Un juez multa con 1.000 euros a un perito por llevar 4 años sin presentar un informe

La resolución, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', acaba de ser dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Javier, Alberto García Macé, contra el perito F.F.G., que fue designado por ese mismo órgano judicial el 15 de diciembre de 2014 para emitir un dictamen sobre las participaciones que una mujer, con un pleito en curso, tenía en una determinada sociedad. Esa responsabilidad fue aceptada por el especialista el 4 de febrero de 2015.

Sin embargo, después de transcurrido un año y medio sin que el informe estuviera presentado, el juzgado dictó una providencia en agosto de 2016 para instarle a dar satisfacción al encargo. Algo que se volvió a hacer casi un año después, el 18 de julio de 2017, mediante Diligencia de Ordenación, y con una nueva providencia de fecha 29 de septiembre.

Los tres requerimientos seguían sin ser atendidos el pasado mes de julio, lo que llevó al juez a dictar una providencia más, aunque esta en un tono conminatorio. Así, se le daba «el plazo improrrogable» de un mes para que el dictamen estuviera presentado y se le advertía de que, en el caso de incumplirlo, se enfrentaría a una multa de 200 a 5.000 euros y a una posible acusación de delitos contra la Administración de Justicia.

Pues bien, ni siquiera el tono de la resolución judicial sirvió para que el experto designado por el juzgado, F.F.G., cumpliera con su obligación, lo que ha llevado ahora al magistrado a tomar medidas contundentes.

Además de imponerle una sanción de 1.000 euros, una cuantía que el propio juez considera «moderada» en virtud del incumplimiento cometido, ordena que se deduzca testimonio y se envíe este asunto al juzgado decano de san Javier, con el fin de que se estudie la apertura de diligencias por presuntos delitos de obstrucción a la Justicia y desobediencia.

El magistrado razona que «su actitud incumplidora, obstructiva y la falta de colaboración con la Justicia ha provocado una dilación indebida en el procedimiento, con manifiesto perjuicio para las partes y para el propio juzgado». Y todo ello, «sin que exista causa legal alguna que justifique la acción de este perito».