Los afectados por las ayudas del seísmo de Lorca sellan un acuerdo y ponen fin al encierro

Los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos abandonaron ayer a mediodía su encierro en el Ayuntamiento después de rubricar un acuerdo con el Gobierno regional. Este se comprometió en el documento a paralizar las 159 órdenes de embargo, una cuestión, dijo el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a los damnificados reunidos ayer en la Sala de Cabildos, «que se resolvió en 24 horas». Pero además, se compromete a dar solución y cerrar unos 3.000 expedientes en el plazo de cinco meses. Todos ellos, aseguró López Miras, en aplicación de la Ley 8/2018 aprobada en julio pasado por la Asamblea Regional.

El documento, rubricado por el consejero de Fomento, Patricio Valverde, y la portavoz de la plataforma de afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos, Gloria Martín, contó como testigos con el presidente López Miras y el alcalde Gil Jódar, además de los más de un centenar de damnificados por las ayudas del terremoto que abarrotaban la Sala de Cabildos, donde han pasado encerrados siete días y seis noches.

A pocas horas de iniciarse el octavo día de protestas se logró un compromiso que previamente fue consensuado por una comisión de los afectados que se reunió con López Miras, el alcalde, el consejero de Fomento y el equipo jurídico de la Comunidad Autónoma. Antes de rubricarse, la portavoz de los afectados por las ayudas del terremoto planteó a toda la asamblea de damnificados los puntos del acuerdo. Fue entonces cuando se decidió dar el visto bueno y se firmó en presencia de todos ellos.

Mientras se llevaba a cabo la redacción del documento, el presidente de la Comunidad Autónoma se dirigió a ellos señalando que «no he venido antes porque lo que quería es poder ponerme frente a vosotros. Miraros a los ojos y poder daros una solución a vuestros problemas». Y criticó duramente a los que «estos días han venido simplemente a hacerse una foto, a aprovecharse de mis vecinos para intentar arañar un puñado de votos». Recalcó que «mis límites éticos y morales no me permiten hacer eso».

Poco después se firmaba el acuerdo, que incluye una de las peticiones más repetidas de los damnificados por las ayudas, la de la prescripción. El Gobierno regional se compromete a que los servicios jurídicos determinen la fecha concreta de prescripción del plazo de justificación del uso dado a las ayudas. Pero también se atienden los casos excepcionales que, indicó el presidente, serán estudiados uno a uno y que también obtendrán respuesta en el plazo de cinco meses.

En ese tiempo los afectados deberán recibir una notificación en la que se les comunicará si cumplen o no los requisitos de justificación como paso previo al cierre del expediente. López Miras pidió a los damnificados que soliciten el asesoramiento de los técnicos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento antes de enviar toda la documentación.

Los expedientes catalogados como singulares serán estudiados por una comisión. Entre ellos, se encuentra el de una vecina cuya vivienda fue demolida tras su expropiación por el paso de una carretera. El documento también hace referencia a los que decidieron devolver lo que se les reclamaba para evitar el embargo. Estos podrán acogerse al nuevo modelo de justificación.

Tras la firma, aplausos y vítores a la portavoz de la plataforma, que por momentos no pudo evitar las lágrimas. Junto a ella, el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, que se derrumbaba. La edil de esa formación, Gloria Martín, afirmó que «han sido muchos días, muchos momentos muy duros, y ver que esto parece que se soluciona nos ha emocionado».