UPA lamenta el «ensañamiento» del decreto del Mar Menor con los agricultores y tilda el 2019 de «año negro»

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Murcia arremetió en la mañana de este viernes contra el Gobierno por «sumarse a la moda» de criminalizar al sector agrario como «cabeza de turco de todos los males del Mar Menor». Algo que es «injusto por falso». Así lo manifestó en una contundente rueda de prensa el secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, quien se mostró «decepcionado» con el Ejecutivo de López Miras y «produndísimamente preocupado» tras comprobar que el decreto ley que prepara el Gobierno regional, «lejos de regular con rigor las actividades excluidas de la vigente ley de medidas urgentes (todas menos el sector agrario), profundiza en las prohibiciones exigencias y limitaciones a los agricultores pasando de puntillas por el resto de actividades con impacto medioambiental en el Mar Menor».

Según Alarcón, «a 500 metros del mar lo que hay plantados son algunos dúplex y chalés, que yo creo que algún impacto también tendrán», en referencia a la información publicada este viernes en LA VERDAD sobre las medidas que plantea el decreto. También lamentó Alarcón que «la interlocución mantenida con el sector agrario para la elaboración de este decreto ha sido mínima, sin presentar siquiera un texto del borrador sobre el que realizar una valoración».

También quiso dejar claro el compromiso de UPA «para colaborar y apoyar la puesta en marcha de medidas de pinturas que permitan tarde impacto medioambiental del sector agrario sobre la laguna salada a partir de una premisa básica: ha de ser un proceso justo en el que se garantice que en su tránsito no caigan los más débiles». Sin embargo, el líder de UPA en la Región cree que, con este decreto, serán precisamente los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, «los más débiles, los más agredidos»

Según criticó, «de la deficiente información verbal aportada sobre el decreto ley de protección integral del Mar Menor también se desprende la extensión de medidas a todas las superficies agrícolas desde la Sierra de Carrascoy hasta la ribera del Mar Menor, sin distinción de secano y regadío».

La crisis medioambiental y su impacto en el sector agrario (y viceversa) es solo uno de los motivos por los que Marcos Alarcón tildó este 2019 que está a punto de terminar como «un año negro para la agricultura y la ganadería familiar». La especulación agroalimentaria, las prácticas abusivas, disponibilidad de agua y la «parálisis administrativa» volvieron a poner en jaque al sector.

Especial mención merecen los retrasos en los pagos, como los de la Política Agraria Común (PAC) que gestiona directamente la Comunidad Autónoma y que aún están pendientes de recibir la inmensa mayoría de los beneficiarios, a diferencia del resto de agricultores del país. Según cifró el secretario general de UPA, son 11.500 expedientes por valor de 60 millones de euros los que aún están pendientes del cobro. También están bloqueados los expedientes de ayuda para la Modernización de Explotaciones y la Incorporación de Jóvenes relativos al año 2019, que tendrían que ponerse en marcha antes de que finalizase el año en curso.