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La abogada María José Sánchez explica a su cliente los términos de un acuerdo.
La abogada María José Sánchez explica a su cliente los términos de un acuerdo. martínez bueso

La justicia más cercana se harta

A los abogados del turno de oficio, que atendieron casi 20.000 solicitudes de justicia gratuita el pasado año, se les acaba la mecha

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Lunes, 11 de marzo 2019, 08:15

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María José González se conoce los vericuetos del juzgado de guardia como la palma de su mano. Sabe que las soluciones no siempre son fáciles y que, en el día a día, toca batallar. Mientras esta abogada anda ligera de despacho en despacho, un jornalero marroquí le aguarda impaciente sentado en un banco del pasillo. Una patrulla le sorprendió conduciendo ebrio -arrojó un resultado de 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado- y ahora se enfrenta a la retirada del carné de conducir y a una jugosa multa. Enarbolando los escasos ingresos mensuales que consigue en el campo, María José logra alcanzar un acuerdo con el fiscal que permite a su cliente salir algo más airoso, con ocho meses de retirada del permiso y una multa de 600 euros que podrá abonar en hasta cinco plazos.

Esta abogada vivaracha y locuaz lleva 26 años deslizándose por los pasillos de los tribunales. En esos años, ha compatibilizado el día a día de su despacho con el desempeño de su labor como letrada del turno de oficio. Un trabajo, en ocasiones duro, que, lamenta, «se paga poco, tarde y mal», pero que ejerce de manera absolutamente vocacional. «Es mi ONG particular», remarca sonriente, con un punto de ironía. «Una forma de estar en contacto con los problemas del día a día y de ayudar a la gente».

María José es uno de los 1.037 abogados que actualmente conforman el turno de oficio del Colegio de Abogados de Murcia -en toda la Región de Murcia suman 1.456, de acuerdo a los datos del Consejo General de la Abogacía-. Este servicio cubre las demandas de justicia gratuita en guardias de 24 horas los 365 días del año. El Colegio murciano recibió el pasado año 19.935 solicitudes de justicia gratuita, un 6,4% más que en 2017. En lo que va de año -desde el 1 de enero al 6 de marzo-, el organismo ha contabilizado ya 3.110 de estas solicitudes.

Los letrados murcianos cobran por algunos asuntos menos de la mitad que quienes prestan este servicio en otras comunidades

La cifra, aunque muy elevada, se sitúa a años luz de los números que este servicio soportó durante los años duros de la recesión, cuando por las manos de estos profesionales pasaron numerosos casos de divorcios y pensiones de alimentos, trabajadores que reclamaban salarios adeudados o indemnizaciones por despido... «Esto fue un boom durante la crisis», recuerda Francisco Bermejo. Este letrado acumula ya más de dos décadas de experiencia como letrado de oficio, un tiempo en el que, asegura, se ha visto implicado en todo tipo de asuntos, desde pequeños hurtos y ventas de droga al menudeo hasta homicidios y agresiones sexuales.

Guardias de 24 horas

La oficina del Servicio de Orientación Jurídica que el Colegio tiene en el Palacio de Justicia de Murcia comienza a llenarse poco antes de las nueve de la mañana. La guardia obliga a los letrados que conforman el servicio a estar operativos desde esa hora hasta las nueve de la mañana del día siguiente. 24 horas ininterrumpidas. Cada uno de ellos tiene una función asignada y aguardan pacientes las primeras llamadas.

María José López lamenta que «a veces te llegan situaciones desgarradoras que te tocan el corazón»

Joaquín Lisón se encarga esta mañana de la asistencia a seis detenidos en la Ciudad de la Justicia de Murcia. Este letrado, que cuenta con una década de ejercicio a sus espaldas y unos siete años prestando justicia gratuita, acompaña en la toma de declaración a tres detenidos por conducción etílica, dos por hurto y un sexto por no acudir a los trabajos comunitarios que se le impusieron en una anterior visita al juzgado. Una jornada maratoniana que le obliga a recorrerse los juzgados y que le mantiene ocupado hasta bien entrado el mediodía.

Tarifas por procedimiento en la Región

  • Procedimiento con tribunal del jurado 405,69 euros

  • Procedimiento penal de especial complejidad 360,61

  • Procedimiento penal general 324,54

  • Procedimiento abreviado 270,00

  • Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a detenido 273,38

  • Expediente de vigilancia penitenciaria 137,03

  • Asistencia a la comparecencia de la orden de protección 81,14

  • Juicio faltas (Delitos leves) 94,50

  • Juicio ordinario (Civil) 320,87

  • Juicio verbal (Civil) 202,50

  • Juicio completo de Familia contencioso 270,00

  • Medidas provisionales en asuntos de Familia 72,12

  • Juicio completo de Familia de mutuo acuerdo 162,00

  • Recurso contencioso-administrativo 238,00

  • Procedimiento íntegro en Social 158,66

Divididos por especializaciones, estos letrados atendieron el pasado año a 7.279 detenidos y prestaron asistencia a unas 2.000 mujeres que decidieron denunciar malos tratos. Además, el servicio de orientación jurídica (SOJ) prestó asesoramiento en 2018 a unos 12.600 ciudadanos que tocaron a la puerta del Colegio reclamando ayuda. Este año ya han pasado por sus instalaciones 2.520 personas. «Cada día atendemos a unas 35 personas, fundamentalmente por divorcios, separaciones, desahucios, asuntos laborales...», explica María José López, una letrada que lleva 18 años batallando entre las paredes de esta oficina. «A veces te llegan situaciones desgarradoras que te tocan el corazón», lamenta esta profesional. «Te sientes impotente porque, en ocasiones, aunque quieres ayudar no puedes».

«Yo no me tomo el turno de oficio como algo para ganar dinero, porque con lo que se cobra apenas puedes pagar la luz del despacho», recalca el letrado Joaquín Lisón

Cuando flaquea el bolsillo, contratar los servicios de un letrado es un lujo al que no todos pueden acceder. La justicia gratuita es, no obstante, un servicio no abierto a todo el mundo. Cualquiera puede, en principio, disfrutar de un abogado de oficio, pero para que éste no le suponga ningún coste hay que acreditar que los recursos económicos de la unidad familiar no superan el doble anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); esto es, un salario que ronde los 1.060 euros y 14 pagas. Pese a acreditar esa situación económica, el acceso a este servicio se podría denegar en el caso de una persona que, pese a cumplir con los requisitos salariales, muestre «signos externos de riqueza», esto es, que posea numerosas propiedades suntuarias o coches de alta gama.

Las «penosas» minutas que perciben por sus servicios y los cuatro meses de impagos que ya acumula el Ministerio conducen a este colectivo de 1.500 letrados a estudiar medidas de presión

La justicia gratuita se presta, además, a trabajadores que se enfrentan a litigios laborales o a extranjeros con procesos que pueden implicar su expulsión o prohibición de entrada al país -sin necesidad de acreditar insuficiencia de medios-. Los abogados de oficio también tienden una mano a las víctimas de violencia de género. No en vano, el Colegio de Abogados de Murcia tiene asignados diariamente tres profesionales que están localizables las 24 horas del día por si alguna mujer decide denunciar a su pareja o expareja y necesita asesoramiento.

Estos profesionales atendieron el pasado año a alrededor de 2.000 maltratadas

Esa es la función que hoy tiene asignada la letrada Eva Cavas, que cuenta con doce años de experiencia en los tribunales, gran parte de ellos adscrita a este colectivo. El servicio le obliga a desplazarse esta mañana al cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco para acompañar en el trance a una vecina que ha decidido denunciar a su expareja por supuestos insultos y acoso a través de las redes sociales. «Tuve claro desde el principio que quería estar en el turno de oficio», confiesa la letrada. «Para mí es algo más altruista que otra cosa».

Asimetría entre regiones

Las ganas de prestar un servicio social también empujó a este grupo al letrado Joaquín Lisón y a muchos de sus compañeros. «Yo no me tomo el turno de oficio como algo para ganar dinero porque con lo que se cobra apenas puedes, con suerte, pagar la luz del despacho», recalca.

Aunque la vocación suele guiar a la mayoría de los abogados adscritos a este servicio, las quejas sobre las minutas que se abonan son recurrentes. Durante años, los colegios de abogados de la Región han clamado contra los «penosos» pagos del turno de oficio. Tramitar todo un proceso contencioso de Familia -un divorcio- supone para estos letrados una compensación de 270 euros, llevar adelante un juicio de faltas, 94,50 euros y un juicio rápido penal -con asistencia a detenido-, 273,38 euros. Algunos de los casos que llegan a manos de estos letrados se despachan con rapidez, pero otros muchos exigen de una entrega que, remarcan, no se corresponde con la remuneración que reciben. Defender un procedimiento con tribunal popular acarrea para ellos unos 405 euros y conduciendo un asunto de especial complejidad ante la Audiencia Nacional solo lograrán embolsarse 360 euros. Una cantidad irrisoria si se compara con las minutas que reciben algunos letrados en su ejercicio privado.

La situación, además, varía considerablemente en función de la comunidad autónoma en la que se presta el servicio. De acuerdo con los datos facilitados por el Colegio, los abogados del turno de oficio en la Región -al igual que el del resto de autonomías que no tienen transferidas las competencias en Justicia, es decir, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- pueden cobrar por algunos asuntos menos de la mitad que los letrados que prestan este servicio en otras comunidades.

Esta asimetría entre regiones se aprecia claramente, por ejemplo, en la jurisdicción civil. Actualmente, los letrados murcianos perciben 270 euros por llevar un juicio completo de Familia que no cuente con el acuerdo entre la pareja. En algunas comunidades que sí tienen transferidas las competencias, la cifra se eleva notablemente. Es el caso, por ejemplo, de Madrid, que, con 400 euros, duplica la cifra murciana; de Cataluña, donde los abogados cobran 408 euros; o del País Vasco, que se lleva la palma con hasta 562 euros por prestar el mismo servicio.

En la jurisdicción social, las diferencias también son notables. Dirigir un procedimiento íntegro, por ejemplo, de despido supone para uno de los letrados que integran el turno de oficio en la Región embolsarse 158,6 euros. Una cantidad bastante similar a la que cobran los compañeros de Andalucía (148 euros) o Cantabria (145 euros), pero muy inferior a los 258 euros que perciben los profesionales en Galicia.

La tramitación de un recurso en la vía contencioso-administrativa es otro de los procedimientos donde se perciben claramente las diferencias entre territorios. En Murcia, actualmente este paso conlleva el cobro de 238 euros. En Canarias, Galicia y Valencia, sin embargo, se llega a cobrar hasta 324, 338 y 374 euros, respectivamente.

Gráfico.
Gráfico.

A la indignación que la abogacía murciana arrastra desde hace años por el escaso pago de estos servicios se suma ahora el disgusto generalizado por los retrasos en el pago por parte del Ministerio de Justicia. El Estado adeuda los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, calcula que la cantidad adeudada solo a los letrados pertenecientes al organismo que preside ronda los dos millones de euros.

Una huelga improbable

El Ministerio ha tratado de dar respuesta a este problema con la aprobación de un real decreto. La situación de 'impasse', que por el momento no tiene fecha de resolución, derivó sin embargo en una reunión entre los decanos de los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca, Francisco Martínez-Escribano, Antonio Navarro y Ángel García, respectivamente. Los tres representantes anunciaron que se reunirán con todos los candidatos a las elecciones autonómicas para acercarles su problema y que crearán un observatorio para velar por el turno de oficio. La posibilidad de una huelga queda, por el momento, descartada. «Tenemos claro que no adoptaremos medidas que sean ilegales y que acaben perjudicando al ciudadano», recalca Martínez Escribano.

María José, Francisco, Joaquín y Eva son solo un ejemplo de las caras que se encuentran tras un turno de oficio que, cada año, permite que más de 19.000 personas puedan acceder a una justicia que, a tenor de sus recursos económicos, les estaría vetada. Son la llave que abre los tribunales a los más necesitados. Una justicia, realmente, para todos.

«El retraso supone un desprecio mantenido a nuestra profesión»

El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, no esconde su malestar por la situación en la que se haya sumido el turno de oficio en la Región, con hasta cuatro meses de impago. «Hemos sufrido retrasos muy importantes y muy seguidos», remarca. «Supone un desprecio mantenido a nuestra profesión».

Martínez-Escribano lamenta, además, la falta de implicación de los partidos políticos en la denuncia de esta pr0blemática. «Todo el mundo se pone la medalla por la lucha contra la violencia de género, pero los letrados que atienden a la víctima y al detenido en estos casos aún no han cobrado».

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