Malestar de 70 funcionarios de Justicia al verse 'obligados' a trasladarse a Baleares

Los empleados públicos se quejan de que el 70% de las plazas están en zonas donde el precio de las viviendas supone casi todo su sueldo

MIGUEL FERNÁNDEZ MURCIA.

Unos 300 funcionarios de Justicia de toda España se van a ver «obligados» a trasladarse a Baleares. Y es que más del 70% de los puestos ofertados por el servicio de Tramitación y Gestión Procesal se encuentran en los juzgados de estas islas. Esa circunstancia ha despertado las quejas de muchos de los que aprobaron las oposiciones de 2016; un buen número, «entre 70 y 80 trabajadores», residen en la Región. «Nos vamos a ver afectados porque nos ofrecen unas plazas que nadie quiere», apunta Toñi García, una de las funcionarias que puede verse forzada a desplazarse al archipiélago. «Este es el primer año que lo hacen; antes no ofrecían ni el 10% de las plazas en las islas», explica.

Joaquín Vela Manzano, presidente del Sindicato de Justicia y Progreso, alerta de que «estas personas se van a ver forzadas a vivir en una zona donde el precio de las viviendas está disparado. Se tienen que gastar casi todo el sueldo en el hospedaje». También explica que el problema de la falta de interinos en las islas es por culpa de esta situación. «No se resuelve obligando a personas con sus familias a vivir en unas condiciones que no se pueden permitir; es poner un parche. Deben solucionarlo dando un plus a los trabajadores o facilitándoles residencias», sugiere.

Desde el sindicato, Vela advierte de que hay más plazas en la península que tendrían que ser ofertadas. «Hay miles de vacantes en Murcia y en Cartagena cubiertas durante muchos años por interinos que no se la han ganado todavía. No lo entendemos», señala Toñi García.

«No entendemos cómo no tenemos acceso a miles de puestos más cerca de nuestras familias», relatan en una carta a la ministra

«Es el primer año que hacen esto; antes no ofrecían ni el 10% en esa zona», indica Toñi García

La incorporación puede retrasarse hasta tres meses, una vez que se publiquen las plazas del turno libre, como sucedió el pasado año. Esto significa que hasta noviembre no tendrían que trasladarse. «Aún así muchas de estas personas no pueden costearse la vida en Baleares de la misma forma que en la península. Además, la mayoría son familias con hijos a los que tienen que cuidar», explica el presidente del citado sindicato.

«Desde la Secretaría de Estado lo han hecho todo mal. Queremos que nos ofrezcan la totalidad de las plazas y que no nos obliguen a irnos», exige Fuensanta Muñoz, otra de las murcianas que aprobaron la oposición. «Nos envían a una zona donde existe una burbuja de alquiler. Lo peor es que más de 30 plazas son en Ibiza. Tenemos un salario de 1.300 al mes y allí no nos llega», insiste.

«Andalucía y Valencia son comunidades que convocan oposiciones dependiendo de las plazas de las que disponen en su territorio. Este grupo está dentro de ocho autonomías diferentes en las que se tienen que repartir las plazas. El Gobierno, en vez de sacar unas pocas en cada ciudad, ha sacado muchas solo de Baleares. Es una decisión arbitraria y perjudicial para los trabajadores. No sabemos a quién quieren proteger», se pregunta Vela.

Este grupo de opositores ha exigido una solución a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por medio de una carta en la que explican el gran esfuerzo y trabajo que les ha costado aprobar «el proceso selectivo más exigente, con notas de corte de más de 85 puntos. No entendemos cómo no tenemos acceso a miles de plazas más cerca de nuestras familias y ciudades de origen», se lamentan en el escrito.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos