Los juzgados de lo Civil de la Región son los que más tardan de todo el país en resolver los casos

Imagen de archivo de documentos pendientes en los juzgados de Murcia. /J. Leal
Imagen de archivo de documentos pendientes en los juzgados de Murcia. / J. Leal

Los 10,2 meses de espera que se deben asumir de media, para una sentencia en primera instancia, duplican incluso los tiempos de otras regiones

Alicia Negre
ALICIA NEGRE

La situación de la jurisdicción civil en la Región lleva años clamando una solución y las cifras no hacen sino empeorar. El último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), relativo a los datos del pasado año, sitúa los órganos civiles de la Comunidad como los más lentos del país.

Los murcianos deben armarse de paciencia y esperar hasta 10,2 meses de media para encontrar una primera respuesta a su demanda judicial en este ámbito, que incluye desahucios, reclamaciones de deudas, daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tráfico, tramitaciones de separaciones y divorcios, establecimiento de pensiones de alimentos para los hijos... La espera queda bastante alejada de la que sufren los manchegos (9,2 meses), que ocupan el segundo puesto en esta lista negra, e incluso duplica el tiempo medio de respuesta que estos órganos consiguen en otras regiones, como Asturias (4,4), Navarra (4,9), Cantabria (5,8) y La Rioja (5,8).

El tiempo medio de respuesta en los juzgados de lo Civil murcianos se estancó el pasado año en primera instancia, pero en segunda instancia vivió un nuevo repunte. De acuerdo con los datos que maneja el Poder Judicial, la espera, en el caso de que se quiera recurrir, aumenta otros 4,1 meses, un 6,4% más que solo un año antes. Un nuevo incremento que no hace sino lastrar aún más una jurisdicción ya muy castigada.

El Ministerio abrirá este año dos órganos civiles nuevos en Murcia y Molina, pero deja en el aire el de Cartagena

Una lista incompleta

Para tratar de paliar esta situación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó al Ministerio de Justicia que este año concediese dos nuevos órganos civiles para Murcia, uno mixto para Molina de Segura y un civil para Cartagena -además de un mercantil, con carácter regional, que tendría su sede en la ciudad portuaria-. Una 'wish list' de la que, por el momento, el Ministerio solo ha atendido una mínima parte. El presidente de TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, dejo patente hace unos días su «disgusto» y «preocupación» por el hecho de que «de los cinco nuevos juzgados cuya creación para 2019 se solicitó desde el TSJ, nos lleguen noticias desde el Ministerio de Justicia de que solo se crearán dos». En este caso, sería un civil para Murcia y un mixto para Molina, quedando en el aire el de Cartagena y un segundo para la capital. Por el momento, no hay visos de que pueda llegar un giro de última hora que permita a Cartagena abrir el ansiado órgano.

La tradicional lentitud de la Justicia murciana se vio agravada el pasado año, según advierte el CGPJ

La jurisdicción civil no es la única en la Región que adolece de una lentitud endémica. Prácticamente todas se ven afectadas por una ecuación marcada por la excesiva litigiosidad y la baja ratio de jueces por habitante. En términos generales, los órganos murcianos volvieron a colocarse el pasado año entre los que más tardan en resolver un caso. Los murcianos son, después de los manchegos, los españoles que más deben armarse de paciencia para encontrar una primera respuesta a su demanda judicial. Con una media de 6,5 meses -en Primera Instancia-, los tiempos de respuesta en los tribunales murcianos son los segundos más elevados del país -solo por detrás de Castilla-La Mancha-, según el informe del Consejo.

La espera es mucho más dilatada que la que se registra, de media, en el resto del país y que alcanza los 5,2 meses para la resolución de un asunto en Primera Instancia. Según se desprende del análisis del Poder Judicial, en algunas regiones, como Navarra o Asturias, la tardanza se reduce prácticamente a la mitad de la que soportan los murcianos y ronda los 3,3 y 3,7 meses, respectivamente.

Mejoras en lo Social

A la ya tradicional lentitud de los juzgados murcianos se suma, además, el hecho de que esta se volvió a ver agravada el pasado año. La duración media de los asuntos en la Región pasó de 6,3 meses en 2017 a los 6,5 meses que se dilataron los procedimientos el pasado año, un 1,9% más. El incremento es bastante inferior al registrado a nivel nacional, de hasta un 9,5%, pero también la situación de partida es más preocupante. En segunda instancia el incremento fue mucho más llamativo. Si en 2017 los recursos se hacían esperar de media 3,4 meses, el pasado año el tiempo medio de respuesta aumentó hasta los 4,2 meses, un 22,8% más -frente al 8,9% registrado a nivel nacional-. Las causas en el Supremo se retrasaron alrededor de 13,4 meses.

Aunque escasas, este último informe del CGPJ también trae algunas buenas noticias para la Justicia murciana, como la reducción de las esperas en los juzgados de lo Social. El tiempo medio de respuesta en estos órganos sigue rondando -en primera instancia- los diez meses, una cifra llamativamente elevada, pero que se redujo el pasado año hasta un 10,8%. Por el contrario, en segunda instancia la tardanza ha seguido aumentando, hasta un 23,4%. Ya alcanza los 9,7 meses de media.

Una litigiosidad en aumento

También para la jurisdicción contencioso-administrativa el 2018 trajo una reducción de los retrasos. Concretamente, el tiempo de respuesta pasó de 11,9 meses en 2017 a los 11,6 meses del pasado año, un 2,3% menos. Al igual que ocurrió en el ámbito social, la situación se descuadró en segunda instancia, donde creció la espera un 2%.

En lo Penal, por su parte, los murcianos suelen aguardar una media de 3,4 meses para una primera sentencia. Un tiempo que aumentó un 7,2% en el último año.

El análisis de los tiempos de respuesta de los tribunales murcianos no puede desligarse de la elevada tasa de litigiosidad que también lleva años acompañándoles y que sigue creciendo imparable. Con una media de 130,1 asuntos ingresados por cada mil habitantes, los tribunales murcianos volvieron a despuntar el pasado año como unos de los que más actividad registran del país. La tasa de litigiosidad queda todavía muy alejada de la nacional: 128,2 asuntos por cada mil habitantes. Es más, Murcia se erigió como la séptima comunidad con una tasa más elevada, después de Canarias (167,5), Andalucía (145,1), Asturias (136,2), Baleares (134,2), Cantabria (131,2) y la Comunidad Valenciana (130,6). La otra cara de la moneda la ocuparon regiones como La Rioja (88,7), Navarra (93,9) y País Vasco (94,4), con las ratios más bajas.

La lentitud de la que adolecen los juzgados de la Región tampoco puede entenderse sin abordar la baja ratio de jueces que la Comunidad sufre. Esta es una reivindicación histórica de la judicatura que, por el momento, apenas encuentra respuesta. El último informe anual del CGPJ reveló que Murcia cuenta con una tasa de 11,9 magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes, la cuarta más baja del país. La media nacional está en 12,5. Los 146 jueces y magistrados de la Región se siguen quedando escasos, año tras año, para hacer frente a las elevadas tasas de litigiosidad que afrontan los tribunales murcianos.

Cada magistrado ingresa hasta 1.290 casos en un año

Uno de los indicadores que se utiliza tradicionalmente para medir la calidad de la Justicia en una comunidad es el porcentaje de recursos que acaban siendo estimados. Aunque a lo largo del pasado año este porcentaje aumentó en la Región, actualmente ronda el 13,7%, de acuerdo con los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe. A nivel nacional, el porcentaje es algo mayor y supera el 16,2%. Otro de los indicadores de calidad que se manejan en este ámbito es el porcentaje de sentencias que son dictadas por jueces de carrera. En el caso de Murcia se trata de un 97,3%, un porcentaje que se encuentra por encima de la media nacional, que ronda el 90,6%. Este indicador, además, ha mejorado. El informe también recoge que cada juez murciano ingresa al año, de media, la friolera de 1.290 asuntos, 157 más que sus compañeros del resto del país. Según los datos que maneja el Consejo, los magistrados de la Región dictaron el pasado año unas 285 sentencias por cabeza, algo más que el año anterior.