La justicia europea abre la puerta a anular más de 3.000 hipotecas en la Región de Murcia

Protesta frente al TSJ, el pasado noviembre, a raíz de la sentencia del Supremo que cargó a los clientes el impuesto de las hipotecas. /Guillermo Carrión / AGM
Protesta frente al TSJ, el pasado noviembre, a raíz de la sentencia del Supremo que cargó a los clientes el impuesto de las hipotecas. / Guillermo Carrión / AGM

El Abogado General del TJUE reprocha falta de transparencia en la venta de préstamos ligados al IRPH

SALVADOR ARROYO / LVBRUSELAS / MURCIA

Que un índice sea oficial y, por tanto, se encuentre bajo el paraguas del Banco de España, no lleva aparejadas plenas garantías de transparencia y seguridad para el consumidor. Sobre esa tesis, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), aplicado a casi un millón de hipotecas en toda España y a más de 3.000 en la Región de Murcia, no está excluido del ámbito de aplicación de una directiva comunitaria que ya consideró abusiva la cláusula suelo, provocando un vuelco en el sistema bancario español. Esta es la dirección en la que apunta el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un informe conocido ayer, que parece allanar el camino para que los jueces nacionales puedan anular el IRPH de un contrato si determinan que existe un «potencial carácter abusivo» en sus condiciones.

Es una opinión de peso que, si finalmente es tomada en consideración por los magistrados de la Alta Corte de Luxemburgo -la sentencia definitiva sobre el IRPH se espera para finales de este año o principios del próximo- abriría la puerta a reclamaciones millonarias en los tribunales. Según datos de Adicae, en la Región de Murcia hay entre 3.000 y 3.600 clientes que podrían reclamar.

¿En qué consiste este índice de referencia?

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) es un indicador oficial que elabora mensualmente el Banco de España. Fue creado en 1994 ante la necesidad de fijar una nueva referencia adicional al míbor, que fuera más estable, transparente y comparable a nivel europeo. Aunque desde 2002 las hipotecas a tipo variable se calculan con la referencia del euríbor a un año (oficial desde 1999), el IRPH es la segunda referencia más utilizada. El indicador resulta del cálculo del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España.

Las reclamaciones por su uso como índice principal se desencadenan principalmente entre 2013 y 2016, cuando se estabilizó en valores próximos al 2%, mientras que el euríbor empezó a aproximarse a cero, hasta entrar en terreno negativo. Esto supuso que, en el caso del IRPH, las cuotas hipotecarias se mantuvieran estables e incluso se elevaran, mientras que con el euríbor, se han ido reduciendo de forma considerable.

La justicia europea daría así un vuelco a la situación actual, dado que el Tribunal Supremo ha avalado la actuación de la banca española, al considerar que el IRPH no se veía afectado por el decreto de cláusulas abusivas al estar fijado por ley. Algunos tribunales de primera instancia de la Región de Murcia dieron la razón a los clientes, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha terminado por ajustarse a la jurisprudencia del Supremo, tumbando las reclamaciones. Aproximadamente se han emitido una veintena de sentencias en Murcia. Al IRPH, una de las seis referencias legales que los bancos podían aplicar a las hipotecas, se encuentran expuestos los cinco 'colosos' del país con un total de 16.300 millones en créditos: CaixaBank (6.500), Santander (4.300), BBVA (3.100), Bankia (1.600) y Sabadell (830). A ellos habría que añadir otros 727 millones de Kutxabank, según la plataforma Stop IRPH.

El letrado considera que el indicador no está excluido del ámbito de aplicación de la directiva que ya tumbó las cláusulas suelo

El TSJ ha seguido hasta ahora la jurisprudenciadel Supremo, que rechaza las reclamaciones

De momento, la opinión preceptiva del Abogado General, que no vinculante, invalida lo defendido por España y la propia banca durante la vista oral celebrada en febrero en Luxemburgo. El letrado autor del informe, el polaco Maciej Szpunar, se muestra en desacuerdo con lo que allí se argumentó: que el IRPH «era un índice oficial no elaborado por los operadores de mercado, lo que lo hacía objetivo y transparente» y que, en todo caso, la supuesta abusividad se referiría a un hecho posterior a los contratos: el desplome del euríbor durante la crisis.

En pleno 'boom'

El IRPH se expandió en pleno 'boom inmobiliario' bajo la premisa de que era mucho menos volátil que el euríbor. Pero cuando este se retrajo, el IRPH se mantuvo muy por encima debido a que se calcula con la media de los tipos que aplican las entidades, con diferenciales y comisiones incluidos. De ahí que los titulares de préstamos ligados al indicador hayan pagado unos 25.000 euros más de media por hipoteca, entre 250 y 300 euros mensuales de sobrecoste. Szpunar no cuestiona su legalidad, tampoco se aventura a declarar nulo el índice de un Estado miembro ni se arriesga a aseverar la forma en la que los perjudicados deberían ser compensados por los sobrecostes. Pero en su informe de conclusiones de 33 páginas remarca que es «indispensable que el correspondiente Derecho nacional garantice efectivamente la plena aplicación de la directiva, que la situación jurídica que resulte de dicho Derecho sea suficientemente precisa y clara y que se permita a los beneficiarios conocer la totalidad de sus derechos y, en su caso, invocarlos ante los tribunales nacionales».

A partir de ahí, recomienda al tribunal que atienda la tesis de que son los jueces nacionales los que tienen que «efectuar el control de la transparencia de la cláusula controvertida y verificarla teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato». Incluye incluso las recomendaciones de lo que debería ser una información detallada y clara para los consumidores (entre las que figuraría el modo en el que ha ido evolucionando este índice y el método de cálculo del tipo de interés). Dice, en definitiva, que el consumidor debería estar en condiciones de valorar «basándose en criterios precisos e inteligibles» las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación del índice. Algo que, desliza, no siempre habría sido así. Porque, de hecho, recomienda a los jueces nacionales que vayan más allá. Y aun cuando confirmen que ha sido clara y comprensible la redacción de las cláusulas contractuales, entren en «el fondo» y calibren «la posible existencia de un desequilibrio importante causado, en detrimento del consumidor».

El IRPH llegó a la justicia europea como una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona. Un cliente suscribió un contrato hipotecario con ese índice por importe de 132.222,66 euros con Bankia para financiar la adquisición de una vivienda. El afectado denunció «la opacidad» de la entidad sobre su cálculo y variables argumentando que había sufrido un perjuicio (frente a si se le hubiera aplicado el euríbor) de entre 18.000 y 21.000 euros. Szpunar no es determinante sobre si Bankia fue transparente en ese caso concreto.

La banca se aferra a que los jueces decidan «caso a caso»

La resolución del abogado general de la UE ha sido un varapalo para la banca a cuenta de la venta de hipotecas con IRPH. Pero podía haber sido peor. Es la impresión que subyace en las entidades del sector, donde son conscientes de que en la judicialización del conflicto tienen más posibilidades de ganar que de perder. Porque ese es el final del camino al que llevaría una resolución del Tribunal de Luxemburgo si asume el criterio del letrado.

En un comunicado conjunto, las patronales bancarias AEB y CECA recuerdan que la resolución del abogado «reafirma que son los tribunales españoles los competentes para analizar en cada caso particular» el cumplimiento de la normativa de transparencia y buenas prácticas.

«No ha sido una resolución satisfactoria», indican los grandes bancos afectados por esta problemática que les puede impactar hasta en 44.000 millones de euros por sanciones y devoluciones. Sin embargo, consideran que los argumentos del abogado de la UE «son coherentes» en la medida en que ha derivado a los juzgados españoles la posibilidad de anular esas hipotecas. «Tendrán que verlo en cada caso», apuntan estas fuentes, donde indican que el Tribunal Supremo «ya ha valorado esta cuestión apoyando» la aplicación del IRPH hipotecario. Si todos los potenciales afectados acudieran a los tribunales, cada juez dictaría un fallo sobre la comercialización de ese índice en su momento, sin que sea una causa general. Y ahí la banca sabe que el hastío de los tiempos judiciales y el importe de las costas desgasta a los clientes.

«Información accesible»

Entre los argumentos esgrimidos por el abogado general comunitario, de los que la banca se ha valido para justificar su postura, se encuentran algunos como el hecho de que «la carga económica del IRPH podía ser prevista y calculada por el consumidor»; que la información sobre este índice «era accesible como consecuencia de su publicación en el BOE» de forma periódica; que esa misma publicación oficial permitía a los clientes realizar sus propios cálculos sobre la evolución del índice y de la cuota hipotecaria a pagar; o la conclusión final de que «la entidad cumplió la exigencia de transparencia» impuesta por la directiva europea.

La interpretación de la resolución del abogado ha sido tan poco preocupante para el sector que, aunque sus acciones cayeron de forma repentina nada más conocer el veredicto, después se fueron recuperando al analizar la exposición de motivos.