Juezas alertan del peligro de ocultar la violencia contra la mujer con eufemismos

Ángeles Carmona. /Elvira Megías
Ángeles Carmona. / Elvira Megías

En su comunicado en alusión a la postura de Vox en Murcia, muestran su indignación por la invisibilización del eslabón más débil de la familia, los menores

EFE / EPMadrid

La Asociación de Mujeres Juezas de España alertan del «peligro» de aquellos posicionamientos que niegan la violencia sistemática, histórica y estructural contra las mujeres que «intentan ocultar con eufemismos como violencia intrafamiliar», en alusión al posicionamiento de Vox, defendido en Murcia por el PP.

En un comunicado, recuerdan que, desde 2013, 29 niñas y niños han sido asesinados y 221 han quedado huérfanos a causa de la violencia de género, el último caso el pasado viernes con el asesinato en Beniel de un niño de 10 años a manos de su padre, de 39, que luego se suicidó y quien había sido detenido hace unas semanas por quebrantar la orden de alejamiento de su exmujer.

Precisamente, en el Parlamento de Murcia, donde se aprobó la investidura como presidente el candidato del PP Fernando López Miras, el portavoz de Vox, Juan José Liarte, insistió en equiparar la violencia machista con la «intrafamiliar» al afirmar que la ley actual «empuja a pensar» que casos como el ocurrido en Beniel son violencia machista. López Miras defendió en su discurso ese punto de su acuerdo de investidura con Vox, cuestión que en su opinión «ha sido objeto de críticas injustas».

«Confundirla con la violencia doméstica es una falta de formación total», afirma Carmona

Al respecto, la asociación alerta del «peligro que supone la confusión que causan en la sociedad aquellos posicionamientos que niegan la violencia sistemática, histórica y estructural ejercida contra las mujeres y el cuestionamiento de los instrumentos jurídicos para combatirla». Manifestaciones que, añaden, «intentan ocultarla con eufemismos como 'violencia intrafamiliar', dando soluciones uniformes a problemas diversos, y que requieren de tratamientos específicos».

Respecto a los menores, la asociación muestra su «indignación» ante «la invisibilización de la violencia contra niñas y niños» que «son el eslabón más débil en la estructura familiar», pese al «clamor de las denuncias interpuestas por sus madres alertando del peligro»

Batería de medidas

Ante esta realidad, proponen una batería de medidas que van desde la asistencia y protección específica efectiva a los menores hasta una reforma del Código Penal y el Estatuto de la Víctima para reconocerles como tal, así como ampliar la competencia de los juzgados en materia de violencia contra la mujer a todos los delitos machistas.

También aboga por obligar a los órganos judiciales a realizar un seguimiento periódico de la evolución del régimen de visitas del padre con sus hijos e, incluso, suspender dicho régimen en los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con la violencia.

Sobre la misma cuestión abundó ayer Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una entrevista concedida a EP, ya que sostiene que «confundir la violencia de género -la que sufren las mujeres de parejas o exparejas- con la violencia doméstica o intrafamiliar -contempla a todas las víctimas de violencia en el ámbito doméstico- en pleno 2019 supone una falta de formación total y absoluta», subraya.

Así lo ha manifestado tras ser preguntada sobre la postura de Vox, que en reiteradas ocasiones ha cuestionado la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004. Esta norma tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres». Sus hijos menores de edad también están reconocidos oficialmente como víctimas.

Según defiende Carmona, «la violencia de género tiene unas raíces completamente diferentes a la 'intrafamiliar' y merece un trato diferenciado». Y hace hincapié en que lo afirma el Tribunal Constitucional (TC), que avaló varias veces la ley contra la violencia de género que contempla un aumento de penas cuando el maltratador sea hombre.

El tribunal de garantías, destaca, «justifica» el tratamiento diferenciado por género para estos delitos «porque afectan a las mujeres de manera desproporcionada». Además, también está amparado por el Tribunal Supremo, con sentencias que «justifican plenamente» este trato distinto.

La juez también rechaza que se cuestionen las denuncias que las mujeres interponen por delitos de violencia de género. A su juicio, decir que la «mayoría» son falsas no está amparado por los datos y, además, supone acusar de prevaricación a los alrededor de 1.500 jueces y 1.500 fiscales que tratan violencia de género en distintos juzgados. «¿Se han puesto de acuerdo para prevaricar? Es impensable», argumenta.