Cerca de 300 alegaciones a la última actualización de las zonas de flujo preferente en Lorca

Cerca de 300 alegaciones han sido remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el periodo de exposición publica del último mapa de actualización de las zonas de flujo preferente en Lorca. Lo anunciaron este lunes los concejales de Urbanismo y Pedanías, María Hernández y Ángel Meca, después de que el viernes finalizara el plazo de presentación de reclamaciones.

Los ediles recordaron que la cuarta actualización de los mapas, publicada en julio, incrementa en más de un 50% las zonas de riesgo en el municipio, sobre todo en las pedanías de La Escucha, Purias, Torrecilla, Campillo y Cazalla.

Precisaron que 170 de las alegaciones fueron registradas a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, a las que se añaden las presentadas de manera directa por particulares y empresas. Según los concejales, son carácter técnico y otras de ámbito patrimonial, jurídico y social.

Remarcaron el «drama social que está suponiendo este último varapalo« por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), del que subyace, además, «una gran irresponsabilidad». Criticaron que los mapas « parecen, además de expropiaciones encubiertas, una especie de salvoconducto al Ministerio para no realizar las infraestructuras de defensa ante avenidas que estamos reclamando desde hace décadas».

Afirmaron que «estas líneas de colores no cuentan con rigor técnico, ni profesionalidad, ni coherencia, ni consenso». Un argumento al que se suma la Plataforma de Afectados por la Riada (Pailorca), que solicita también las construcciones hidráulicas necesarias frente a riadas, dijo Hernández.

A estas alegaciones se han adherido además entidades como la Cámara de Comercio, la patronal Ceclor, colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, de Abogados, decenas de Asociaciones y los propios residentes de esos enclaves.

La afección alcanza las 3.500 hectáreas, con un coste económico que puede superar los 200 millones de euros, recordaron. «Tenemos que pensar no sólo en el presente, sino en el futuro de muchos negocios, empresas, granjas o explotaciones ganaderas que están condenados a la ruina», afirmaron.

Meca aseguró que el Ayuntamiento va a reclamar la nulidad de esta publicación a la espera de un nuevo estudio con mayor rigor técnico y si se aprueba definitivamente la actualización presentarán recursos al Ministerio y también ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Hernández añadió que emplearán «medidas de presión social o lo que sea necesario» para defender a los vecinos afectados.

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