La jueza reactiva el caso del Puerto de Cartagena y el fiscal pide prorrogar la investigación

Las diligencias penales, iniciadas por una querella de la Fiscalía General del Estado (propiciada por denuncias de Comisiones Obreras y UGT), abarcan los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, información privilegiada / revelación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documento público. Los hechos sobre los que el Ministerio Público halló indicios de criminalidad tuvieron lugar entre los años 2015 y 2021.

La nueva titular del juzgado, Consuelo Andreo –quien asumió la instrucción realizada desde enero de 2023 por Virginia Urrea– ha fijado para abril tres declaraciones de testigos pendientes. En una providencia dictada el pasado 3 de enero, Andreo fija para el 8 de abril las comparencias de E. L. N., jefa de División de Relaciones Institucionales y de Comunicación del Puerto, y de J. M. V. S., representante de la empresa Informática Tecnológica y Empresarial Slut (IT4); y para el día 9 de J. A. S. R., jefe de Departamento de Sistemas de la Autoridad Portuaria.

Según fuentes conocedoras del caso, la fijación de estas fechas avanza que la jueza atenderá la solicitud del fiscal especial anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, de declarar compleja la causa para poder prorrogar las pesquisas. A la petición se sumaron las acusaciones particulares y las defensas, que como el fiscal consideran clave un nuevo informe de los agentes de la Policía Nacional.

Agentes del grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Comisaría de Cartagena analizan 500 gigabytes de datos en archivos, carpetas, ficheros y correos electrónicos. La Fiscalía considera clave tener este informe, en prevención de posibles nuevas diligencias y tomas de declaración.