El juez de 'Topillo' reprocha el «negacionismo» de Cerdá con el daño de los nitratos agrícolas

Esta es una de las principales conclusiones que el magistrado Ángel Garrote, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, recoge en el auto por el que ordena que las diligencias del 'caso Topillo' emprendan la senda del juicio oral con Antonio Cerdá como principal acusado. «Existen en la causa indicios de que esta omisión –de controles– pudo ser deliberada», sostiene el instructor, que insiste en que al entonces consejero de Agricultura, «aparentemente, no le preocupaba la posible afectación de los nitratos de origen agrícola al estado del Mar Menor» y al que, seguidamente, reprocha que llegara a asegurar que la laguna «está mejor que nunca y se pesca en ella más que nunca», cuando algunos informes apuntaban ya muy seriamente a que ese espacio natural se encontraba herido de muerte.

En su propia declaración judicial como investigado en 2018, Cerdá volvió a dar muestras de ese «aparente negacionismo» al asegurar que «no me consta ninguna publicación científica contrastable de que los nitratos sean la causa del estado del Mar Menor». Y cuando se le interrogó acerca de cuál era el departamento de su consejería con competencias para controlar el uso correcto de los nitratos en el entorno de la albufera, simplemente fue incapaz de ofrecer una respuesta.

«Ninguna dirección general tuvo asignada esa competencia con carácter expreso hasta que, en 2017, se puso remedio a esa grave anomalía», constata el magistrado Garrote. Con lo cual, «conforme a esta política de inspecciones –prácticamente inexistentes–, quedaban completamente fuera de todo control los agricultores o empresas», salvo que hubieran solicitado y obtenido ayudas de la PAC (Política Agraria Común), ya que ello obligaba a revisar un pequeño porcentaje de explotaciones.

El instructor califica de «llamativo» que la única acta hallada de la Comisión de Seguimiento del uso de nitratos contenga afirmaciones que, en su opinión, confirman la política «negacionista» que imperó en los tiempos de Cerdá. Así, en ese órgano, reunido en abril de 2012, se rechazaba el resultado de los análisis realizados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que, por las altas concentraciones de nitratos descubiertas, determinaron que el entorno del Mar Menor fuera calificado como zona vulnerable. Se aseguraba, además, que debían existir «otros factores, distintos a causas agrarias y a la aplicación de fertilizantes en los cultivos», para explicar la degradación de la laguna. Y, finalmente, el secretario de la reunión daba una clave que podría explicar ese rechazo a asumir las tesis científicas cuando, analizando una información de LA VERDAD en la que ya se advertía sobre los efectos perniciosos de los nitratos, dejaba patente su alarma «por la importancia y repercusión que podría tener (ese problema), tanto para las autoridades comunitarias como para la Comisión y los ciudadanos europeos, en relación con el consumo de las producciones agrícolas».

Una frase que parece apuntar, claramente, a que se estaba tratando de evitar que la vinculación de los nitratos agrícolas con la degradación del Mar Menor pudiera dañar gravemente la economía del sector en Europa.

Esta presunta posición omisiva de sus responsabilidades es la que ha provocado el procesamiento de Cerdá por supuesta prevaricación, al igual que ha ocurrido con quienes fueron la presidenta de la CHS, Rosario Quesada, y el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, ambos del PSOE. En el caso de este organismo de cuenca, el magistrado instructor aprecia la misma aparente voluntad de no perseguir presuntas actuaciones irregulares en las explotaciones agrícolas. Según todos los indicios, Quesada y Aldeguer, al igual que el también expresidente de la CHS José Salvador Sánchez Zorita, «tuvieron conocimiento de la existencia y funcionamiento de instalaciones de desalación ilegales y, pese a ello, omitieron las inspecciones que debieron promover para sancionar, en su caso, las conductas contrarias a la Ley de Aguas o al Reglamento del Dominio Público Hidráulico». Y, si Fuentes Zorita no sigue a sus dos excompañeros hasta la sala de vistas, es solo porque durante su mandato no existía todavía el delito de prevaricación por omisión, tal y como deja constancia el juez.

«La actitud permisiva de los órganos directivos de la CHS con respecto a la actividad ilegal de desalobración facilitó y motivó que una multiplicidad de agricultores y empresas agrícolas ubicadas en el Campo de Cartagena utilizaran máquinas desaladoras careciendo de cualquier tipo de autorización o control para el vertido de la salmuera resultante del proceso. En muchos de los casos, la extracción se realizó desde pozos clandestinos, no autorizados, y careciendo a su vez de contador o elementos de control que permitiesen racionalizar su uso», argumenta para acabar procesando igualmente a los dos antiguos responsables de la CHS.