Un juzgado lleva más de dos años a la espera de la grabación sobre un crimen
El letrado de la presunta homicida de San Pedro del Pinatar, que sigue encarcelada, muestra su malestar por el grave retraso en la investigación
Hace casi dos años y medio, el 22 de marzo de 2019, la ciudadana ecuatoriana Sofía Elizabeth R.B., quien en ese momento contaba ... 29 años de edad, acabó con la vida de su esposo en su domicilio de San Pedro del Pinatar. Durante una fuerte discusión, motivada en apariencia por los celos de la mujer, Esteban Patricio O., que tenía 32 años, recibió una cuchillada en el cuello y, con la aorta seccionada, murió desangrado en poco minutos sobre el suelo de la cocina del hogar familiar.
A día de hoy, la investigación judicial, asumida por el Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 4 de San Javier, sigue sin estar concluida y, consecuentemente, sin que la causa haya pasado a la Audiencia Provincial para fijar la fecha del juicio por el procedimiento del jurado que previsiblemente se celebrará. Aunque los juzgados de San Javier no se distinguen en general por su celeridad, ya que se trata de un partido judicial que genera una tremenda carga de trabajo y algunos de estos órganos se cuentan entre los más saturados de la Región, la razón del concreto retraso de estas diligencias parece obedecer a razones de otra índole.
En este crimen se da la circunstancia insólita de que el fallecido pudo haber grabado en vídeo su propia muerte. Tal cual. Todos los datos recabados por los investigadores de la Guardia Civil apuntan a que cuando se inició la discusión con su esposa, Esteban Patricio O. activó la cámara de vídeo de su teléfono móvil en un aparente intento de protegerse de una posible denuncia por maltrato. Y cuando el enfrentamiento verbal subió muchos enteros y Sofía empuñó un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, con el que hizo ademán de cortarse las venas, su compañero estaba registrando todo ello en la memoria de su 'smartphone'.
La acusada destrozó a golpes el teléfono móvil en un aparente intento de evitar que se conociera el contenido de la grabación
Una prueba de gran valor
Unos segundos después, Esteban se encontraba tendido en el suelo, inconsciente, con un profundo puntazo en el cuello por el que se desangraba. Pero hasta ese momento, su teléfono había estado aparentemente grabando la pelea conyugal, lo que a priori convertía ese documento gráfico en una prueba de extraordinario valor para esclarecer con la mayor certeza posible la manera en la que se había producido la muerte de este hombre.
La importancia de la grabación cobra todavía más valor si se tiene en cuenta que Sofía, quien en un primer momento declaró a los guardias civiles que había apuñalado a su marido cuando trataba de defenderse de una agresión machista, más tarde afirmó haberle herido de forma accidental cuando él trataba de quitarle el cuchillo para que no se autolesionara. En ningún caso asumió el más mínimo ánimo homicida, pese a lo cual lleva ya más de dos años encarcelada por los indicios existentes de que se trató de un homicidio.
Fue, además, la propia acusada quien destrozó a golpes el teléfono móvil de su marido mientras esperaba a que llegaran las asistencias sanitarias. Una acción que apunta a que no tenía interés alguno en que se conociera el contenido de la grabación.
Con todos esos elementos en la mano, y perfectamente consciente de la trascendencia que puede tener ese documento, el juez ordenó hace más de dos años a la Guardia Civil que hiciera cuantas gestiones fueran necesarias para recuperar ese documento de vídeo y lo remitiera con urgencia al juzgado. Pero a día de hoy, los especialistas del Área de Electrónica del Servicio de Criminalística no han dado respuesta al requerimiento, sin que se conozca si se debe a cuestiones técnicas o al posible exceso de trabajo que soporta la unidad.
Un asunto poco complejo
En estas circunstancias, el letrado Melecio Castaño, quien desde hace meses lleva la defensa de la sospechosa del crimen, ha expresado recientemente su malestar por esta situación y, en un escrito remitido al juzgado, recuerda que el procedimiento «sigue aún estancado en su fase inicial, cuando a estas alturas, después de transcurridos dos años y tres meses desde el acaecimiento de los hechos, podía haberse celebrado ya la vista oral».
Y advierte de que «las dilaciones están ya siendo de tales proporciones que el plenario –el juicio– se va a ver diferido a fechas de todo punto inaceptables para un asunto de gravedad en cuanto al fondo, eso sí, pero de escasa complejidad fáctica y procedimental».
El penalista reclama que se dé un impulso definitivo a las diligencias, sobre todo teniendo en cuenta que su clienta sigue en situación de prisión preventiva, y que se reclame de nuevo la urgente remisión del vídeo al juzgado.
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