La juez tumba el caso de «la mayor trama de tráfico de cobre robado» en la Región

Guardias civiles, en una operación sobre robos de cobre. / g.c.
Guardias civiles, en una operación sobre robos de cobre. / g.c.

Después de casi nueve años de investigación, la instructora no ve indicios de receptación, fraude, blanqueo y falsedad

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Miles de folios acumulados en casi cuarenta tomos y nueve años de investigación judicial sobre la que fue considerada «la mayor trama de compraventa ilegal de cobre desmantelada en la Región», con 24 imputados y diez toneladas de metal intervenidos, acaban de reducirse a la nada por el efecto de un auto, de solo dos folios de extensión, por el que la juez instructora ordena el sobreseimiento del asunto. «De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito», viene a sostener, lacónicamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que añade: «No existen motivos suficientes para dirigir la acusación contra persona determinada por un posible delito contra la hacienda pública, ni tampoco por el posible delito de receptación, dado el resultado de las pruebas practicadas». En concreto, señala que no se ha acreditado que las sospechas de robo de cobre se hayan plasmado en sentencias firmes y resalta que el informe definitivo de la Agencia Tributaria, dirigido a establecer si los sospechosos de la compraventa de ese material habían cometido un fraude fiscal, tampoco ha hallado datos para mantener la acusación.

La operación que dio origen a estas diligencias se desarrolló en el año 2010, a raíz de la detención de dos vecinos de la zona de Moratalla, que se dedicaban a prender fuego a los montes para distraer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que aprovechaban presuntamente para saquear instalaciones eléctricas. El cable de cobre sustraído habría sido vendido de forma ilegal en una chatarrería de Cabezo de Torres, cuyos dos máximos responsables, los hermanos J. J. O. M. y J. O. M., de 58 y 47 años, respectivamente, fueron arrestados y acusados de presuntos delitos de receptación, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La operación fue bautizada 'Molino', como el nombre de la sierra que quemaron los sospechosos de saquear numerosas instalaciones eléctricas

Más de 160 toneladas

La Guardia Civil, que impulsó la investigación conocida como 'Operación Molino' -en clara referencia a la Sierra del Molino, que sufrió un gravísimo incendio por la acción de los supuestos ladrones de material eléctrico-, sostuvo en su día que se trataba del mayor golpe asestado en la Región a las redes de tráfico ilegal de cobre. Los datos difundidos en aquel momento hablaban de metales adquiridos a más de un centenar de personas con antecedentes por robos y de la transacción de más de 160 toneladas de cobre solo a lo largo del año 2010. El material acababa en manos de grandes fundiciones y, seguidamente, se transportaba en barcos mercantes a países como China e India para su venta.

Reiterados recursos

La defensa de los dueños de la chatarrería, asumida por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, insistió desde un primer momento en que no había caso. Mediante la interposición de reiterados recursos, algunos incluso ante el Tribunal Supremo, se dedicó a minar la causa sosteniendo que el registro ordenado en las instalaciones de Cabezo de Torres vulneraba derechos fundamentales de sus clientes y, por tanto, que cualquier prueba obtenida de la incautación de documentos y ordenadores eran nulas. Igualmente sostuvo que no existía el menor indicio sobre una posible falsedad documental y puso de relieve que todas las adquisiciones de cobre se habían registrado formalmente, lo que en absoluto casaba con la idea de una supuesta receptación de material robado.

Tampoco existía constancia en la causa de que las presuntas sustracciones de cobre se hubieran traducido en sentencias firmes contra los autores. Pero el golpe definitivo a esas diligencias es el informe que la Agencia Tributaria emitió semanas atrás, en el que señalaba que tampoco se habían obtenido datos para sostener que desde la chatarrería se había cometido un fraude fiscal.

Con pocas líneas más de lo que ocupa un epitafio, la juez ha dado sepultura al caso.

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