La Justicia investigará si Educación prevaricó al retrasar pagos a interinos

Imagen de archivo de una protesta de interinos,/F. Manzanera/ aGM
Imagen de archivo de una protesta de interinos, / F. Manzanera/ aGM

Un juzgado abre diligencias previas tras una denuncia contra Martínez-Cachá y otros cargos de la Consejería

LA VERDAD

murcia. El Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha abierto diligencias previas para determinar si la exconsejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, y la directora general de Recursos Humanos, Juana Mulero, incurrieron en un posible delito de prevaricación administrativa al retrasar los pagos correspondientes a los meses de verano a 13 interinos pertenecientes a la asociación Aidmur.

El auto del juez llega a raíz de una denuncia de esta organización, que acusa a Martínez-Cachá y a la directora de Recursos Humanos de haber paralizado las solicitudes de cobro de estos interinos sin más motivo que la «profunda animadversión de la consejera» Martínez-Cachá hacia Aidmur.

El conflicto parte de una sentencia del Tribunal Supremo que, tras una denuncia precisamente de Aidmur, declaró ilegal la decisión de la Consejería de no pagar a los interinos los meses de verano de los cursos 2011-2012 y 2014-2015, cesándolos en junio para volver a contratarlos en septiembre. El Supremo consideró que esta práctica discriminaba a estos docentes frente al personal fijo. Tras esta sentencia, la Consejería y los sindicatos pactaron un calendario para ir abonando, hasta 2022, las cantidades adeudadas, pero Aidmur se desmarcó.

Trece interinos de esta asociación presentaron reclamaciones para el abono de los pagos, pero durante más de un año la Consejería no dio respuesta alguna a estas solicitudes. Según la denuncia, sí se tramitaron reclamaciones de otras entidades, lo que representaría una clara discriminación.

Aidmur denuncia que «la Consejería no ha realizado ni un solo acto destinado a tramitar las solicitudes» de los interinos de la asociación, «limitándose a guardarlas en un cajón indefinidamente». Una «práctica ilícita que es fruto de la profunda animadversión» de la exconsejera Martínez-Cachá, sostiene la denuncia.