La jueza da carpetazo a la investigación por las riadas en el Mar Menor

En este auto, dictado este martes, la juez hace suyos la mayoría de argumentos que el fiscal ya puso negro sobre blanco en su escrito. Concluye que, de las diligencias de investigación practicadas, «no se desprenden indicios racionales suficientes contra los investigados».

Estas pesquisas –totalmente independientes del 'caso Topillo', que indaga los supuestos vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena– se iniciaron en marzo de 2016 a raíz de una querella de la Fiscalía contra diecisiete empresas, por la transformación de terrenos rústicos para regadío y por la construcción ilegal de canales de desagüe al Mar Menor. Esas canalizaciones, según la denuncia –previa a los grandes episodios de anoxia sufridos por la laguna–, presentaban indicios de poder ser las causantes de delitos medioambientales, al conducir las aguas de las riadas –especialmente de las ocurridas entre los otoños de 2013 y 2015– a la laguna.

La jueza, al igual que hizo el fiscal, sostiene, sin embargo, que «no siendo controvertida la existencia de esas canalizaciones (...) no se puede atribuir la autoría en su construcción a personas determinadas ». Incide en que los procesados negaron haber intervenido en su realización y que ni los agentes de la Guardia Civil ni los propios afectados -vecinos del camping Villa Caravaning- arrojaron luz sobre su autoría. En este punto, subraya que la autoría «no ha quedado individualizada y no cabe desprender una especie de 'autoría genérica' por el hecho de ser titular o arrendatario de las parcelas».

La jueza, además, concluye en su auto que «ni la tolerancia de la existencia de esas canalizaciones ni la roturación de los terrenos por las mercantiles que los explotan en la forma realizada ha supuesto un riesgo en sí mismo para el medio ambiente ni para la salud de las personas». En este punto, explica que no ha quedado acreditado que ésta fuese «la causa exclusiva y directa de las inundaciones (...) ni de la situación en que desgraciadamente se ha visto envuelto el Mar Menor».

La instructora, no obstante, incide en que «de no haber sido por esta causa no se habrían iniciado las reformas legislativas sobre esta materia ni se habría activado la actuación de los poderes públicos para la adecuada protección del medio ambiente en el Mar Menor». Aprovecha, asimismo, para lanzar un aviso a navegantes: «el hecho de no estimar merecedora de reproche penal las conductas de los investigados no es incompatible con la eventual responsabilidad administrativa o penal que pueda existir en el futuro de no atemperarse a las prescripciones legales y administrativas sobre la materia».

El letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que representa a algunos de los investigados en esta causa, aplaudió la decisión de la juez explicando que ya advirtió de que en este caso lo adecuado era el sobreseimiento. Las partes aún pueden recurrir esta decisión.