La Abogacía del Estado fija en 4 años la prescripción de los expedientes de ayudas por los terremotos

Obras de rehabilitación en un edificio de Lorca en una imagen de archivo. /Nacho García / AGM
Obras de rehabilitación en un edificio de Lorca en una imagen de archivo. / Nacho García / AGM

Un informe de este órgano señala que las administraciones no pueden reclamar el dinero a los beneficiaros superado ese plazo

EFELorca

Un informe de la Abogacía del Estado fija en cuatro años el período máximo para que las Administraciones soliciten la devolución de las ayudas públicas concedidas a damnificados por los terremotos de Lorca para reparar sus casas y transcurrido ese período los expedientes se considerarán prescritos.

En sus conclusiones el informe indica que «la Administración dispone de un plazo de cuatro años para solicitar la devolución de las ayudas concedidas en el caso de que no se haya justificado el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgaron las mismas».

Ese plazo comienza a contar «una vez transcurridos seis meses desde la finalización de las obras, y en el caso de obras ya realizadas, pasados tres meses desde la notificación de la resolución de la concesión de la ayuda, sino se ha hecho con carácter previo» a su otorgamiento.

El informe sobre la caducidad de los expedientes fue entregado anoche por el delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, a la plataforma de afectados por la devolución de ayudas que hace unos días protagonizó un encierro de una semana en el ayuntamiento de Lorca contra ese proceso de reintegro de las subvenciones.

El documento había sido solicitado por la plataforma al entender que la mayoría de sus expedientes habrían prescrito, al haber pasado más de siete años de la concesión de las ayudas, y que la Administración no tenía derecho a reclamar la justificación.

Hasta el momento el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al Consejo del Estado y el Defensor del Pueblo se habían declarado no competentes para determinar los plazos de prescripción o habían rehusado pronunciarse.

Conesa aseguró que dicho informe «puede servir a muchos vecinos para solicitar la prescripción y es también un soporte jurídico adicional que tendrá el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para tramitar con las fórmulas que puedan tener».

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