El juicio por el 'caso Pasarelas' contra el expresidente Sánchez arrancará el 17 de diciembre

La vista oral se celebrará ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que preside el magistrado José Luis García, y se prolongará en principio a lo largo de tres sesiones. Así lo establece la diligencia de ordenación que acaba de dictar esta sala y que ayer fue notificada a las distintas partes del proceso.

El 'caso Pasarelas' es el primero que llega a juicio de los tres procedimientos penales que tiene en marcha el expresidente Sánchez, quien también está encausado por los casos denominados 'Púnica' y 'Auditorio', ambos ya en su última fase antes de la apertura de la vista oral.

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y una de las acusaciones particulares, la que ejerce el letrado Ginés Ruiz Maciá en nombre de Podemos, tienen previsto solicitar tres años y medio de prisión para el exjefe del Ejecutivo murciano, además de penas de inhabilitación que alcanzan los trece años.

Más elevadas son las condenas que reclamará el letrado Marcos Sánchez Adsuar, quien actúa en nombre de un exconcejal socialista de Puerto Lumbreras y que estima que Sánchez debería ser castigado con seis años de cárcel y catorce de inhabilitación.

En lo que sí coinciden estas tres acusaciones es en el relato provisional de hechos. Básicamente vienen a sostener que a finales de 2005 el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, efectuó un encargo verbal al arquitecto Martín Lejarraga para que redactara la documentación necesaria para solicitar una subvención a la Administración regional. Todo ello con el objetivo de remodelar el área de la rambla de Nogalte, reformando los puentes y pasarelas y embelleciendo el entorno. La petición al arquitecto se habría realizado -sostienen las acusaciones- sin iniciarse expediente alguno de contratación y sin informe técnico o jurídico que ofreciera respaldo formal al encargo. En marzo de 2006, un informe técnico de la Consejería de Obras Públicas rechazaba incluir en la subvención los 52.000 euros de la redacción del proyecto y de la dirección de obra que Lejarraga habría presupuestado.

Lo que habría hecho Sánchez, con el fin de abonar esos trabajos, fue «afirmar falsariamente que el Ayuntamiento pensaba acometer un proyecto de acondicionamiento (de la rambla de Nogalte) y que para ello se precisaba encargar la redacción de unos estudios previos al proyecto, y que el arquitecto había hecho una oferta al Consistorio para encargarse de esos trabajos».

Presuntamente, ni era cierto lo de los estudios previos, ya que la mayor parte del trabajo técnico estaba realizado con antelación, ni que existía oferta de Lejarraga al Ayuntamiento para presentarle sus ideas.

A partir de ahí, Sánchez habría acordado con ese profesional que presentara varias facturas, todas ellas por menos de 12.020 euros para evitar sacar el contrato a concurso, hasta completar los honorarios de cerca de 50.000 euros por los trabajos ya realizados en fecha anterior.

Lejarraga acompañará a Sánchez en el banquillo, con peticiones de pena de entre nueve y veinte años de inhabilitación, aunque el letrado Sánchez Adsuar le reclama además dos años de prisión por supuesto fraude a la contratación.

La defensa de Sánchez aprovechará la primera jornada para realizar un último intento de evitar la vista oral, aduciendo que los delitos de que se acusa al antiguo alto cargo murciano habrían prescrito.