El juez investigará por qué Cerdá no presentó en quince años el PORN del Mar Menor

Ángel Garrote, el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, está interesado en conocer las razones por las cuales quien fue consejero de Agricultura durante casi dos décadas, Antonio Cerdá, no presentó a lo largo de casi quince años el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, en el que se contemplaban una serie de actuaciones que podrían haber paliado, o contribuido a evitar, la grave degradación ambiental de la laguna.

Así lo afirma en un auto por el que viene a revocar íntegramente la resolución dictada en su día por quien fue su antecesora, la magistrada Miriam Marín, quien decidió trocear por completo el denominado 'caso Topillo': unas diligencias para establecer la presunta responsabilidad penal de antiguos altos cargos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; otras para determinar si altos responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) pudieron cometer delitos por acción u omisión; y otras 27 pequeñas causas para analizar la actuación de otros tantos agricultores y directivos de grandes firmas agrarias, que presuntamente realizaron vertidos ilegales de salmuera y nitratos que acabaron en el Mar Menor.

La juez Marín archivó igualmente todo lo referido a la deficiente gestión de altos responsables de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, quienes para la Fiscalía eran sospechosos de inacción por no haber impulsado supuestamente los instrumentos de planificación que hubieran podido impedir la contaminación de ese ecosistema. En contra de la opinión del acusador público, la entonces instructora consideró el pasado febrero que sí se adoptaron algunas decisiones en esa línea e incluso llegó a citar el reinicio del PORN del Mar Menor en el año 2003. Esta mención fue muy criticada desde la Fiscalía y el ámbito de las acusaciones particulares, toda vez que la decisión de reabrir ese proyecto se hizo con la presunta finalidad de favorecer ilegalmente el proyecto urbanístico Novo Carthago, razón por la cual Cerdá está procesado en la causa que lleva ese nombre.

Las decisiones de la anterior instructora fueron recurridas por el fiscal Miguel de Mata y por el abogado de Ecologistas en Acción, Ginés Ruiz Maciá, y el nuevo coordinador del 'caso Topillo' les ha otorgado íntegramente la razón. Coincidiendo con ellos, señala en su auto que es preciso investigar por qué la Consejería presidida entonces por Antonio Cerdá no aprobó los obligados instrumentos de planificación y gestión para evitar la degradación de la laguna. Y señala expresamente el PORN del Mar Menor, sobre el que recuerda que, aunque fue reabierto en 2003, «no se llegó a producir su aprobación definitiva, siendo el consejero quien tenía la obligación de remitir al Consejo de Gobierno el plan de ordenación definitivo. De ese modo se hace preciso indagar en las causas que provocaron que durante casi quince años no se llegara a elevar un plan definitivo al Consejo de Gobierno (...), por entender que esa conducta podría ser constitutiva de un delito de prevaricación por omisión».

El magistrado también cree, al igual que el Ministerio Público y la acusación privada, que despiezar la causa «puede impedir una correcta investigación, calificación y, en su caso, enjuiciamiento de las conductas que se imputan a los investigados». De ahí que vuelva a asumir la competencia íntegra de las actuaciones y omisiones que se produjeron en la Consejería, en la CHS y por parte de los 27 agricultores señalados.

Otra de las decisiones consiste en anular la petición que la juez Marín hizo a la Abogacía del Estado y a la Intervención General del Estado para que informaran acerca de si la CHS había actuado conforme a la legalidad, pues considera el magistrado Garrote que estos órganos no son los más adecuados para analizar ese extremo. Sobre todo en el caso de la Abogacía del Estado, por la «evidente vinculación de la CHS con la Administración del Estado».

En otras dos resoluciones, el instructor archiva los cargos respecto de dos funcionarios de la CHS, José Manuel Enrique Ruiz Sánchez y Blas Mirete Mompeán, por estimar que no tuvieron responsabilidad alguna en los hechos investigados.