La jueza encamina a Sánchez al banquillo por el 'caso Guardería'

En un auto, fechado este lunes y al que LA VERDAD ha tenido acceso, la instructora ordena continuar la tramitación de este caso por el procedimiento abreviado, lo que viene a equivaler al procesamiento. En concreto, aprecia indicios suficientes de la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la gestión que se hizo del proyecto de edificación de un centro para la infancia y de uno para la mujer en Puerto Lumbreras.

La jueza, en su escrito, que fue notificado a las partes ayer, apunta a trece procesados, entre ellos varios concejales y la exsecretaria municipal accidental que ya le acompañó en el banquillo en el 'caso Auditorio'. La magistrada señala, sin embargo, a Sánchez como «principal precursor de todos y cada uno de los proyectos que han sido objeto de investigación». Subraya que «no hay nada más que observar que todas las decisiones de importancia vienen avaladas por su firma».

En un detallado auto de 31 folios, la jueza explica que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras solicitó en el año 2005 subvenciones para la construcción de tres proyectos en un mismo terreno: un centro de atención a la infancia, uno para la conciliación de la vida laboral y familiar y un centro de atención a la mujer. Relata que estos proyectos se presentaron «de forma autónoma» a diferentes entidades autonómicas y estatales, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006, para obtener distintas subvenciones, y desgrana las diferentes maniobras que los procesados presuntamente urdieron para conservar y justificar esas subvenciones públicas.

La jueza hace hincapié en que, respecto al centro de conciliación, la documentación que obra en la causa «es un expediente simulado que se confeccionó para poder justificar la subvención y cuyo montante económico no se invirtió en la obra. Remarca que tanto el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, como la arquitecta directora de obra, el arquitecto técnico, un técnico del Ayuntamiento y el representante de la mercantil Urdecon «faltaron a la verdad y no se ajustaron a la realidad cuando manifestaron haber ejecutado y recepcionado el centro de conciliación de la vida laboral y familiar de conformidad al proyecto presentado».

En cuanto al proyecto del centro de atención a la infancia, al que la Comunidad concedió una subvención cercana al medio millón de euros, la jueza explica que hubo un concurso al que se presentó Urdecon junto a otra empresa y que acabó con la adjudicación a la primera. Subraya que se trató de «una decisión manifiestamente arbitraria, injustificada y carente de motivación». La magistrada va más allá y asegura haber llegado a la «determinación» de que «la totalidad de los integrantes eran conocedores de la necesidad de que fuera Urdecon la ganadora, dado que la misma sería la que se encargaría de acometer los tres proyectos, simulando la obra del centro de conciliación, que no llega a ejecutarse, y los modificados de obra del CAI y del Centro de la Mujer, que no obedecían a causa justificada alguna». Concluye que «cualquier otra elección comprometía a todos los implicados en los hechos».

La instructora otorga ahora un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que formulen sus escritos de acusación, si así lo estiman, o bien pidan el archivo de las actuaciones. La resolución es recurrible en reforma ante el propio juzgado y en apelación ante la Audiencia. Según explicaron fuentes judiciales, Sánchez volverá a confiar su defensa en José Antonio Choclán, mientras que algunos concejales han contratado ya los servicios del penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz.