Una reforestación sin permiso avanza por el paisaje protegido de la Sierra de las Moreras

En estos seis años han formulado una decena de denuncias por esta repoblación sin permiso, acompañada de roturaciones y ahoyados con maquinaria pesada, dentro dicho espacio natural, que disfruta además de otras dos figuras de salvaguarda: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Todas tienen el mismo destinatario: José María C. P., identificado como propietario y administrador de una sociedad que se dedicaría a inversiones inmobiliarias. Él dice que, como dueño de los terrenos, solo actúa movido por «amor a la naturaleza y a esta zona» del litoral.

Las órdenes de paralización de los trabajos por parte de Medio Natural y las posibles sanciones de nada han servido. Además de la Comunidad, el Ayuntamiento de Mazarrón y la Demarcación de Costas del Estado también han tomado cartas en el asunto, aunque sin resultados. Un informe de la Consejería de Medio Ambiente de finales de junio constata que las actuaciones de «alteración del hábitat mediante plantaciones de diferentes especies» no se han detenido y remarca que suponen «una afección significativa» a los valores ambientales de este entorno. Para restituir los recursos naturales «se considera necesaria la extracción y retirada de los pies plantados, y la posterior restauración vegetal con las especies protegidas presentes en esta zona», añade el documento. Pero ha ocurrido todo lo contrario: la reforestación ha seguido hasta este agosto con más pinos, según excursionistas que conocen la zona.

La primera denuncia data de noviembre de 2017, cuando se observó la plantación de una docena de palmeras y la apertura de hoyos para más de 50 pinos. Cinco meses después, otra inspección de los agentes medioambientales detectó un centenar de nuevas palmeras «con un deterioro muy notorio» del paisaje, y alertaban de que podía representar «una alteración importante» ya que afectaba a especies de flora que forman hábitats prioritarios.

Pese a los apercibimientos, las labores han seguido, con la construcción incluso de un depósito de 30.000 litros de capacidad, en el paraje del Jondón, para poder regar las plantaciones. En diciembre de 2018 fueron otras diez palmeras y siete pinos; en febrero de 2019, 20 palmeras y más de 50 pinos, con «daños a la vegetación existente», y al mes siguiente, un centenar de palmitos y palmeras. En abril de 2020 se formuló otra denuncia por una roturación «con destrucción de cubierta vegetal» y la plantación de 110 ejemplares de 'Pinus halepensis'. Además se advertía de posibles destrozos en un arrecife fósil coralino. Las labores siguieron entre febrero y abril de 2021 con un centenar de oliveras, y la pasada primavera con más pinos y olivos. Desde el entorno familiar de José María C. P. dicen ninguna de las denuncias ha prosperado.

Diferentes informes de la Consejería advierten de daños en el entorno por estas actuaciones. En mayo de 2018, la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente ya planteó la paralización de las labores debido a su impacto negativo en el paisaje, con «una eliminación o deterioro directo de hábitats de interés comunitario y la muy probable eliminación de especies vegetales protegidas». Un año después, se reiteraba la orden de detener los trabajos. Y en mayo de 2020, el servicio regional de Biodiversidad recordaba que la zona presenta un gran valor natural, «con numerosas especies vegetales propias del continente africano, algunas protegidas. Querer transformar este reducto de territorio árido europeo mediante la plantación de pino carrasco y palmeras, sin contar con asesoramiento especializado, está causando un perjuicio de difícil reparación, y es un trabajo finalmente ineficaz, debido a que estas especies no se adaptarán por sus propios medios, una vez finalicen los riegos que se les están dando, a las condiciones locales edáficas y climáticas». Desde entonces, en varias ocasiones se han dictado instrucciones urgentes para paralizar los trabajos, recurriendo si fuese necesario «al auxilio de la Fuerza Pública». Pero de nada han servido.

A la vista de que estas plantaciones han seguido, desde la Dirección General del Medio Natural señalan que el caso se puso en conocimiento de la Fiscalía, que remitió el expediente a un juzgado de Totana «para la incoación del procedimiento penal oportuno». A la espera de la resolución judicial, el expediente sancionador permanece aparcado.

Otras administraciones han movido ficha. El Ayuntamiento cree que las intervenciones «continuadas en el tiempo alteran los valores paisajísticos y naturales del espacio» y ha pedido al menos en dos ocasiones la paralización de los trabajos. La Demarcación de Costas del Estado, por su parte, inició un expediente sancionador por plantaciones, eliminación de cubierta vegetal y movimientos de tierra sin la correspondiente autorización en la playa de la Grúa y en Cala Leño, dentro de una zona de domino público marítimo-terreste. También constan expedientes en la Subdirección General de Política Forestal, por posible afección a la vía pecuaria Colada del Camino de la Costa, y en Bienes Culturales, debido a la presencia de vestigios arqueológicos y paleontológicos. En este último caso, Patrimonio Histórico indica que «se trata de unos terrenos que no son potencialmente ricos en fósiles» y que «no ha habido afección». Entre los senderistas y ciclistas el debate oscila entre quienes piensan que la repoblación aporta «verdor y sombra» al árido paisaje y aquellos que ven «un ataque a los valores naturales» del entorno.