Multa de 123.000 euros a la empresa que invadió el Coto Fortuna de Mazarrón para plantar lechugas

La cuantía (122.897,44 euros) se fija en aplicación del apartado 1 del artículo 78 de la ley regional de patrimonio cultural, que marca cómo valorar económicamente los daños en un bien de interés. «La infracción será sancionada -señala- con multa de tanto al cuádruplo del valor del daño causado». De no haberse podido realizar esta graduación, reconoce la Consejería, la multa podría haber sido mayor, ya que el apartado 2 de ese mismo artículo establece para las infracciones muy graves sanciones de 200.001 a 1.000.000 de euros.

A preguntas de este diario, Agrícola Perichán (la compañía afectada por el expediente) se limitó a decir que ha puesto el caso en manos de su equipo de abogados, por lo que podría acabar en el juzgado. Contra la decisión de Cultura cabe interponer un recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes, o bien acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

La resolución con la cuantía de la multa se comunicó el 28 de junio. Concluía así un proceso que comenzó hace casi dos años. En septiembre de 2021, el servicio regional de Patrimonio Histórico abrió una investigación tras una denuncia relacionada con unos trabajos de roturaciones y demoliciones dentro del perímetro de protección del Coto Fortuna. Este antiguo yacimiento minero, que ya se explotaba en época romana, está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de sitio histórico, desde 2011. Posteriormente, se procedió a una inspección a cargo de una comisión formada por técnicos, agentes de la Guardia Civil y representantes de Perichán. Aquella visita permitió confirmar a pie de terreno la desaparición de cinco estructuras y alteraciones en un depósito de almagra, pero la empresa solo se responsabilizó de algunos de esos destrozos. En su descargo alegó que los elementos demolidos presentaban un estado de ruina.

La investigación siguió su curso, y el pasado febrero Patrimonio Histórico apreció una infracción muy grave. Tras el correspondiente plazo de alegaciones, una orden de la Consejería fijó la cuantía de la sanción. Es una de las mayores impuestas en los últimos años. Se acerca a la que, por ejemplo, se formuló por la demolición del Corralazo, en el campus de la UCAM (126.442 euros). La empresa siempre ha manifestado que desconocía que invadía un entorno con protección cultural. Y que nada más ser advertida de esta situación, paralizó todos los trabajos dentro del sitio histórico.