Un juez investiga a la exconsejera Cachá por la tubería de la Marina del Carmolí

Imagen de archivo de Adela Martínez-Cachá durante una visita al Mar Menor para comprobar su estado cuando era consejera de Agricultura. /Pablo Sánchez/ aGM
Imagen de archivo de Adela Martínez-Cachá durante una visita al Mar Menor para comprobar su estado cuando era consejera de Agricultura. / Pablo Sánchez/ aGM

Las obras, destinadas a derivar los vertidos de la Rambla del Albujón al Mar Menor, se habrían hecho sin los informes preceptivos, pese a afectar a zona protegida

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Adela Martínez-Cachá, exconsejera de Agricultura y Medio Ambiente y también de Educación en los últimos gobiernos del PP en la Región, tendrá que comparecer ante el juez, en calidad de investigada, para responder de unas obras hidráulicas que se acometieron de manera supuestamente irregular en 2016 en las inmediaciones del Mar Menor. Martínez-Cachá se convierte así en el segundo antiguo alto cargo imputado en estas diligencias que impulsa el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, en las que ya está encartado el ex director general del Agua, Andrés Martínez Francés.

Fuentes próximas a este asunto explicaron que la decisión acaba de ser adoptada por el magistrado Ángel Garrote, que ha dictado un auto en el que cita a la exconsejera a comparecer en el juzgado en los próximos días, acompañada de un abogado.

Adela Martínez-Cachá desempeñaba el cargo de consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente cuando, en 2016, se impulsó la construcción urgente de una tubería con la que se pretendía derivar hacia Cabo de Palos los vertidos que, procedentes de la rambla del Albujón, estaban entrando a raudales en el Mar Menor y provocaban un proceso de eutrofización que amenazaba la superviviencia de ese ecosistema.

Las obras, que costaron 1,7 millones de euros, llevaban la conducción hasta la red de la Comunidad de Regantes Arco Sur, desde la que los vertidos debía acabar en una desalobradora para ser tratados y liberados de su carga contaminante. Finalmente, serían liberados en el Mediterráneo, a la altura de Cabo de Palos.

La Consejería consideró en su momento que no era necesario realizar evaluaciones de impacto ambiental ni de repercusiones y el proyecto salió adelante con un único informe, redactado por un técnico interino, de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (Oisma). El documento fue redactado en apenas 24 horas desde que se solicitó presuntamente de forma verbal desde la Dirección General del Agua.

Aunque el mencionado técnico permaneció imputado en esta causa durante unos meses, finalmente fue exculpado, ya que la Fiscalía y el propio magistrado Garrote consideraron que, llevado por su inexperiencia, se había limitado a plasmar en su informe las consideraciones transmitidas por sus superiores.

Ahora, el instructor trata de determinar el papel jugado por la antigua consejera en el impulso de ese proyecto, que nunca llegó a ponerse en marcha -a pesar de que las obras se acabaron- porque no se obtuvo el permiso para verter a través de un emisario.

La causa investiga presuntos delitos de prevaricación y también contra el medio ambiente, debido a que los trabajos afectaron al paraje protegido de la Marina del Carmolí. En esta zona, calificada como Red Natura 2000, se encuentran especies protegidas como el fartet.