El letrado Arnaldos alega que entró en la desaladora «con todo ya decidido»

Andrés Arnaldos, el letrado al que desde la Fiscalía se atribuye un papel relevante en la supuesta trama montada en torno a la desaladora de Escombreras, vino a manifestar ayer en el juzgado que llegó al proyecto cuando ya estaba todo el pescado vendido, como se dice por estos lares. Y que la práctica totalidad de sus esfuerzos como secretario del Ente Público del Agua (EPA), desde junio del 2007 en que fue designado, se han venido centrando en tratar de buscar una solución a la desastrosa situación financiera en que se encontraba esa planta desalobradora, debido a compromisos firmados antes de su llegada, como el de abonar 600 millones de las arcas públicas, en un plazo de 25 años, por la explotación de las instalaciones.

Arnaldos, que compareció en calidad de investigado, aseguró que es incierto que participara en la constitución de la entonces mercantil privada Desaladora de Escombreras (DE) en enero de 2006, a instancias de las sociedades Cobra y Moncobra, pertenecientes al Grupo ACS. Así parecía deducirse del hecho de que el domicilio fiscal de DE estuviera fijado en su despacho legal de la calle Platería, pero sostuvo que fue dos años más tarde cuando se facilitó esa dirección, una vez adquirida esa sociedad por la Administración regional, con el único fin aparente de que las notificaciones pudieran ser recibidas con garantías. Antes de ello, explicó, DE tenía su sede en el polígono La Polvorista de Molina de Segura.

A partir de ahí, tras rechazar cualquier relación previa con los empresarios privados que impulsaron en origen esa desaladora, indicó que llegó al EPA en junio de 2007, sustituyendo a la anterior secretaria, María Antonieta Fernández, y que nunca ocupó el puesto de consejero, por lo que «tenía voz, pero no voto».

Fuentes próximas a las diligencias del 'caso La Sal', que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, explicaron que Arnaldos coincidió casi totalmente con el también imputado José Manuel Ferrer, exgerente del EPA, en que buena parte de sus esfuerzos se centraron en tratar de solucionar la complicada situación económica de la desaladora de Escombreras. Como ya hizo el exconsejero Antonio Cerdá en su declaración del martes, ambos atribuyeron a la crisis los problemas financieros de la planta, debido a que las urbanizaciones a las que iban a vender los caudales se quedaron sin desarrollar. «El proyecto estaba concebido en un principio para que no costara dinero a la Comunidad», vino a manifestar.

Por lo que se refiere a la firma de determinados compromisos que acabaron siendo especialmente gravosos para las arcas públicas, como el de abonar 600 millones en 25 años con la fórmula del 'take or pay' -que obligaba a realizar el desembolso aunque la planta estuviera parada-, el conocido abogado aseguró que ni siquiera los conoció en su día. «Se habían firmado cuando llegué al EPA», explicó. «Solo me los estudié a fondo los contratos cuando hubo que ejecutarlos, porque la construcción se retrasaba, y cuando las empresas privadas pusieron un pleito para reclamar los 600 millones», afirmó en el juzgado.

Entre las gestiones que habrían efectuado tanto Ferrer como Arnaldos para buscar soluciones a la situación de la desalobradora, y evitar el altísimo coste que está teniendo para las arcas públicas, señaló la búsqueda de inversores privados al margen del Grupo ACS y la renegociación del contrato a la baja, lo que no habría sido posible.

Respecto del hecho de que la Comunidad adquiriera en 2010 el 49% restante de la desaladora, en un momento en que ya era evidente que el proyecto era ruinoso, Arnaldos restó trascendencia a esa decisión y señaló que el objetivo era «quitarse de encima» a unos socios privados que no querían asumir la ampliación de capital para cubrir las pérdidas y los pagos pendientes.