El mayor fraude de ayudas de la UE acaba disuelto como un azucarillo

El juez absuelve a una veintena de sospechosos de integrar una trama para aprovecharse de subvenciones para la importación de azúcar

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Más de dos décadas de investigación en los juzgados de la Región, un supuesto fraude a la Unión Europea de 6,5 millones de euros, cinco supuestas tramas delictivas desmanteladas, decenas de toneladas de azúcar decomisadas y convertidas en pasto de avispas y hormigas, miles de horas de trabajo de los especialistas fiscales de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, más de 50.000 folios repartidos en 65 tomos, una veintena de acusados, peticiones de cárcel superiores a treinta años por un puñado de presuntos delitos -contra la Hacienda Pública, contrabando, fraude de subvenciones, falsedad...-, reclamaciones de multas por casi 40 millones de euros...

Los datos ponen de relieve la magnitud de una causa judicial que se inició en 1998, hace ya veintiún años, y que estaba llamada en su origen a esclarecer la que había sido considerada la mayor trama de fraude de subvenciones de la Unión Europea (UE) mediante importaciones de grandes cantidades de azúcar, así como a castigar a sus responsables. Finalmente, todo ello ha acabado disolviéndose como un azucarillo en un vaso de agua, que es seguramente la imagen más apropiada para describir lo ocurrido.

La juez de lo Penal número 2 de Cartagena, Teresa Álvarez, dictó ayer una sentencia absolutoria después de que el representante de la Fiscalía y el Abogado del Estado retiraran las acusaciones en la primera sesión de la vista oral, atendiendo a las razones de corte legal que los letrados de las defensas habían expuesto en forma de cuestiones previas.

La Fiscalía asumió que los delitos de contrabando y falsedad estaban prescritos por los más de tres años de inacción judicial, y que el fraude de subvenciones en realidad no existía

Especial atención otorgó el fiscal a los argumentos planteados por el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz, a quien citó expresamente en varias ocasiones para reconocerle que había acertado en su análisis. Este último había dinamitado el procedimiento al dejar constancia de que no podía existir un delito continuado de fraude de subvenciones, que era la acusación principal del asunto, debido a que todas las presuntas infracciones cometidas no excedían de los 50.000 euros. Esta es la cuantía que marca el límite entre la responsabilidad administrativa y la penal para esa modalidad delictiva.

Igualmente, rechazó que existieran delitos contra la Hacienda Pública, ya que de haber alguna infracción penal habría que calificarla como contrabando, y dejó sentado que este delito estaría prescrito por haber estado paralizadas las diligencias durante más de tres años seguidos.

Lo mismo habría ocurrido respecto de la falsedad documental, que también habría prescrito por los más de tres años de inacción judicial.

Una vez fijada la postura del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado antes del arranque de la vista oral propiamente dicha, la magistrada Álvarez coincidió con el planteamiento sobre las prescripciones de delitos y acabó dictando en la sala una sentencia absolutoria. La veintena de acusados, a cuyo frente se situaba un industrial de Molina de Segura, Antonio L. G., propietario de la firma ZF Trading y considerado el cabecilla de la trama, no solo se libraba de la cárcel, sino del pago de multas e indemnizaciones multimillonarias.

Hasta cinco métodos distintos

La investigación establecía que los integrantes de la red habrían ideado hasta cinco métodos distintos para aprovecharse de las subvenciones que la UE ofrecía por la comercialización de determinados productos, como el azúcar, así como de las exenciones fiscales que regían para el comercio con el archipiélago canario.

Básicamente, el método consistía en introducir en España grandes cantidades de azúcar procedente de Brasil, que supuestamente iba a ser transformada en jalea y que más tarde se declararía como exportada a países del Este de Europa, aunque en realidad lo que se hacía era desviar ese azúcar hacia una veintena de grandes empresas conserveras y de fabricación de zumos de la Región.

Un negocio especialmente rentable debido a los privilegios fiscales que implicaba traer el azúcar a través de Canarias.