Malestar en la Fiscalía por las denuncias políticas sin fundamento

Fruto de esa labor son las decenas de denuncias que cada año se reciben en la sede del Ministerio Fiscal. Eso sí, con desigual fortuna, pues la mayoría, bien sea porque los hechos referidos no tienen apariencia de delito o por falta de material probatorio, acaban viéndose archivadas, mientras que solo unas pocas se traducen en una denuncia o querella del propio Ministerio Fiscal ante los juzgados de la Región.

A este fenómeno de la interposición de denuncias ante la Fiscalía, que viene a demostrar la creciente confianza de los ciudadanos en esa institución, no han sido ajenos los partidos políticos y sus representantes públicos, que vienen echando mano de este recurso no solo con profusión, sino en muchas ocasiones también con excesiva ligereza, a juzgar por la suerte que acaban corriendo estas iniciativas legales.

La presentación de denuncias de corte político, y prácticamente carentes de cualquier sustento jurídico, es una cuestión sobre la que esta semana ha puesto el foco una resolución de la Fiscalía del Tribunal Supremo, firmada por el fiscal jefe de lo Penal, Javier Zaragoza. Con la mayor contundencia imaginable, el jurista ha archivado una denuncia de Unidas Podemos contra varios dirigentes del PP y Ciudadanos –entre ellos, Teodoro García Egea (PP) y Francisco Hervías (Cs)–, a quienes se acusaba de corrupción por sus negociaciones para desactivar la moción de censura contra el Gobierno de Fernando López Miras.

Argumentó el fiscal Zaragoza, de forma irreprochable, que si fuera cohecho 'premiar' con cargos públicos a quienes desactivaron esa moción de censura, igualmente lo sería prometerles esos mismos cargos públicos a quienes se unieron para sacar del poder a López Miras. Pues todo ello forma parte, desde sus orígenes, del juego de las negociaciones políticas y de la propia democracia. No en vano –y eso no va en la resolución–, la propia formación Unidas Podemos atesora en la actualidad varios ministerios merced a la negociación que llevó al socialista Pedro Sánchez hasta el Gobierno de la Nación.

El carpetazo a esta denuncia es solo el último y, sí, quizás también uno de los más contundentes, pero dista mucho de ser el único. Todos los partidos políticos, con mayor o menor alegría, se han entregado en los últimos años al recurso fácil y barato de interponer denuncias en la Fiscalía contra sus rivales políticos. En ocasiones, como un mero recurso para tratar de desviar la atención hacia otros lares, que es lo que aparenta ser la denuncia presentada desde el Gobierno regional contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando este agosto comenzaron a aflorar por miles los peces muertos a las playas del Mar Menor.

Y es que desde muy diversos ámbitos jurídicos se insiste en que las opciones de que una iniciativa de ese tipo pueda prosperar en la vía penal son, en rigor, menos que nulas. De manera que, aunque por aquello de que la integrante del Ejecutivo de la Nación disfruta de un fuero especial, el asunto ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado, nadie arriesgaría diez céntimos de su bolsillo a que se va a traducir en una acusación contra la ministra ante el Tribunal Supremo.

«Se han sobrepasado ya algunos límites», advierten a este respecto fuentes no oficiales de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, que reconocen que hay ejemplos evidentes de que se está haciendo «un mal uso» de este recurso legal y un abuso de la política de mano tendida que desde hace años viene impulsando el Ministerio Público.

El máximo responsable de la institución en la Región, José Luis Díaz Manzanera, ha renunciado a expresar su opinión al respecto por razones institucionales, pero fuentes de la Fiscalía confirman a LA VERDAD que existe «un evidente malestar» por la creciente proliferación de denuncias infundadas, cuyo sentido no parece ser otro que desviar el tiro y desgastar al rival político.

«Los que usan este recurso de manera injustificada –argumentan estas fuentes– tienen garantizado de entrada unos cuantos titulares llamativos, tanto con la presentación de la denuncia como con la consiguiente apertura de diligencias informativas». Y es que la Fiscalía tiene al menos que cubrir el trámite de abrir un expediente, siquiera sea a efectos formales, aunque el asunto no tenga otro destino que el archivo.

La mayor parte de las veces, además, el Ministerio Público se ve obligado a acometer una mínima labor de investigación o comprobación, consistente por ejemplo en requerir de la Administración la remisión de un expediente. Algo que impide que el archivo sea inmediato, por más que el asunto tenga visos de no sostenerse jurídicamente.

Al cabo, en una gran mayoría de las ocasiones, estas iniciativas acaban siendo algo así como escupir contra el sol: un ejercicio fútil y frívolo, que no en pocas veces acaba volviéndose contra el autor del salivazo. Es lo que ocurre cuando la resolución de archivo de la denuncia, por la dureza de sus argumentos, deja en evidencia a quien la presentó.

«Lo peor es que estas acciones sustraen recursos en un Ministerio Fiscal que ya de por sí está muy mermado de medios y que tendría que estar centrándose en asuntos de verdadero calado», alertan las fuentes mencionadas. Y afirman que el fiscal Superior, que ya en alguna ocasión ha advertido veladamente de este problema en sus intervenciones públicas, quiere aprovechar su discurso de la apertura del Año Judicial, previsto para octubre, para hacer una severa advertencia al respecto. «Tiene previsto pedir que se actúe con responsabilidad y lealtad institucional desde todos los ámbitos», señalan.

La mejor prueba del escaso recorrido de muchas de estas iniciativas legales está en la propia estadística de la Fiscalía, pues entre el año pasado y lo que va de 2021 se han interpuesto 61 denuncias por presuntos delitos contra la Administración Pública, como prevaricación, cohecho o negociaciones prohibidas a funcionarios. De ellas, 43 (el 70,49%) se archivaron de manera prácticamente inmediata o tras una mínima investigación, debido a su falta de sustento legal. De las restantes, 17 están pendientes de alguna diligencia, aunque buena parte seguirán el mismo camino, y solo una ha acabado en un juzgado de Instrucción.

La mayor parte de ellas procedían de los ámbitos políticos –partidos, Comunidad Autónoma y ayuntamientos– o de altos funcionarios municipales como los secretarios o interventores municipales, pero también de asociaciones que, nadie se engaña, actúan como brazo ejecutor de algunas formaciones políticas.