El Ayuntamiento acoge con «satisfacción y cautela» el informe de Abogacía del Estado sobre las ayudas

EFELorca

El Ayuntamiento de Lorca acogió con «satisfacción» el informe de la Abogacía del Estado sobre la prescripción del plazo para la justificación de las ayudas a los afectados por los terremotos, ya que coincide con el criterio de los servicios jurídicos municipales, pero también con «cautela», dado que ese pronunciamiento no es vinculante.

Así lo valoró la portavoz del equipo de Gobierno, Fátima Mínguez, que consideró «muy importante» para los afectados la conclusión del informe de la Abogacía del Estado, pero matiza que su carácter no vinculante puede llevar a «frustración o esperanzas infundadas» a los afectados, ya que la administración competente es la Comunidad de Murcia.

El informe determina que la prescripción de la justificación de las ayudas para la reparación de viviendas será de cuatro años y comenzará a contarse seis meses después de la finalización de las obras.

Mínguez recordó que esta interpretación legal es la misma que ha defendido el consistorio, que ya el pasado julio remitió en julio una consulta al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que se pronunciara y en cuyos términos ahora ha coincidido la opinión de la Abogacía del Estado.

Pese a que el informe no es vinculante, «todos los documentos que puedan contribuir a seguir avanzando en este asunto suman» apostilló la portavoz.

El consistorio entiende, de acuerdo con la Abogacía del Estado, que los afectados por los terremotos beneficiarios de ayudas públicas se están encontrando con órdenes de inicio del procedimiento de reintegro de la subvención incluso cuando el ejercicio de esta acción se encontraría prescrito.

El Ayuntamiento también ha detectado varios casos en los que «existe ausencia de motivación de la justificación de las ayudas recibidas», lo que supondría la nulidad de los procedimientos iniciados «por indefensión de los ciudadanos ante la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas».

Respecto a la prescripción del reintegro de las ayudas, considera el consistorio que su cómputo se tiene que hacer teniendo en cuenta la fecha en que vence el plazo de justificación y comienzan a computar los cuatro años para su caducidad, por lo tanto estarían prescritas las acciones de reintegro de subvenciones efectuadas siguiendo este criterio, aunque cada caso tendría que ser analizado individualmente.

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