López Miras: «El decreto del Mar Menor no va a buscar culpables»

Los regantes, productores y exportadores de la Regiónrecibieron este viernes con cautela las medidas que ordenan y limitan la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor, contenidas en el decreto ley que ultima el Gobierno regional y que fueron avanzadas por LA VERDAD. Los regantes consideran que no deben ser los únicos que soporten las medidas, muchas restrictivas, propuestas para la regeneración de la laguna, y esperan conocer cómo afectará a otros sectores.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se reunirá la semana próxima con representantes del sector agrario y de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para explicarles en detalle las medidas y su alcance. Una de ellas es la prohibición del uso de fertilizantes y abonos a menos de 500 metros de la costa.

La Consejería realizó en las últimas semanas consultas con dirigentes de los regantes y de ellos sindicatos agrarios, entre otros, por lo que estos ya tenía conocimiento de las principales propuestas del decreto y de las dos zonas en que quedan divididos los regadíos en función de su impacto en la albufera y del alcance de las medidas. En este sentido, el Ejecutivo regional lanzó este viernes un mensaje de tranquilidad.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, declaró en Lorca que el decreto de protección integral del Mar Menor que está redactando el Gobierno regional «no va a buscar culpables ni va a responsabilizar a ningún sector concreto» sobre la crisis ecológica desencadenada.

«La realidad es que la situación es crítica y que tenemos que poner y aportar soluciones todos los sectores», expuso el jefe del Ejecutivo murciano antes de que comenzar a el acto de entrega de la medalla de oro de la Comunidad de Regantes de Lorca al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

López Miras sostuvo que «se me ha criticado por no querer culpabilizar al sector agrícola» de la situación de la laguna y argumentó que su estado es la historia de una «responsabilidad compartida» y de un «fracaso colectivo desde hace más de 60 años» que atribuyó a múltiples factores y presiones. Por eso, el decreto «debe regular todos los usos y presiones que afectan al Mar Menor» y citó entre ellos los usos agrícolas, náuticos, urbanísticos, turísticos y pesqueros.

En declaraciones a LA VERDAD el presidente de Proexport, Juan Marín, dijo que «distintos sectores son los que han contribuido a que el Mar Menor no esté como debería», pero espera que se haga «un decreto justo para que el Mar Menor se salve y se pueda compatibilizar totalmente la agricultura con el resto de sectores».

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Murcia arremetió contra el Gobierno regional por «sumarse a la moda» de criminalizar al sector agrario como «cabeza de turco de todos los males del Mar Menor». Algo que es «injusto por falso». Así se manifestó su secretario general, Marcos Alarcón, en una rueda de prensa, donde se mostró «decepcionado» y «produndísimamente preocupado» tras comprobar que el decreto ley «lejos de regular con rigor las actividades excluidas de la vigente ley de medidas urgentes (todas menos el sector agrario), profundiza en las prohibiciones exigencias y limitaciones a los agricultores pasando de puntillas por el resto de actividades con impacto medioambiental». Según Alarcón, «a 500 metros del mar lo que hay plantados son algunos dúplex y chalés, que yo creo que algún impacto también tendrán».

También lamentó que «la interlocución mantenida con el sector agrario para la elaboración de este decreto ha sido mínima, sin presentar siquiera un texto del borrador sobre el que realizar una valoración». Asimismo, quiso dejar claro el compromiso de UPA «para colaborar y apoyar la puesta en marcha de medidas de pinturas que permitan tarde impacto medioambiental del sector agrario sobre la laguna salada a partir de una premisa básica: ha de ser un proceso justo en el que se garantice que en su tránsito no caigan los más débiles».

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de la Región (Frecom), a través de su presidente, José Hernández, dijo también este viernes que, si el Mar Menor no cuenta «de forma urgente con un modelo identitario de desarrollo y crecimiento presente y futuro», a la crisis medioambiental «habrá que sumarle una devastadora crisis económica en los municipios ribereños». Hernández hizo estas declaraciones ante el anuncio del Gobierno regional de aprobar el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor el próximo día 26.

En este sentido, mostró la preocupación por el estado de la laguna salada y destacó que herramientas como la Ley de Protección Integral del Mar Menor son «necesarias e imprescindibles». Sin embargo, cree que «también es preciso ahondar en acciones que permitan seguir generando desarrollo, crecimiento y riqueza en el entorno de la laguna».

Hernández matizó que ese modelo identitario «debe contemplar, como es evidente, legislación, pero también acción e implicación de todos los agentes sociales de la Región para que no se estanque y muera el desarrollo en la zona». Con su creación, añadió, «se tendrán las claves para que cada actividad económica se desarrolle, genere puestos de trabajo y mantenga el Mar Menor como atractivo turístico sostenible, al tiempo que se cuida y protege la laguna».