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Instalaciones de la desaladora de Escombreras. A. Gil/ AGM
Otro juez investiga al presunto cerebro jurídico de la desaladora por falsedad

Otro juez investiga al presunto cerebro jurídico de la desaladora por falsedad

El abogado Andrés Arnaldos fue denunciado por la Fiscalía por la presunta manipulación de un acta de Desaladora de Escombreras

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Sábado, 24 de marzo 2018, 04:02

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Andrés Arnaldos, el abogado y asesor de la Administración regional de quien se sospecha que pudo tener una intervención crucial en la presunta trama delictiva montada en torno a la desaladora de Escombreras, no parece que vaya a renunciar a cobrar por sus servicios profesionales a la Comunidad, por muchas sombras que se puedan cernir sobre su particular actuación en ese asunto. Aunque ahora mismo esté señalado judicialmente como presunto participante en algunas decisiones gravemente lesivas para las arcas públicas, como las que se adoptaron desde el Ente Público del Agua (EPA) y las empresas Hidronostrum y Desaladora de Escombreras -de cuyos consejos de administración formaba parte- y que acabaron suponiendo la obligación de abonar 600 millones de euros en 25 años, Arnaldos le ha pasado muy recientemente a la Comunidad una factura de más de 1,4 millones.

Según ha podido confirmar 'La Verdad' de fuentes oficiales, el pasado 30 de enero la compañía Desaladora de Escombreras SAU tuvo conocimiento de que este letrado le había jurado las cuentas, con un montante principal de 1.089.208 euros y unos intereses de 326.762 euros. Esta minuta responde al aparente encargo que el letrado habría recibido para defender a la Administración regional frente a la demanda que interpuso Hidromanagement por impagos de los compromisos adquiridos por la explotación de la planta desalobradora.

Ya en el año 2014, los responsables de la mercantil pública Desaladora de Escombreras, de la que el propio Arnaldos era administrador mancomunado, provisionaron 1,4 millones de euros para las minutas que -de perderse el pleito, como acabó ocurriendo- podrían tener que abonarse a los abogados y procuradores, tanto de la parte demandante como de la demandada.

Sin embargo, la Administración regional, siguiendo un dictamen de sus servicios internos, rechazó que se abonaran a Andrés Arnaldos las cantidades que reclamaba.

El asunto se complicó todavía más para el abogado y asesor cuando la propia Comunidad Autónoma detectó meses atrás que un acta oficial, levantada tras una reunión del consejo de administración de Desaladora de Escombreras, y que Arnaldos esgrimía para justificar su designación como defensor frente a la demanda de Hidromanagement, podría haber sido falsificada. En concreto, en el documento aparecían varios párrafos en los que se le encomendaba ese trabajo de representación legal, mientras que en el acta oficial que se guarda en los archivos de la compañía no existía nada de ello. La Fiscalía fue informada de estos hechos, lo que dio origen a una denuncia por falsedad contra Arnaldos y otras personas, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia.

Pendientes de la resolución

Las fuentes de la Administración autonómica consultadas por este periódico confirmaron que la jura de cuentas recientemente presentada por el abogado, por importe total de 1,4 millones, ha vuelto a ser rechazada. El argumento es que existe un procedimiento judicial abierto contra Andrés Arnaldos y que, de llegar a confirmarse que existió falsedad, el aparente encargo que recibió para asumir esa defensa se demostraría ilícito. Con lo cual, no habría que abonarle cuantía alguna.

«Una vez practicadas las alegaciones, se está pendiente de resolución judicial para determinar la aceptación de la prejudicialidad penal y, por tanto, de la suspensión del procedimiento de ejecución de los honorarios de Andrés Arnaldos. En todo caso, se deberá estar a lo que se resuelva en la vía penal», señalaron.

En este abogado se da la circunstancia de que, presuntamente, ha estado inmerso en buena parte del proceso para la construcción de la desalinizadora de Escombreras, incluso cuando varias empresas privadas -pertenecientes al Grupo ACS- iniciaron los trámites para llevar adelante el proyecto.

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