Un juez investiga una liposucción ilegal que casi le cuesta la vida a una paciente

Estos hechos, someramente relatados, han motivado la apertura de unas diligencias por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Raquel Lacunza, al objeto de depurar posibles responsabilidades penales cometidas en torno a la liposucción a la que fue sometida esa mujer. La investigación judicial está más que justificada si se tiene en cuenta que la cirujana venezolana que lideró la intervención no tiene autorización para trabajar en España, como tampoco la pretendida enfermera que la asistió en esta tarea y que no es otra que su propia hija.

El asunto resulta todavía más grave si se tiene en cuenta que la clínica privada en la que se efectuó la operación, Instituto de Rejuvenecimiento y Estética-Lipoescultor SLU, con sede en la Gran Vía Salzillo de Murcia, tampoco disponía de autorización para intervenciones con anestesia general, como parece que fue el caso, y que la paciente fue operada en una simple sala de curas y no en un quirófano.

Las diligencias penales tienen su punto de partida el día 17 de diciembre pasado, cuando una vecina de Caravaca de la Cruz se desplazó hasta Murcia para someterse a una liposucción en ambas piernas, como había contratado previamente, por el precio de unos 2.500 euros, con la mencionada clínica de tratamiento estético.

En la intervención participaron un anestesista -cuya titulación y cualificación profesional están ya perfectamente acreditadas-, una supuesta cirujana de nacionalidad venezolana y una aparente enfermera, que más tarde se comprobó que era su propia hija. Una vez concluida la operación, en apariencia sin complicaciones reseñables, la paciente retorno a su domicilio para restablecerse.

Los problemas comenzaron horas más tarde, cuando la mujer comenzó a sufrir fuertes dolores en las piernas, que la obligaron a desplazarse hasta el servicio de Urgencias del hospital de Caravaca de la Cruz, y dos días más tarde, cuando su salud se agravó súbitamente, tuvo que ser trasladada urgentemente al Morales Meseguer de Murcia ya en estado crítico. En el centro sanitario se le diagnosticó una sepsis -una infección generalizada de su organismo, provocada por el streptococo pyogenes- y un fallo multiorgánico -renal, hepático y hemodinámico-, que obligó a operarla con la mayor premura para tratar de salvarle la vida. En el mismo quirófano sufrió dos paradas cardíacas, de las que los especialistas lograron sacarla con gran esfuerzo.

Ya de vuelta a la UCI, en la que permaneció casi un mes en estado de coma, los médicos consideraron que las posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas, por lo que llegaron a pedir a sus familiares que estuvieran preparados para lo peor y se despidieran de ella. Sin embargo, después de múltiples curas y otros siete pasos por el quirófano, la mujer logró salir adelante y hoy puede contarlo, pese a las graves secuelas que arrastra, tanto físicas como psicológicas.

La denuncia presentada por la familia de esta paciente, ya en las primeras horas desde el ingreso en la UCI, puso en marcha una intensa investigación por parte de la Jefatura Superior de Policía que desveló múltiples irregularidades. Para empezar, la cirujana venezolana, Erika Yanet C. R., de 47 años, quien presuntamente habría cursado estudios médicos en su país natal, no disponía de acreditación en España para ejercer la medicina o la cirugía, ya que su título no está homologado. Por lo que respecta a su hija, Franyérika Andreína A.C., quien en apariencia ejerció como enfermera en la intervención, todo apunta a que ni siquiera cuenta con formación alguna en esta materia.

Esta circunstancia motivó que la propia dueña de la clínica Lipoescultor presentara una denuncia contra la cirujana, por presunta estafa, aduciendo que le había pedido la acreditación en múltiples ocasiones y que esta siempre le había ofrecido alguna excusa para no entregársela.

Pero las responsabilidades que se puedan deducir de esta intervención podrían ir más allá del hecho de que la practicara una persona sin autorización oficial, pues la Inspección Médica de la Consejería de Salud ha constatado que tampoco la clínica estaba acreditada para realizar operaciones con anestesia general, como fue el caso. Solo contaba con permiso para cirugía menor ambulatoria y ni siquiera disponía de quirófano, sino de una mera sala de curas.

En tales circunstancias, la Consejería dictó una resolución suspendiendo incluso la autorización para la cirugía ambulatoria y recordando la prohibición ya existente de realizar cualquier otra intervención de mayor entidad.

La cirujana y la pretendida enfermera fueron detenidas por la Policía por presuntos delitos de intrusismo y lesiones por imprudencia grave. Ambas se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad con cargos.