Los malos humos del campo

Es jueves, los padres llevan a sus hijos al colegio antes de marcharse a trabajar y en algunas fincas de la huerta se aprovecha para prender fuego a las «ramujas», originando las correspondientes humaredas a lo largo y ancho del valle. Restos de poda de naranjos y limoneros en Nonduermas, una palmera afectada por el picudo rojo en Aljucer, las malas hierbas acumuladas en La Albatalía. Lo que haga falta. Las quemas agrícolas «se han hecho toda la vida» -defienden a pie de cultivo los agricultores- y son el pan nuestro de cada día en Era Alta, Rincón de Seca, Beniaján, San Ginés, Sangonera la Verde... y prácticamente todas las pedanías de Murcia «y todos los municipios de la Región con más o menos intensidad», denuncia Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción. Sin embargo, están prohibidas -salvo muy pocas excepciones- por diferentes normativas europeas, nacionales y regionales por la afección que producen a la salud de las personas y al medio ambiente.

Bien lo saben en la Plataforma StopQuemasMurcia, un grupo cada vez más numerosos de ciudadanos afectados directamente por estas fumaradas, que llevan años denunciando este tipo de prácticas y haciendo «lo impensable» para ofrecer a los agricultores las alternativas que deberían poner en marcha las administraciones públicas: «Somos la tercera región más contaminada de España. Si no vertemos al río, ¿por qué lo hacemos al aire? Si los agricultores vieran que, entre los afectados están sus propias familias, cambiarían por voluntad propia. No estamos en contra de la huerta, todo lo contrario», no se cansan de repetir Mónica Esquerda y Esther Merino, portavoces de la plataforma. Merino muestra los restos de ceniza que caen sobre el colegio de su hijo y tiene especial interés en transmitir el mensaje que el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Xavier Querol lanzó en la cumbre mundial del clima: «Las quemas agrícolas en zonas como Murcia generan días de contaminación que no se alcanzan nunca en Madrid». Están convencidas estas profesionales sanitarias de que los murcianos «vivimos en una cazuela de humo».

Un informe de la Dirección General de Salud Pública, firmado en septiembre de 2016 por la responsable del Servicio de Sanidad Ambiental, subraya que «las prácticas agrícolas de quema a cielo abierto producen picos altos de contaminación por partículas», conocidas como PM, «cuyos efectos en el sistema cardiovascular son evidentes». El mismo documento indica que «las poblaciones sometidas a la exposición a PM a largo plazo tienen una tasa de incidencia y mortalidad cardiovascular significativamente mayor, y las enfermedades respiratorias también se ven agravadas por la exposición» a estas partículas, que «causan morbilidad respiratoria mediante la creación de estrés oxidativo y la inflamación que conduce a la remodelación anatómica y fisiológica pulmonar». También provocan el «empeoramiento de los síntomas respiratorios, el uso más frecuente de medicamentos, disminución de la función pulmonar, atención sanitaria de utilización recurrente y aumento de la mortalidad».

No solo eso. El problema se magnifica, a juicio de los técnicos de la Consejería de Salud que redactaron aquel informe, por los «conocidos efectos para la salud de compuestos orgánicos persistentes tales como las dioxinas y furanos». Entre esos efectos, «menor concentración espermática en varones expuestos cuando eran lactantes o niños; cambios en los niveles de hormonas tiroideas; efectos neurológicos en el feto por exposición durante el embarazo; niveles más bajos de testosterona; problemas reproductivos en mujeres, como menstruaciones más prolongadas y menopausia más temprana; diabetes y daños al sistema inmunitario; cloracné, incluso varios tipos de cáncer en humanos».

«Mire, mire la cantidad de camiones que pasan justo ahí. Más contaminará la autovía esa que tengo enfrente, ¿no?», discute Pepe, un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Murcia que trajina en una pequeña parcela de Javalí Viejo, a pocos metros de la A-7. Él no está quemando rastrojos, como sí hace un vecino a pocos metros que se niega a dar la cara y a responder a las preguntas de LA VERDAD. Pepe reconoce, sin embargo, que él también quema restos agrícolas de forma habitual porque no tiene «otra forma» de dar salida a todos el residuo vegetal que genera su finca de dos tahúllas en la que crecen naranjas, olivas, caquis, albaricoques y otros frutos que comparte con la familia. «A veces las ramas que sobran las voy quemando poco a poco en la barbacoa. Y aprovecho y con las brasas hago unas sardinas o unos trozos de pollo, llamo a los amigos y abrimos una botella de vino», sonríe. Pero solo a veces porque, si no, esta gestión de residuos no sale a cuenta. «¿Qué hago con la poda, me la como?», pregunta.

Por lo general, a pie de finca se desconocen las alternativas que tiene el agricultor para gestionar sus residuos vegetales, más allá de prenderles fuego. Aunque, ciertamente, esas alternativas tampoco son muchas. La Comunidad cuenta en la actualidad con 24 plantas de compostaje, donde se gestionan residuos orgánicos susceptibles de transformarse en compost para enmienda orgánica del campo (tres en Murcia, tres en Torre Pacheco, dos en Totana, dos en Fuente Álamo, dos en Jumilla, dos en Mazarrón, y una en los municipios de Yecla, Mula, Calasparra, Cehegín, Bullas, Cartagena, Blanca, Abarán, Los Alcázares, Lorca). Todas ellas privadas, aunque parece que insuficientes. Fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de hecho, esperan que el número de plantas «se vaya incrementando para hacer frente al volumen actual que se genera».

La Consejería, que ha impuesto este año un 10% más de expedientes sancionadores relacionados con quemas agrícolas respecto a 2018 (164 por 149), recuerda que estas prácticas «solo están permitidas en caso de tratamiento de plagas (siempre que no pongan en peligro la salud humana y no dañen al Medio Ambiente)» -aunque los ecologistas denuncian que esta excepción se utiliza como excusa para conceder permisos a discreción-, y que «no está permitido el abandono de estos residuos en vertederos», destacando que los agricultores «tienen que gestionar el residuo que generan».

«Nos dejan a nosotros toda la responsabilidad», critica Vicente Carrión, líder de Coag en el Campo de Cartagena, que lamenta que los ayuntamientos «hacen muy poco» a la hora de ayudar a los agricultores a gestionar los residuos agrícolas con la instalación de contenedores de poda, por ejemplo. Cree Carrión que las quemas agrícolas son «excepcionales», propias de terrenos «muy pequeños, como sucede en la huerta de Murcia, donde sí es algo frecuente», y asegura que «la práctica totalidad de las explotaciones agrarias profesionalizadas incorporan estos residuos al mismo suelo gracias a las trituradoras», con sus correspondientes beneficios.

Antonio Moreno, secretario de Agricultura y Agua de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Murcia, atiende al teléfono mientras escarda en su finca de melocotones y nectarinas en Cieza. Unos restos que, asegura, pasará por la trituradora que compró hace ya más de diez años. Como Carrión, Moreno cree que las quemas es algo que se circunscribe sobre todo a «la huerta de Murcia», y es un problema que «tenemos que solucionar», aunque también se queja de que «somos muy escandalosos, y el agricultor está sufriendo una manía persecutoria con este tema. Estamos cambiando en la medida de nuestras posibilidades, y desde UPA orientamos a todos los agricultores que nos consultan sobre las posibilidades de trituración».

Entre los pocos consistorios que han empezado a tomar medidas se encuentran el de San Pedro del Pinatar, que ha instalado contenedores para facilitar la gestión de residuos agrícolas, o el de Murcia, que acaba de firmar un convenio con la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) para ofrecer de forma gratuita un tractor y una trituradora de poda, que se pueden solicitar a través del teléfono 968284188. Según Asaja, «para los propietarios en la huerta de Murcia no es viable económicamente la adquisición de maquinaria para gestionar su explotación». El objetivo del convenio es «impulsar el desarrollo rural sostenible».

Carlos y Antonio (nombres ficticios, ya que no quieren revelar su identidad), vecinos de la pedanía murciana de Nonduermas, acaban de meter fuego a una pequeña montaña de ramas de naranjo y malas hierbas en un terreno de una tahúlla junto a la carretera de Alcantarilla: «¿Yo cómo me voy a gastar dos o tres mil euros en una trituradora, muchacho? Para eso vendo el terreno, porque cuesta más la trituradora esa que mis veinte naranjos. Además, que los caminos de la huerta no están preparados para meter esa maquinaria, aunque me la den gratis». Tampoco conocen muy bien estos huertanos el importe de las multas a las que se enfrentan por esta ilegalidad, pero las relacionan con lo que cuesta «un iPhone nuevo para un político». Algo más 'baratas'. Entre 150 y 400 euros. Y estas multas van paralelas a las impuestas por la Consejería. La Policía Local de Murcia, que asegura haber estrechado el cerco sobre las quemas agrícolas para cumplir con la nueva normativa, había impuesto en los siete primeros meses de este año el triple de multas que en todo 2018. Juan y Pedro también utilizan el mismo argumento huertano a la hora de restar importancia a estas prácticas: «Esto se ha hecho toda la vida, y además ¿qué va a contaminar? Otra cosa sería si se quemaran otros materiales, como el plástico». Sin embargo, esto mismo también lo denuncian ecologistas y vecinos. Que, formada la hoguera, se aprovecha para calcinar desde bidones de plástico y cuerdas a enseres personales, sin contar las quemas descontroladas en las que han tenido que intervenir los servicios de extinción. «Pero aquí en la huerta no se quema plástico, ni muebles, ni nada de eso. A ver si vamos a ser nosotros ahora los culpables del cambio climático», ironiza Antonio antes de despachar al periodista, apurar el pitillo y volver a la faena.

Lo que está claro, en opinión de Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, es que la agricultura de la Región de Murcia está «muy modernizada en cuanto a metodologías de producción, pero está en la edad media en cuanto a la gestión del impacto de la propia actividad. Esto no es lógico, y se debería planificar».

Hasta cuatro direcciones generales de la Comunidad firmaron en febrero una resolución conjunta que da autoridad a los ayuntamientos para que «tengan en cuenta la adopción de medidas que permitan constatar que se cumple con la ley y ordenar la suspensión de aquellas prácticas que la incumplan», según fuentes de la Consejería, que indican que los consistorios «deben (o debieron) adoptar ordenanzas para garantizar que no se quema en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de los contaminantes; no se quemará a menos de 1.500 metros de colegios, guarderías, centros sanitarios, de práctica deportiva o residencias de personas mayores, y se debe suspender cualquier quema que no vaya dirigida a la atmósfera» como consecuencia de la inversión térmica. Pero en Murcia, recuerda Juan Esteban Palenzuela, se produce inversión térmica «muchos días». Y, en base al criterio de distancias con centros educativos y sanitarios, «no se podría quemar en ninguna parte de esta ciudad», apunta Esther Merino, quien cree que «hay otras cosas muy perjudiciales que se han hecho toda la vida y que también tuvieron su punto y final».