados de administración y servicios y el personal docente. Se trata de un complemento económico vinculado a la antigüedad y al desempeño de las funciones del empleado que empezaron a cobrar parte de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud, pero cuya aplicación al resto de las plantillas de la Comunidad se suspendió por la crisis.

El bolsillo de los empleados

La recuperación de la carrera profesional y su extensión a todos los funcionarios ha sido una de las reivindicaciones fijas de los sindicatos desde entonces y por fin habían logrado que el Gobierno regional presupuestara una cantidad, para este año, con el fin de empezar a abonarla de forma progresiva -el 15% estaba previsto pagarlo en abril- para todo el personal que no la percibía.

El Ministerio de Política Territorial argumenta que se trata de un incremento retributivo adicional que no está contemplado en el decreto ley 24/2018.

El Gobierno central considera que estas medidas son contrarias a la legislación básica

También se opone a la devolución de los complementos autonómicos de las pagas extra de diciembre de 2013 y julio de 2014, suprimidas igualmente a causa de la crisis. El Gobierno central basa su reprobación, según explica, en que esta medida solo la pueden adoptar las administraciones autonómicas que cumplen los objetivos de déficit y de deuda, así como la regla de gasto, algo que la Región de Murcia no hace, lo que supone una vulneración del mismo decreto ley.

Lo curioso es que el Gobierno regional ya abonó el pasado año el 25% del complemento de la extra de 2013 a los casi 60.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma, y en la nómina de febrero de este año pagó el 75% restante. Ello supuso un desembolso de más de 32 millones de euros, que ya está en el bolsillo de los empleados públicos.

El Ministerio también cuestiona la inclusión de los gastos de acción social dentro de la masa salarial del personal laboral, lo que tiene como consecuencia que se apliquen a estos gastos de carácter social el incremento máximo previsto en las normas estatales, cuando el decreto ley referido lo que dispone es la prohibición de incrementar tales gastos.

Nuevo conflicto

Por último, se pone en duda la legalidad de una de las disposiciones adicionales de la ley regional de Presupuestos, que establece que la Comunidad Autónoma podrá determinar que el precio a abonar en los contratos públicos se pueda hacer en dinero o por medio de «otras contraprestaciones». El Ministerio sostiene que el pago mediante otras contraprestaciones solo se podrá hacer en los casos en que una ley del Estado establezca.

Estas objeciones abren un nuevo conflicto entre los gobiernos central y regional, que se abordará, en un primer asalto, en la comisión bilateral de cooperación Estado-Comunidad Autónoma.

El Ejecutivo autónomo tratará de convencer al Ministerio, con respecto a los derechos retributivos que recupera este año, de que no se trata de un aumento salarial adicional y general al fijado para el conjunto de los empleados de todas las administraciones, sino que están relacionados -en el caso de la carrera profesional- con la evaluación del trabajo que realizan y que repercuten en la mejora del servicio público.

Si el Gobierno central persiste en sus argumentos y la Comunidad decida no rectificar y mantiene los compromisos alcanzados con los sindicatos, la respuesta de la Moncloa podría ser la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

En este sentido, el Ejecutivo autónomo recuerda que la recuperación de las ayudas sociales y derechos suspendidos durante la crisis se inició en las leyes de presupuestos de 2015, «sin que esto haya supuesto antes ningún inconveniente».

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