Una promotora reclama al Consistorio 800.000 euros por un convenio urbanístico

La empresa pretendía construir un complejo residencial con 3.924 viviendas, aunque sin garantías de agua ni luz

Pilar Wals
PILAR WALS

El Consistorio deberá pagar 792.637,20 euros a una promotora inmobiliaria que suscribió un convenio urbanístico para construir un complejo residencial con 3.924 viviendas en el paraje de La Campana, en la pedanía de Almendricos, donde en estos momentos residen unas 800 personas. El concejal de Economía y Hacienda, Juan Francisco Martínez Carrasco, anunció que ahora se inicia una fase de negociación con la promotora inmobiliaria «para intentar conseguir un posible pago a plazos de la deuda antes de que recurra a la vía judicial».

El convenio forma parte de un total de 17 previstos en Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (Sidu), aprobados por una administración anterior entre noviembre de 2005 y junio de 2006. «Este era uno de los pocos convenios Sidu cuyos promotores no habían denunciado aún, y se encadena con la docena que ya ha sido reclamada», dijo.

Hasta el momento, el Consistorio ha sido condenado por los tribunales de justicia a la devolución de 10,2 millones de euros, apuntó el edil. Señaló que se ha hecho frente ya a nueve millones de euros. «Tres de ellos este mismo año, pero aún tenemos pendientes de pagar 1,1 que se aplazaron hasta 2021, a los que habrá que sumar los más de 792.000 euros de ahora, que intentaremos poder reintegrar poco a poco».

Comienza ahora una fase de negociación para evitar que la firma acuda a la vía judicial

El edil destacó que estos convenios urbanísticos fueron firmados por un gobierno socialista que pretendía construir 86.302 viviendas en 4.800 hectáreas de suelo rústico. «No tenían garantizado el suministro de agua, energía o de servicios de telecomunicaciones», dijo.

El PSOE ve «viejas cantinelas»

El Grupo Municipal Socialista tachó ayer de «viejas cantinelas» las manifestaciones del edil de Hacienda. Su portavoz económico, el edil Isidro Abellán Chicano, señaló que «saben que todas y cada una de las sentencias condenatorias recibidas por el Ayuntamiento no son por la firma de los convenios urbanísticos en 2005, sino por incumplir las cláusulas, de lo que tienen buena parte de culpa los siguientes equipos de gobierno del Partido Popular».