Los afectados por el terremoto de Lorca mantendrán su encierro hasta el archivo de expedientes

La plataforma de afectados por la justificación y devolución de las ayudas de los terremotos del año 2011 mantendrá su encierro en el ayuntamiento de Lorca hasta que no se paralicen los embargos y comience a aplicarse la ley 8/2018, aprobada por el Gobierno regional en agosto para facilitar el proceso burocrático y permitir el archivo de expedientes.

«Vamos a seguir aquí hasta que empecemos a recibir cartas diciendo que los expedientes están cerrados», apuntó Encarnación Guijarro, una de las vecinas encerradas que afirmó que «llevamos ocho años de sufrimiento. De aquí no nos va a mover nadie».

Los afectados se encerraron este martes a mediodía en la sala de Cabildos del consistorio, donde pasaron la noche en sacos de dormir, colchonetas hinchables y hamacas de playa. Durante su encierro, organizaron tres turnos diarios para garantizar que durante las 24 horas habrá vecinos manteniendo viva la protesta.

Fernando Lizarán, otro de los afectados, consideró que el encierro sirve para «que todo el mundo vea que hay un problema importante» (la Administración le reclama a él la devolución de más de 9.000 euros), y señaló que la «medida de presión» tenía «que haberse hecho antes».

«Mi problema no es tan grande como el de otros, pero estoy aquí para apoyar a mucha gente que lo va a perder todo si le obligan a devolver las ayudas y los intereses», afirma Ginesa Salas Porlán. Esta jubilada recibió 4.200 euros del Consorcio de Compensación de Seguros y de las ayudas de la Comunidad Autónoma. «Presenté todas las facturas. Me dijeron que faltaban sellos y firmas y volví con todo lo que me reclamaron. Todo son pegas. Demasiada burocracia», se queja.

Junto a ella, muchos otros en situaciones similares. «El terremoto me pilló sin seguro. Estaba cambiando de una a otra compañía y aún no había firmado. Me dieron ayudas y ahora me las reclaman. Las justifiqué, pero vuelven a requerirme. Hace 15 días me enviaron la carta de pago. No sé qué voy a hacer», cuenta Alfonso Lizarán.

Medio centenar de damnificados permanecen en la Sala de Cabildos donde este miércoles recibieron la visita de políticos de distintas formaciones. El encierro finalizará, advirtieron, cuando todo este solucionado. «Vamos a seguir con el encierro. De aquí no nos mueve nadie hasta que termine todo», aseguraron.

Ahora «todos se tienen que mojar», señaló en relación a la clase política y a las visitas que recibieron desde el inicio del encierro, la primera de ellas este martes por la tarde, la del consejero de Fomento Patricio Valverde, acompañado de la secretaria general de la consejería, Yolanda Muñoz, y la del director general e Vivienda, Losé Antonio Fernández Lladó.

Valverde les confirmó la «paralización inmediata» de los embargos por el reintegro de las ayudas, que bloquearon hasta el momento las cuentas bancarias de tres familias damnificadas, y la aplicación de la ley aprobada el pasado verano en la Asamblea Regional que prorroga un año el plazo de justificación y simplifica los trámites al permitir como elemento de prueba del uso dado a las ayudas una declaración responsable avalada por un técnico.

Durante la mañana de este miércoles, los vecinos desayunaron acompañados por el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, que señaló que se produjeorn siete órdenes de embargo durante la tramitación de 16.000 expedientes administrativos.

«El porcentaje es mínimo, pero detrás de cada embargo hay una familia y un drama además de la inquietud que el asunto ha generado en todos los lorquinos», respondió Gil a preguntas de los periodistas.

Resaltó que la Ley 8/2018 proporcionó el «cauce» para justificar «de forma simple y sencilla las ayudas percibidas», aunque afirmó que «lo más urgente ahora es resolver el tema de las providencias de apremio y los embargos», y reiteró que el Consistorio se sitúa del lado de los vecinos en su reivindicación.

Para ello, el Ayuntamiento les está «facilitando» las condiciones durante su encierro en una de las salas nobles de la casa consistorial, donde los afectados recibieron la visita del secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu.

El líder regional de Podemos mostró el apoyo del partido morado a la «reivindicación absolutamente justa de los vecinos» y afirmó que «toda esa carga burocrática tenía que estar ya liquidada» por parte de la Comunidad Autónoma.

Urralburu estuvo acompañado por la diputada regional María Giménez, que mostró su «preocupación» por la situación de los afectados y aseguró que «parece mentira que, siendo lorquino, el presidente de Murcia», Fernando López Miras, «esté permitiendo esta situación».

La diputada señaló que al asunto se le puso «solución por unanimidad» en la Asamblea Regional con la aprobación de la ley, y reclamó que «sea verdad» el anuncio que este martes realizó el consejero Valverde.

También acompañaron a los vecinos el secretario general del PSOE en Lorca, Diego José Mateos, que consideró «lamentable» que el Gobierno regional haya «dado lugar a esta situación después de meses de lucha y de reivindicaciones por parte de los afectados».

Mateos consideró «una tomadura de pelo» que el consejero Valverde atribuyera la ejecución de las órdenes de embargo «a un problema informático», y pidió rigurosidad en la aplicación de la ley autonómica.

La diputada regional del PSOE, Isabel Casalduero, instó al Gobierno regional «a poner fin al sufrimiento de los vecinos» y a paralizar las órdenes de embargo, permitiendo el cierre de los expedientes de justificación de ayudas mediante la cuenta simplificada.

Con los afectados también se reunió el coordinador local de IU, Pedro Sosa, y el coordinador regional, José Luis Álvarez Castellanos, ya que esta formación lideró en Lorca, a través de la concejala Gloria Martín, el proceso de asesoramiento a los afectados. En su opinión, están siendo sometidos a un «calvario burocrático», cuando, según los asesores jurídicos de esta formación, la mayor parte de sus expedientes habrían prescrito por el tiempo transcurrido.

En 2017, el ejecutivo autonómico comenzó a enviar miles de cartas a los afectados requiriendo que justificaran las ayudas concedidas hacía seis años, cuando la Ley de Subvenciones establece que «a los cuatro años, prescribe el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro», apuntó la concejala Martín.

Se daba la circunstancia de que, a tenor del tiempo transcurrido, la mayor parte de los vecinos ya no conservan las facturas ni puede pedírselas a las empresas que ejecutaron las obras, la mayor parte de las cuales ya ni siquiera existe.

La mayor parte de los vecinos, que sí pudieron enviar las facturas, tampoco vieron cerrarse sus expedientes y la Administración sigue reclamando a parte de ellos la devolución del dinero.

Organizados en una plataforma de afectados que integran 500 familias y con el asesoramiento del partido de Martín los vecinos han enviado en los últimos meses más de un millar de alegaciones y recursos de reposición que, hasta el momento, no han tenido efecto.